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Ingreso Mínimo Vital: lo que piensan los partidos
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Ingreso Mínimo Vital: lo que piensan los partidos

Oxfam Intermón propició un encuentro digital para debatir el IMV entre responsables de política social de PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos

Pablo Blázquez (Save the Children)

“Vine a España desde Colombia por algo que yo llamo diferencia de opinión con el Gobierno. En mi país de origen, es un motivo para migrar”. Lo explicaba este lunes Patricia Torres en un encuentro digital sobre el Ingreso Mínimo Vital organizado por Oxfam Intermón en el que participaban también diputadas de PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Partido Popular.

Patricia, que forma parte de la Asociación de Familias Monomarentales (AMASOL, en Zaragoza) tuvo que dejar su país hace año y medio. Se vino con una de sus dos hijas, la de 13 años, y todavía está “en proceso de regularizar” su situación. De momento, ni siquiera le han concedido el permiso de trabajo: “El pasado 9 de abril tenía que ir a la Policía a que me lo diesen, pero con el estado de alarma, ha quedado en el limbo. Mi situación es de mucha incertidumbre. Una nueva cita podría tardar tranquilamente un año y, mientras, mi permiso de regularización está parado”.

La familia de Patricia constituye uno de los perfiles que más sufren la pobreza. Según un informe publicado en febrero por Save the Children, las familias monomarentales y las familias con progenitores migrantes son dos de los tres tipos de hogares que más sufren la privación material severa —el tercero sería el de familias con hijos y abuelos a cargo—.

Según el documento de la ONG, la tasa de pobreza en estos perfiles es del 72,5% en hogares monomarentales, del 47,2% en familias con hijos y abuelos a cargo, y del 36,7% en familias extranjeras. En total, según calculaba Save the Children a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017 y 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 850.000 hogares afectados por la pobreza.

Imagen: Pablo Blázquez | Save the Children

Ingreso Mínimo Vital para 850.000 hogares

Precisamente a 850.000 hogares pretende llegar el Ingreso Mínimo Vital, una medida que, previsiblemente, aprobará el Gobierno esta última semana de mayo. Milagros Paniagua, secretaria general de Políticas de Inclusión en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, señalaba en el encuentro organizado por Oxfam Intermón que la previsión es “llegar a 850.000 hogares, donde viven en torno a 2,3 millones de personas”; en la mitad de esos 850.000 hogares “hay menores” y “100.000 corresponden a familias monomarentales”, apuntaba la secretaria general.

El coste de esta medida, que “no será temporal, sino permanente”, sería de “3.000 millones de euros”, aseguraba Paniagua. Un dinero que, según la exministra socialista y actual diputada María Luisa Carcedo, también presente en el encuentro digital de Oxfam, “procederá de los Presupuestos Generales del Estado, que transferirá esa cuantía a la Seguridad Social”.

En febrero, Oxfam ya proponía, a raíz de su informe “La hora de rescatar a las personas”, una renta garantizada “para sacar a 4 millones de personas de la pobreza severa”: “Los distintos tipos de rentas pueden estar, por un lado, condicionados o no a los ingresos y a otros requisitos como a participar en actividades de inserción laboral. Nosotros no lo condicionamos a participar en nada, pero sí a un nivel económico”, comentaba a Newtral.es Liliana Marcos, responsable de desigualdad y políticas públicas de Oxfam Intermón.

Este Ingreso Mínimo Vital estaría vinculado, según explicaba Milagros Paniagua, “a las rentas y el patrimonio de los hogares”. “Esta renta variará entre los 461 euros y algo más de 1.000 euros, en 12 pagas”, ha añadido. 

¿Y los migrantes sin papeles?

Franc Cortada, director general de Oxfam Intermón, destacaba en el encuentro que “en principio, el Gobierno incluirá a solicitantes de asilo y víctimas de trata podrán acceder a esta medida”, hecho que calificaba de “positivo”, aunque “seguiría sin incluir a personas en situación administrativa irregular”. “La cobertura se quedaría corta de ambición. En estos hogares también hay niños y niñas que van a crecer en desigualdad solo porque sus padres no tenían papeles”, apuntaba Cortada.

Patricia Torres, de AMASOL, preguntaba: “¿Y yo qué? ¿Y mi núcleo familiar qué? Yo solo quiero un futuro mejor para mis hijas”. Por ello, Franc Cortada recordaba que “es el momento de plantear la regularización extraordinaria de todas estas personas”. Sobre esto, Carcedo señalaba que el de la regularización es “otro debate diferente” y Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del PP, también presente en este encuentro digital, exponía que “no debe producirse”.

Pilar Garrido, secretaria de Políticas Sociales de Unidas Podemos, y Sara Giménez, diputada de Ciudadanos y representante española ante la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa, también participaban en el debate organizado por Oxfam Intermón.

Garrido sí se mostró a favor es una regularización administrativa extraordinaria, así como de iniciar, a través del Ingreso Mínimo Vital, “el camino a la Renta Básica Universal (RBU)”. La propuesta de una RBU ha sido rechazada por Gamarra porque “desincentivaría el empleo”, y Carcedo ha asegurado que ya hay protección social “dirigida a las clases más altas”: “Lo que hace falta es redistribuir”.

Giménez, por su parte, señaló que “será importante cómo se identifique a los potenciales beneficiarios”: “Si es, por ejemplo, a través de la renta de 2019, tenemos que ver qué sucede con aquellas familias en pobreza extrema que no hacen declaración de la renta. Me preocupa a quién vamos a llegar y quién se puede volver a quedar fuera”.

Compatible con tener un empleo

Según Milagros Paniagua, “percibir el Ingreso Mínimo Vital será compatible con las rentas mínimas de las comunidades autónomas”. “Por tanto, el IMV será un suelo, una renta garantizada para todo el territorio, y las rentas mínimas serán complementarias”, añadía la secretaria general de Políticas de Inclusión. Paniagua también señalaba que “la percepción será compatible con el empleo para que no se desincentive la participación en el mercado laboral”

Esta era una de las preocupaciones expuestas por la diputada popular Cuca Gamarra: “La línea principal de trabajo debería ser la del empleo para que esa sea la forma de conseguir una renta. No defendemos el concepto de universalidad porque podría desincentivar la búsqueda activa de empleo. Y aunque es pronto para realizar una valoración en profundidad sin conocer todos los detalles, es importante que este IMV esté vinculado a la búsqueda activa de empleo también”.

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