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La ida y vuelta de Dolores Delgado a la Fiscalía: ¿qué ocurre si un juez o un fiscal quiere dedicarse a la política?
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La ida y vuelta de Dolores Delgado a la Fiscalía: ¿qué ocurre si un juez o un fiscal quiere dedicarse a la política?

La ley impide a los miembros del poder judicial militar en partidos políticos o sindicatos, aunque recoge fórmulas para que estos profesionales puedan participar en política

Foto | Flickr Moncloa

Dolores Delgado ya no es ministra de Justicia; tampoco es diputada en el Congreso, ha renunciado a su acta; y tampoco es, de momento, Fiscal General del Estado, aunque el Gobierno la ha propuesto para este puesto y el Consejo General del Poder Judicial la ha avalado. El presidente del Ejecutivo aseguró la semana pasada en rueda de prensa que la fiscal Delgado “entró como independiente” en el Consejo de Ministros de la anterior legislatura y ha mantenido su carácter independiente.

No es la primera vez que alguien del mundo de la judicatura o de la Fiscalía entra y sale de política. La actual ministra de Defensa, Margarita Robles, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y Magistrada del Tribunal Supremo; el exministro Juan Ignacio Zoido también fue juez; la diputada de Unidas Podemos Victoria Rosell es magistrada…  

¿Qué dice la ley sobre la independencia de jueces y fiscales?  

Lo primero que encontramos en referencia a esto es el artículo 117 de la Constitución Española, donde puede leerse en el apartado 1 que jueces y magistrados tienen que ser “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. También el artículo 127 habla sobre esto: “Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos”.

Por otro lado, el Estatuto del Ministerio Fiscal explica que las labores de los fiscales son incompatibles con “cualquier cargo de elección popular o designación política del Estado”, como ser ministro o diputado.  

Entonces, ¿qué ocurre si un fiscal quiere participar en política? 

Lo primero que hay que aclarar es que, bajo ningún concepto, ningún juez o fiscal puede ser militante de un partido político o sindicato. El Estatuto por el que se rigen los fiscales recoge en su artículo 59 que los miembros del Ministerio Fiscal no pueden “pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos” y que “tampoco podrán tomar parte en las elecciones legislativas, autonómicas o locales más que para emitir su voto personal”. De hecho, el artículo 62 establece como «falta muy grave» el hecho de que los fiscales estén afiliados a partidos políticos o que desempeñen cargos al servicio de una formación. 

La sinopsis del artículo 127 de la Constitución, que podemos encontrar en la web del Congreso de los Diputados, habla de esto como de un “problema”, porque el paso por el mundo político “podría ensombrecer su labor bajo la sospecha de la parcialidad sus decisiones judiciales”.

Sin embargo, como la actualidad y el pasado político nos han enseñado, mientras no estén en activo sí pueden participar en política, tanto teniendo un cargo público electo, como un puesto de confianza. Eso sí, no pueden estar en activo a la vez que desarrollan esas funciones, de ahí que Delgado pidiese volver a la carrera fiscal la pasada semana tras renunciar a su acta como diputada. 

¿Y si se nombra a un fiscal ministro? 

Nos explican desde el Ministerio Fiscal que pasaría a estar en situación de servicios especiales, condición que se regula tanto en el Estatuto Orgánico del Ministerio, como en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Esto es así desde que en 2011 se reformara la LOPJ y se sustituyera las excedencias voluntarias por la situación de servicios especiales, que tiene mayores ventajas para los jueces, magistrados y fiscales que abandonen por un tiempo su plaza.  

¿Qué tienen que hacer jueces y fiscales si quieren concurrir a unas elecciones? 

Según recoge el artículo 70 de la Constitución, la ley electoral determina las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores. Estas incluyen a los magistrados, jueces y fiscales en activo. Ahí está la clave: si no están en activo sí pueden concurrir en una candidatura electoral, por ello Delgado pudo presentarse a las elecciones generales del 10 de noviembre en la lista por Madrid. 

En la Ley Orgánica del Poder Judicial vemos que existen distintas casuísticas por las que un funcionario de carrera puede pedir estar en situación de servicios especiales, y una de ellas es si son “elegidos para cargos públicos representativos”. 

¿Puede volver a su puesto como juez o fiscal? 

Si se presenta a unas elecciones (locales, municipales, europeas…) y no es elegido, “deberá optar, comunicándolo así al Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de treinta días, por continuar en la situación de excedencia voluntaria o por reingresar en el servicio activo”.

En el caso de que produzca un cese en el cargo o servicio, deberá solicitar el reingreso en el plazo máximo de 10 días a contar desde el cese. 

Si la exministra fuese nombrada Fiscal General del Estado, ¿seguirá en activo como fiscal? 

No, la Ley del Poder Judicial dice en el artículo 351 que si un juez o magistrado pasa a ser Fiscal General del Estado lo hará también en situación de servicios especiales. 

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