El pasado 3 de febrero durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro se dirigió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para cuestionar su gestión ante la llegada de inmigrantes a Canarias. Según Gil Lázaro, distintas acciones del ejecutivo suponen “un efecto llamada” de migrantes a España, y como ejemplo de una de ellas, puso que “el Gobierno facilite el acceso al ingreso mínimo vital a esos inmigrantes ilegales”, señaló (a partir del minuto 59:22).
Sin embargo, para ser beneficiario de esta prestación hay que residir legalmente en España un año antes de solicitar esta ayuda o ser una de las excepciones y “no se da ningún IMV a personas que estén en situación de irregularidad administrativa” como confirma el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Newtral.es.
Para acceder al IMV se debe ser residente en España desde un año antes
Entre los requisitos que se exigen para poder acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), además de la situación de vulnerabilidad necesaria, se pide tener residencia legal en España, como se explica en la página oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “Todos los miembros de la unidad familiar que recibe el Ingreso Mínimo Vital deben tener residencia legal en España. Tanto si se trata de un beneficiario individual como de los miembros de una unidad de convivencia, todos deben acreditar residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la solicitud”, como se indica en el artículo 7 del Real Decreto-ley 20/2020 de 29 de mayo, por el que se establece el IMV.
El decreto también contempla algunas excepciones en las que no se exige ese año previo de residencia, pero sí se pide estar regularizado. No se pide un año previo a: “1.º Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. 2.º Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual. 3.º Las mujeres víctimas de violencia de género”. Pero desde el Ministerio de Inclusión son tajantes en que “no se da ningún IMV a personas que estén en situación de irregularidad administrativa”.
El ministro del ramo, José Luis Escrivá, lo ha repetido en varias ocasiones: “Es falso que una persona en situación de irregularidad administrativa puede ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital. Es poco responsable alentar la inmigración irregular difundiendo un bulo de esta naturaleza”, afirmaba el pasado 3 de junio de 2020 en su cuenta de Twitter.
Las personas beneficiarias no solo deben cumplir con los requisitos de acceso a la prestación establecidos en el artículo 7, incluyendo el de vulnerabilidad y residencia, sino que además también deben mantenerlos para conservar la prestación, como se detalla en el artículo 33.
[Estar empadronado no significa tener la residencia, condición para obtener el Ingreso Mínimo Vital]
Así es la residencia temporal para víctimas de trata de seres humanos
Desde el Ministerio de Inclusión apuntan que “en los casos de víctimas de trata, no se da el IMV mientras el Ministerio del Interior no las certifique como tal, trámite que suele tardar” y “en ningún caso puede solicitarlo cualquier persona que lo considere”. “Solo a partir de ese momento podrán solicitar el Ingreso Mínimo Vital ya que para acceder a esa excepción se necesita una certificación como víctima de trata emitida por Interior”, añaden.
Precisamente los dos últimos casos excepcionales del IMV aparecen explicados en la Guía Laboral del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (actualizada en mayo de 2019). En el punto 36.12 se explica el derecho a “residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de extranjeros víctimas de trata de seres humanos”.
“Los extranjeros que se encuentren en situación irregular en España y hayan sido declarados exentos de responsabilidad por tener la consideración de ser víctimas de la trata de seres humanos podrán ser autorizados a residir y trabajar por circunstancias excepcionales por el titular de la Secretaría de Estado de Seguridad o de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, en función de que la motivación resida, respectivamente, en la colaboración de la víctima en la investigación del delito o en su situación personal”, detalla la guía, que explica que mientras se tramita podría tener acceso a “autorización provisional”.
Además, dicha autorización se hace extensiva a los hijos de la víctima si los hubiera y “tendrá vigencia de cinco años e implicará la posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier ocupación, sector de actividad y ámbito territorial”.
‘Trata de seres humanos’ no es lo mismo que ‘inmigración clandestina’
La trata de seres humanos es un “fenómeno muy complejo y los organismos internacionales que investigan y actúan en este ámbito tienen datos fragmentados y estimaciones distintas” apuntan desde Proyecto Esperanza, entidad especializada en víctimas de trata. En esta misma línea, la Policía Nacional, hace hincapié en esa “complejidad que impide que pueda haber una fórmula única y definida para determinar cuándo una persona es víctima de trata”.
Entendemos por trata «la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación” destaca la Policía Nacional. El delito de trata está detallado en el código penal (artículo 177 bis).
Pero la trata de seres humanos puede ser a nivel “nacional o trasnacional y relacionada o no con la delincuencia organizada” como explica el apartado XII de la Ley Orgánica 5/2020 y son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) quienes identifican a las personas víctimas de trata siguiendo el protocolo establecido y tienen campañas para denunciar, detectar y proteger a las víctimas desde todas las perspectivas posibles. Desde la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) advierten que “uno de los mayores desafíos a los que las víctimas de trata se enfrentan es el acceso a los procedimientos de asilo” porque en muchos casos “desconocen su derecho a solicitarlo”.
En cambio, “el delito de inmigración clandestina siempre tendrá carácter transnacional, predominando, en este caso, la defensa de los intereses del Estado en el control de los flujos migratorios” como indica el apartado XII de la Ley Orgánica 5/2010 y se explica en el artículo 313 del código penal para “el que determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante”.
Para hacernos a la idea de las cifras de estas dos realidades complejas y diferentes, en 2019 (dato más reciente), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaron a 1.561 víctimas de explotación y trata de seres humanos, entre nacionales y transnacionales. Ese mismo año, el total de inmigrantes irregulares llegados a España por vía marítima y terrestre desde el 1 de enero al 31 de diciembre fue de 32.449 según los informes que publica el Ministerio de Interior.
Así es la residencia temporal para víctimas de violencia de género
En el punto 36.10 de la misma guía laboral se habla de la otra excepción del Ingreso Mínimo Vital. Informa de la concesión de “residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género”. Se establece que “desde el momento en que se haya dictado una orden de protección a favor de una mujer extranjera en situación de irregularidad en España o emitido informe del Ministerio Fiscal en el que se indique la existencia de indicios de violencia de género, la mujer extranjera podrá solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. Dicha autorización no se resolverá hasta que concluya el procedimiento penal”.
También se dispone que “sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para otorgar la autorización por circunstancias excepcionales concederá una autorización provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su caso, las autorizaciones de residencia provisionales a favor de sus hijos menores de edad o con discapacidad, o de residencia y trabajo si fueran mayores de 16 años, previstas en el párrafo anterior, que se encuentren en España en el momento de la denuncia. Las autorizaciones provisionales eventualmente concedidas concluirán en el momento en que se concedan o denieguen definitivamente las autorizaciones por circunstancias excepcionales”.
Vox no votó en contra del Ingreso Mínimo Vital
El pasado 10 de junio de 2020 se convalidó en el Congreso de los Diputados el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, tramitado como proyecto de ley. No hubo ni un solo voto en contra. Salió adelante con 297 votos a favor y 52 abstenciones correspondientes a los diputados de Vox.
Desde Newtral.es nos hemos puesto en contacto con el gabinete de comunicación de Vox, pero en el momento de publicar esta información no hemos tenido respuesta.
Resumen
Tras analizar en detalle los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital y confirmar con el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que “no se da ningún IMV a personas que estén en situación de irregularidad administrativa” consideramos que la afirmación del diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro asegurando que “es un efecto llamada que (…) el Gobierno facilite el acceso al IMV a los inmigrantes ilegales» es falsa.
