El gobierno ha cumplido su amenaza contra el veto parental. El ministerio de Educación ha planteado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra la medida estrella de Vox en la región de Murcia este martes. Lo ha hecho después de que la ministra de Educación, Isabel Celáa, advirtiera de que se cumplía el plazo de un mes dado para que lo desactivaran tras el requerimiento enviado por el Gobierno central.
El denominado como “pin parental” por la formación de ultraderecha podría quedar desactivado en menos de un mes si el tribunal decreta, como medida cautelar, la suspensión de la norma. Según informan fuentes del ministerio de Educación, el Gobierno ha solicitado, “con carácter de urgencia” la suspensión de las instrucciones que dieron vida al pin parental.
La Justicia estudia la medida cautelar solicitada por el Gobierno en una pieza separada al recurso. Admitida a trámite la solicitud de la suspensión del veto parental como medida cautelar, la consejería de Educación de Murcia tiene un plazo de menos de diez días para responder. Recibida la contestación, el incidente cautelar será resuelto por auto de la Sala de lo Contencioso dentro de los cinco días siguientes, explican fuentes jurídicas.
La instrucción murciana
La Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia dio instrucciones en septiembre a los centros educativos de la comunidad autónoma para aplicar el “veto parental” y que todas aquellas actividades, dentro o fuera del currículo educativo, que fueran impartidas por personas ajenas al claustro fueran comunicadas a las familias y así manifestar si estaban disconformes con la asistencia de sus hijos.
El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, reiteró este lunes por la mañana que el Gobierno murciano no retiraría el permiso parental a menos que así lo exija una instancia judicial y ha dicho que tienen la “tranquilidad” de contar con avales jurídicos y de inspección para esa medida. Lo hizo un día antes de que se cumpliera un mes del requerimiento que el ministerio de Educación envió a Murcia solicitando que lo retirara.
«Aún tienen 24 horas para reponer la legalidad. De no ser así, mañana mismo plantearemos un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia», señaló la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, en Al Rojo Vivo ante la posibilidad de que la consejería de Educación murciana se echara atrás. Algo que no ha ocurrido.
«No lo vamos a hacer porque lo dice un gobierno que no cree en lo que nosotros creemos, como es la libertad de los padres y madres», aseguró el pasado viernes el presidente de Murcia, Fernando López Miras, precisando que solo retirará el ‘pin parental’ si así lo determinan las instancias judiciales.
El artículo 130 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa establece que, previa valoración de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse “únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso”.
Y en su apartado segundo añade que “podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero”.
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