“Es el fin del aborto legal en Polonia”. Así califica Agata Ignaciuk, investigadora en la Universidad de Granada sobre salud y derechos reproductivos (especialmente en España y Polonia), la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del país que considera que abortar en caso de malformación fetal es anticonstitucional.
En conversación con Newtral.es, Ignaciuk señala que la decisión judicial obedece a “un proceso de desmantelamiento del acceso a la interrupción del embarazo en Polonia iniciado a principios de los 90, durante la transición tras el periodo comunista”. Antes de la decisión del Tribunal Constitucional polaco, el país ya tenía una de las legislaciones sobre el aborto más restrictivas de la Unión Europea, permitiendo interrumpir un embarazo de manera voluntaria tan solo en tres supuestos: violación o incesto, riesgo para la salud física o psíquica de la gestante y malformación del feto —los mismos supuestos que había en España antes de la ley de 2010, una norma que en nuestro país permite abortar sin condiciones en las primeras 14 semanas de embarazo—.
La sentencia del TC polaco viene a darle la razón a los parlamentarios del partido de extrema derecha Ley y Justicia (PiS por sus siglas en polaco) —el partido que lidera una coalición en el Gobierno con mayoría absoluta—, quienes interpusieron hace tres años un recurso de inconstitucionalidad sobre la norma que regulaba el aborto, vigente desde 1993. Fue ese año cuando “se aprobó una nueva regulación del aborto en connivencia con la Iglesia”, apunta a Newtral.es Aleksandra Sojka, investigadora sobre política europea en la Universidad Carlos III de Madrid. “El papel de la Iglesia fue muy importante como elemento de oposición anticomunista, así que en la transición utilizó ese poder para meter su agenda ideológica”, añade Sojka.
Así ha evolucionado el acceso al aborto en Polonia
La ley de 1993 eliminó el motivo socioeconómico como uno de los supuestos bajo los que, hasta entonces, se podía realizar un aborto legal. “Este supuesto hizo una breve reaparición en 1996 bajo el mandato socialdemócrata pero un año después, fue considerado inconstitucional por el Tribunal Constitucional polaco por no garantizar la protección suficiente al feto”, apunta Agata Ignaciuk.
Este supuesto, el socioeconómico era, junto con el de violación o incesto y el de riesgo para la salud de la gestante, uno de los que regían en Polonia bajo la etapa comunista del país, tal y como explica Ignaciuk: “No se contemplaba entonces el supuesto de malformación fetal, el que se acaba de declarar inconstitucional, porque no existía la tecnología para detectar estos problemas. Pero el socioeconómico era, de facto, el que permitía a las mujeres abortar libremente”.
Según esta investigadora de la Universidad de Granada, “en 1956, el Gobierno considera que hay que legalizar el aborto”: “No por una cuestión de derechos reproductivos, sino por una política natalista”, añade. Operaban, entonces, dos razonamientos: “Por un lado, en los años 50 se pretende disminuir la natalidad, pero no había muchos métodos anticonceptivos. Existían algunos, pero el acceso no tenía un gran alcance. Por otro lado, se piensa también en proteger la salud de las mujeres en dos sentidos: primero, porque el aborto clandestino, al no hacerse con garantías, podía mermar la capacidad reproductora de las mujeres, y esta se quería preservar; por otro, en estos abortos ilegales la mujer podía morir, por lo que la familia se quedaba sin ella. Por tanto, el aborto era mucho más accesible en Polonia que ahora pero no por una visión feminista, sino por proteccionismo”.
Así, aunque el aborto era más accesible durante el comunismo, Agata Ignaciuk recuerda que “no se entendía como un derecho, sino como un fracaso”: “Se vinculaba con la esterilidad, con que las mujeres que abortaban luego no podían ser madres. Y aunque en un principio se quería implementar un control de natalidad, se quería preservar la fertilidad a futuro”.
El proceso de desmantelamiento comienza, entonces, en 1993, con la eliminación del supuesto socioeconómico, que en la práctica era al que se acogían la mayoría de mujeres para interrumpir su embarazo de manera voluntaria. Tras esta reforma, la mayoría de abortos se producían bajo el supuesto de malformación fetal: “En 2019, del total de 1.100 abortos que se llevaron a cabo en el país, 1.074, es decir, el 98%, se hicieron bajo el motivo de malformación fetal”, asegura a Newtral.es la abogada polaca Marta Górczyńska, especializada en derechos humanos.
“Muchas mujeres no pueden acogerse a ninguno de estos tres supuestos, por lo que viajan al extranjero para poder abortar”, señala en conversación con Newtral.es Karolina Więckiewicz, abogada y una de las componentes del grupo feminista polaco Aborcyjny Dream Team. “Viajan principalmente a Eslovaquia, pero también al Reino Unido, a Países Bajos y a Alemania. Nosotras proveemos ayuda (legal e informativa) a quienes quieren abortar fuera de nuestras fronteras”, apunta Więckiewicz.
Esta abogada señala que la decisión del TC es un “claro retroceso” en un momento en el que en Polonia se cuestionan también otros derechos fundamentales: “El Gobierno está tramitando su salida del Convenio de Estambul [una norma europea sobre la lucha contra la violencia de género] y antes de la pandemia estaba tramitando una ley para eliminar la educación sexual y LGTBI de las aulas”.
[La ultraderecha en Europa y el veto parental: ¿existe en otros países?]
Desde que se hizo pública la decisión del TC, el pasado 22 de octubre, las protestas feministas en Polonia no han cesado a pesar de las restricciones por la pandemia: “Desde ese día, salimos a la calle no solo para exigir que se mantenga el supuesto de malformación fetal, sino un aborto más accesible y seguro, así como educación sexual en las aulas, la separación del Estado y la Iglesia y la independencia del poder judicial”, relata la abogada Marta Górczyńska. “Cuando comenzaron las manifestaciones, Jarosław Kaczyński [líder de Ley y Justicia] hizo un llamamiento para que los simpatizantes de su partido defendiesen las iglesias y la patria. Eso solo provocó que convocásemos una huelga”, añade Górczyńska.
El Constitucional, un órgano cuestionado
Lo que está ocurriendo en Polonia no se entiende sin un análisis del Tribunal Constitucional, un órgano cuya independencia ha sido cuestionada por el propio Parlamento Europeo (PE). En una resolución de septiembre de 2020, el PE constataba “un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia” en cuya resolución apunta que se ha socavado “gravemente la independencia y legitimidad del Tribunal Constitucional”. Tal y como señala la abogada polaca Marta Górczyńska: “Once de sus doce jueces fueron nombrados por Ley y Justicia”, añade.
Para la investigadora Agata Ignaciuk, la legitimidad de la sentencia sobre el aborto en caso de malformación fetal es “muy cuestionable”: “No es válida porque no es una institución independiente. El problema es que dar marcha atrás va a ser muy complicado”, apunta.
“Es un órgano secuestrado por un partido de extrema derecha que está en el Gobierno”, apunta Aleksandra Sojka. Esta investigadora recuerda que “la sentencia no ha entrado en vigor aún, por lo que no hay que obedecerla”: “No hay un periodo legal en el tenga que hacerse efectiva, por lo que quizá esperen a que las protestas amainen un poco”.
Sojka también señala que la Constitución polaca se aprobó en 1997, años después de la ley del aborto: “En aquel momento se pensó en incluir en la Constitución una mención específica a la protección de los no nacidos, pero finalmente se descartó porque se consideró que el compromiso que había ya era suficiente. Por tanto, no tiene sentido que se diga que es inconstitucional”.
¿La restricción de derechos reproductivos y la oposición a los avances feministas es un eje común de la ultraderecha europea? La politóloga Belén Fernández-García, investigadora en el Instituto de Ciéncias Sociais de la Universidade de Lisboa, considera que “no exactamente”: “Estas formaciones comparten un rasgo ideológico que es el conservadurismo social en el que la defensa de la familia ocupa un lugar central. Pero existen diferencias en cuanto al grado de conservadurismo que presentan y a la visibilidad que les dan a estos asuntos”.
En línea con la formación de ultraderecha Ley y Justicia “se podría ubicar a la derecha radical española, que ha hecho del antifeminismo uno de los principales ejes en los que se mueve discursivamente”, apunta García-Fernández. “En Portugal se llegó incluso a debatir una moción que defendía la extirpación de los ovarios a las mujeres que interrumpen su embarazo de forma voluntaria en una convención reciente del partido Chega. Aunque la moción fue rechazada y se ha propuesto la expulsión del miembro que la presentó, sorprende y preocupa que esta llegara siquiera a ser objeto de votación”, añade la politóloga.
Sin embargo, para otras ultraderechas europeas, la defensa de la familia como institución sería más sutil, produciéndose una despolitización del género que ignora las relaciones desiguales entre hombres y mujeres: “En este sentido, formaciones como el Partido por la Libertad holandés y el Partido Popular danés han llegado incluso a defender la igualdad de género y la libertad sexual como parte de los valores e identidades nacionales para marcar una clara frontera cultural con los inmigrantes y ciudadanos de origen musulmán”, apunta Belén García-Fernández.
La decisión judicial y la pandemia del COVID-19
“Anunciar esa decisión en la semana con los números de personas infectadas de Covid descontrolados, con hospitales llenos y una falta de recursos sanitarios generalizada tiene como objetivo desviar la atención de la ciudadanía de la pésima gestión de la segunda ola de la pandemia por parte del gobierno”, apuntaban Agata Ignaciuk y Aleksandra Sojka en este análisis conjunto publicado en Agenda Pública.
Para la politóloga Belén García-Fernández, esta relación entre hacer pública la decisión del TC y el recrudecimiento de la pandemia puede verse desde dos puntos de vista: “Por un lado, puede haberse anunciado justo ahora para evitar grandes movilizaciones por las restricciones sanitarias, cosa que parece no haber frenado a las manifestantes que buscan defender los derechos de las mujeres. Pero, por otro, puede verse precisamente como una forma de desviar la atención sobre la mala gestión sanitaria realizada por el Gobierno, pues no parece casual que el fallo del TC se haya anunciado justo cuando los datos sobre contagios en el país se han disparado”.
La abogada Marta Górczyńska coincide con este análisis, y señala que “en otras ocasiones, cuando el Gobierno ha intentado hacer más restrictivo el aborto, se protestó de forma masiva, consiguiendo paralizar la intención de restringir este derecho”. Por ello, en su opinión, hacer pública la sentencia podría haber sido una estrategia política: “Con las restricciones del COVID-19 y la idea colectiva de que tenemos que protegernos a nosotros mismos y a quienes queremos, el Gobierno quizá pensó era el momento perfecto para ejecutar su plan. Pero hemos llegado a un punto en el que estamos tan frustradas que hemos decidido salir a las calles igualmente, a pesar de la pandemia”.
