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El fiscal italiano cree que las autoridades públicas del país cometieron un delito al rechazar el desembarco del Open Arms
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El fiscal italiano cree que las autoridades públicas del país cometieron un delito al rechazar el desembarco del Open Arms

Se apoya en el artículo 328.1 del Código Penal italiano, que castiga con penas de prisión de seis meses a dos años al funcionario

Fueron 19 largos días sin poder desembarcar. El Open Arms llegó a tener a bordo a 134 personas migrantes a la espera de poder atracar en un puerto seguro, aunque al final quedaron 84. Consiguieron pisar tierra firme, pero en una situación “gravemente crítica” y a pesar del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, que rechazaba una y otra vez su atraco en Lampedusa. Fue gracias a una orden de un fiscal que visitó el barco con un equipo médico.

El fiscal de Agrigento (Sicilia), Luigi Patronaggio, en el decreto por el que ordenó dicho desembarco y también el embargo del buque de la ONG -y al que ha tenido acceso Newtral-, explica que existen “suficientes indicios de delito” referidos al artículo 328.1 del Código Penal italiano, que castiga con penas de seis meses a dos años de prisión “al funcionario público o la persona a cargo de un servicio público que rechaza indebidamente un acto de su oficina que, por razones de justicia o seguridad pública, orden público o higiene y salud, debe completarse sin demora”.

Concretamente, Patronaggio intenta verificar si “la situación de emergencia” que se vivía a bordo del Open Arms se debió al “rechazo realizado por las autoridades competentes” de revertir la situación “por razones de higiene y sanidad”. Cuando el fiscal realizó la inspección del barco “confirmó” que las personas a bordo estaban en una situación “gravemente crítica” que obligaba “a realizar intervenciones urgentes para evitar el agravamiento del peligro y para salvaguardar la integridad de los propios migrantes, de la tripulación y de todos los trabajadores”.

Las autoridades italianas “conocían la situación de emergencia”

El fiscal argumenta en su escrito que las autoridades públicas italianas eran plenamente conscientes “de su comportamiento omisivo” a la hora de actuar para frenar “la situación de emergencia a bordo del Open Arms”. Y recuerda que ésta “llevó a diversos emigrantes a lanzarse al mar, poniendo en riesgo su integridad física y la de los trabajadores”. Esta situación “era bien conocida por parte de las autoridades públicas y deberían haber activado los procedimientos dirigidos a interrumpir tal situación crítica”, asevera el fiscal.

Patronaggio esgrime que dicha “inactividad del oficial público” implica un rechazo consciente del acto de socorro puesto que, “según la jurisprudencia más reciente”, no solamente se debe actuar frente “a una solicitud” sino también “cuando subsista una urgencia sustancial”.

Recalca en ese sentido que, sin duda, se daban “las condiciones de urgencia” necesarias para que las autoridades nacionales activaran “los mecanismos obligatorios” para solucionarlas.

Un ejemplo concreto es que la falta de asignación de un puerto seguro al Open Arms por parte de las autoridades italianas, incluso después de la orden del Tribunal Administrativo Regional del Lazio que autorizaba su entrada en aguas italianas, “desencadenó un estado de desesperación en las personas que llevaban varios días a bordo que determinó situaciones sanitarias muy críticas (en el plano físico o psíquico)”.

La obligación de salvar vidas en el mar

Respecto al debate generado sobre cómo actuar para socorrer a las personas migrantes que se encuentran en peligro en el mar y a la vez luchar contra la inmigración ilegal, el fiscal de Agrigento recuerda que lo primer es una obligación que supera a cualquier otra circunstancia. “La obligación de salvar vida en el mar constituye un deber de los Estados”que es incluso “superior a las normas y a los acuerdos bilaterales dirigidos a la lucha contra la inmigración irregular”, escribe.

 “La obligación de salvar vidas en el mar es un deber de los Estados superior a la lucha contra la inmigración irregular”

Patronaggio pone de ejemplo el primer párrafo del artículo 98 de la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar de 1982 (UNCLOS -United Nations Convention of the Law of the Sea), que establece que “todo Estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón que, siempre que pueda hacerlo sin grave peligro para su buque, tripulación o pasajeros, preste auxilio a toda personas que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar”.

Este concepto de “obligación de colaboración para el socorro en el mar” se encuentra también en otros tratados internacionales plenamente vigentes y obligatorios para los Estados firmantes como el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar “SOLAS”, de 1974 o el Convenio internacional de Hamburgo sobre búsqueda y salvamento marítimos “SAR” de 1979.

El fiscal recuerda que Italia suscribió este último y que, en su punto 2.1.10, obliga a los Estados firmantes a “garantizar que se preste la asistencia a cada persona que esté en peligro en el mar (…) sin distinción relativa a la nacionalidad o al estatus de la persona, ni a las circunstancias en las cuales la persona es encontrada”.

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