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Inés Arrimadas: “Sánchez escondió el informe del Ministerio de Exteriores y dejó que siguieran abriendo embajadas [de Cataluña]”
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Inés Arrimadas: “Sánchez escondió el informe del Ministerio de Exteriores y dejó que siguieran abriendo embajadas [de Cataluña]”

La declaración es FALSA. El Gobierno no puede frenar su apertura y ha hecho lo que le permite la ley para impedirlo. Además, el informe de Exteriores fue publicado en noviembre de 2018 y no es vinculante.  

La presidenta de Ciudadanos Cataluña, Inés Arrimadas, intervino en un acto en Alicante en el que habló del papel del Gobierno ante la reapertura de las delegaciones de Cataluña en el exterior. En él, Arrimadas afirmó: “Tenemos un informe del ministerio de Asuntos Exteriores diciendo que no se pueden abrir esas embajadas porque claramente perjudican a los intereses de España y ¿qué hizo Sánchez? Escondió el informe y les dejó que siguieran abriéndolas». Es FALSO, porque el Ejecutivo no puede impedir las aperturas, ya que la opinión del Ministerio de Exteriores no es vinculante, aunque sí es obligatorio que se le consulte (también a los de Hacienda y Política Territorial y Función Pública).

En primer lugar, hay que explicar que todas las comunidades autónomas pueden tener representación en el exterior, aunque en ningún caso se trata de embajadas, sino de delegaciones, tal y como se recoge en la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. En el caso de Cataluña, existe el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), el cual gestiona la proyección internacional de la comunidad autónoma. Andalucía, Canarias, Galicia y otras comunidades también tienen oficinas en el exterior.  

¿Qué tiene que hacer la Generalitat o cualquier comunidad para abrir una nueva delegación en el exterior? Informar de sus intenciones y pedir, según la ley, informes a varios Ministerios, los cuales son preceptivos pero no vinculantes. Es decir, que las comunidades autónomas pueden seguir adelante con sus planes a pesar de que estos informes sean desfavorables. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos meses y a lo que se refería Arrimadas, tal y como nos explica su equipo. De los tres ministerios a los que se les pidió opinión, solo Exteriores publicó, el 8 de noviembre de 2018, un informe desfavorable ante la apertura de delegaciones catalanas en Viena, Tallin, Zagreb, Lisboa, Estocolmo y Beirut. “Su objetivo claro y manifiesto, declarado de modo reiterado por las principales autoridades del Gobierno de la Generalitat, consiste en utilizar estas delegaciones para apoyar fines manifiestamente contrarios a  los principios y objetivos de la política exterior de España”, dice el informe.

El papel del Gobierno

A partir de aquí, ¿qué puede hacer el Ejecutivo? Nada, tan solo vigilar las actividades de dichas delegaciones, que pueden abrirse aún teniendo informes de ministerios en contra. El diputado de Ciudadanos Fernando Maura registró una pregunta en el Congreso en la que se cuestionaba si se estaban supervisando las actividades de las delegaciones de la Generalitat en otros países. La respuesta escrita fue: “El Gobierno, a través del MAUC, está siguiendo con gran atención las actividades de las delegaciones a que se refiere la pregunta con vistas a la eventual adopción de medidas en caso de que se constate que las mismas se extralimitan en las funciones que les corresponden de conformidad con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía”. Exteriores nos confirma que «tanto desde este Ministerio, como desde el Gobierno, se está siguiendo la situación y sus actividades con atención».

Además, el Gobierno insiste en la respuesta a Maura de “la Ley de la Acción y del Servicio Exterior presenta puntos mejorables a efectos de garantizar de manera más eficaz el principio de unidad de la acción exterior del Estado”. También el PP se ha mostrado a favor de reformar la ley que ellos mismos redactaron y aprobaron en 2014.

El Ejecutivo de Sánchez tomó medidas el septiembre pasado cuando la Generalitat no informó de la reapertura de delegaciones (después de su cierre tras la aplicación del artículo 155) en las ciudades de Londres, Roma, Berlín, Ginebra y Washington con suficiente tiempo para que Exteriores llevara a cabo el informe obligatorio. Entonces presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En esta segunda oleada de aperturas, el Govern sí pidió dicho informe, y aunque el ministerio se manifestó en contra de la medida, no es vinculante. Por eso, y porque el Gobierno no podía haber hecho nada para impedir la apertura de esas delegaciones, consideramos la afirmación de Arrimadas FALSA.

Fuentes:

 

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