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Cuándo puede confinar parte de su territorio una comunidad autónoma: el caso de Murcia y Cataluña
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Cuándo puede confinar parte de su territorio una comunidad autónoma: el caso de Murcia y Cataluña

Días antes de que se decretara el estado de alarma en España varias comunidades autónomas decidieron confinar parte de sus territorios por motivos sanitarios. ¿Bajo qué marco legal se hizo?

Imagen: Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia.

En pasado 18 de mayo el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, afirmaba en Los Desayunos de TVE (a partir del minuto 16) que “la región de Murcia limitó movimientos antes de que se decretara el estado de alarma”. “También lo hicieron otras comunidades autónomas”, añadía. 

Ante sus declaraciones, el periodista Jesús Maraña le respondía diciendo que “Murcia lo anunció pero no lo hizo” y que “no lo ejecutó porque no puede hacerlo”. ¿Qué hizo Murcia exactamente? ¿Qué pasó en Cataluña con la zona Igualada? ¿Puede una comunidad autónoma limitar los movimientos de sus ciudadanos? ¿En qué casos? Te lo explicamos.

El 13 de marzo y tras tomar algunas medidas para prevenir contagios por coronavirus (como prohibir o posponer grandes eventos en espacios cerrados) la Región de Murcia decidía “confinar sus zonas turísticas por motivos de seguridad sanitaria” tras detectar desplazamientos de ciudadanos de otras comunidades para hacer turismo en un momento en el que se pedía responsabilidad ciudadana. 

Sin embargo Murcia no era la primera en tomar una decisión de este tipo ya que el 12 de marzo, en Cataluña, el Govern confinaba a la población del área de la Conca d’Òdena tras el foco de COVID-19 declarado en Igualada (Barcelona). De hecho el 13 de marzo la Generalitat ya anunciaba el confinamiento de toda la comunidad entera. Sólo un día más tarde, el 14 del mismo mes, el Gobierno central decretaba en España en estado de alarma.

¿En base a qué motivos se tomaron estas decisiones? ¿Qué normativa legal ampara dichos hechos? Intentaremos desgranar el caso concreto de Murcia y de la región de Igualada en Cataluña.

La semana previa al estado de alarma

Desde que el COVID-19 empezó a golpear a España tanto el Ministerio de Sanidad como las Comunidades Autónomas ya trabajaban de manera conjunta para tomar medidas de prevención y contención en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España, que es el órgano de cooperación e intercomunicación de los servicios de salud de las comunidades entre sí y con la administración del Estado.

Precisamente en el Pleno Extraordinario Urgente del Consejo Interterritorial de Salud del 9 de marzo se acordó, en el marco de una nueva fase de contención reforzada, adoptar medidas relacionadas con la reducción de los contactos para frenar y contener la expansión del virus, entre ellas “distanciamiento social en relación a eventos multitudinarios”.

«Antes de que se decretara el estado de alarma en todo el país en algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña, Murcia y Madrid, ya se adoptaron medidas que tenían su justificación precisamente en esa emergencia sanitaria», explica Marc Tarrés, profesor de derecho administrativo de la Universidad de Barcelona y colaborador de la UOC que recuerda que «la competencia de Sanidad es propia de las CCAA«.

“A partir de ahí, cada comunidad, con los diferentes instrumentos jurídicos que tiene ha ido articulando sus propias medidas que efectivamente afectaban a derechos fundamentales”, explica este experto.

¿Deben ser autorizadas de alguna manera este tipo de órdenes? ”A pesar de que las autoridades sanitarias de una comunidad pueden adoptar las medidas que les competen, siempre están sometidas a la autorización o ratificación judicial. Cuando se adoptan medidas que de algún modo pueden afectar o limitar derechos fundamentales es necesaria esa ratificación judicial”, afirma Marc Tarrés.

“Por eso todas las disposiciones que se adoptaron en esos días llevaban la ‘coletilla’ que se establece en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en su artículo 8, apartado sexto”, continúa. Dice textualmente que “corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental”.

¿Y si un ciudadano considera que alguna de las limitaciones no es justa, puede hacer algo? “Claro. Si un ciudadano cree que una limitación carece de fundamento puede acudir a un juez de lo contencioso y allí  es donde se valoraría el caso. Lo que tenemos que tener claro es que el estado de derecho no se ha suspendido. Eso sigue vigente”, contesta Marc Tarrés.

Razones por las que una comunidad puede confinar zonas

“Las medidas que se han tomado en las diferentes comunidades autónomas se han podido tomar por una una motivación clarisimamente basada en una emergencia sanitaria, luego hay que ver cuál es el amparo normativo de esa decisión”, asegura Tarrés.

«Murcia no limitó movimientos como tal por que sí», explica José Luis López González, profesor de derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. «Lo que hizo esta región, en atención a sus competencia en Sanidad, fue confinar, que supone una limitación más extrema aunque adaptada a lo que requería el problema sanitario al que se pretendía hacer frente para proteger a la ciudadanía”

“En este caso concreto el confinamiento sí sería una medida proporcional al problema del COVID-19″ dice López González que ve lógico que una comunidad autónoma tome ese tipo de decisiones. “De hecho el gran error del Gobierno fue retrasar tanto el estado de alarma», se queja. 

“En todo caso se le podrían exigir responsabilidades tanto políticas (en el parlamento autonómico) como jurídicas (ante los órganos jurisdiccionales) a esa comunidad autónoma en caso de desacuerdo y lo que no se podría hacer es cerrar una comunidad hacia el exterior sin contar con el Gobierno de España”, dice López González.

¿Podría haber decretado el Gobierno estados de alarma sólo en ciertas comunidades? «Sí, eso es. Eso está perfectamente previsto en la Ley de desarrollo del estado de alarma. Que pueda ser solo en una parte del territorio», explica López González.

¿Qué compete a las Comunidades Autónomas? «En nuestro sistema de descentralización territorial, conocido como Estado autonómico, las CCAA son concebidas como unidades de amplia capacidad de decisión política propia (siempre dentro del respeto a la Constitución y a las restantes normas jurídicas) en materias tan esenciales como el transporte público, la sanidad o la educación”, recuerda este experto.

¿Qué pasó en Murcia? Sus primeras medidas

El pasado 13 de marzo (un día antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma en España) el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) recogía una Orden de la Consejería de Salud por la que se adoptaban medidas. Algunas eran de carácter obligatorio y otras con consejos generales o dirigidos a sectores específicos, en relación con la «pandemia global» del coronavirus, ante el «incremento continuo» del número de casos confirmados en la Comunidad Autónoma de Murcia.

Entre las medidas preventivas incluidas se encontraban la “suspensión de las actividades colectivas celebradas en espacios cerrados y que implicasen la asistencia de más de 1.000 personas” y “la celebración a puerta cerrada de grandes eventos deportivos, profesionales o no”. También se hacía referencia al cierre temporal de los centros de ocio de personas mayores, con el fin de «reducir el impacto del coronavirus en el segmento de población más frágil y vulnerable».

En el caso de concentraciones, eventos o reuniones de más de 50 personas, o en las que no se pudiera controlar el aforo o procedencia de los asistentes, se recomendaba su suspensión y se solicitaba a las empresas de la comunidad que aplicasen el teletrabajo siempre que fuera posible.

Se solicitó en dicho boletín «la ratificación judicial de las medidas preventivas adoptadas al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa«. Se anunciaba que las medidas estarían vigentes «a partir del día de su publicación y hasta el 31 de marzo de 2020» pudiendo “prorrogarse” y  se facultaba “al Director General de Salud Pública y Adicciones para dictar cuantos actos fueran necesarios en aplicación y desarrollo de la presente Orden».

Murcia confina sus zonas turísticas

Sin embargo, ese mismo día 13 de marzo por la tarde, apenas unas horas después, el Gobierno murciano decretabael confinamiento de todas los municipios turísticos de la Región”. Con los datos epidemiológicos en la mano (1.259 casos nuevos en el territorio nacional en ese día según dicho BORM) unidos al hecho del desplazamiento de población de las zonas de riesgo hacia la región costera se procedió a la activación del Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) y a la intensificación de la prevención con el fin de garantizar la reducción de los contactos y el contagio masivo.

Por aquel entonces el presidente murciano Fernando López Miras lamentaba las malas prácticas de ciudadanos que según él habían “entendido la cuarentena en casa para prevenir el contagio como una especie de vacaciones en la costa murciana».

López Miras anunciaba así el confinamiento de las zonas turísticas de la Región de Murcia durante 14 días. Se trataba de los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, La Unión, Mazarrón y Águilas, municipios, advirtió, «donde no existirá la libertad de movimiento». Puedes leerlo todo en la orden suplementaria que publicaba el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) ese mismo 13 de marzo por la tarde.

Se cerraron cines, discotecas, restaurantes, bares y otros establecimientos similares de esparcimiento y ocio. También los comercios con excepción de los establecimientos de bienes de primera necesidad (productos de alimentación, sanitarios y farmacéuticos). Se cerraron también parques, jardines y playas y las medidas de confinamiento restringían “la libertad de circulación de las personas, permitiéndose exclusivamente los desplazamientos por motivos laborales, médico-asistenciales y de adquisición de productos de primera necesidad, sanitarios y farmacéuticos”.

Se ordenó el cierre de las oficinas de turismo y para aquellos que fueran a la Región de Murcia y tuvieran casas, se anunció que deberían «estar confinados en sus viviendas, sin poder hacer turismo». López Miras aseguraba que había tomado la decisión de confinar esas zonas «como responsable de la seguridad y el bienestar de los murcianos» y que ninguna de estas medidas eran “opcionales”, sino “de estricto cumplimiento».

Para esta nueva Orden la ejecución, seguimiento y control de las medidas adoptadas se hizo “en el marco del Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) para hacer frente a la pandemia global del COVID-19” y como se hizo con la Orden anterior, se solicitó la ratificación judicial al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia y se facultó “al Director General de Salud Pública y Adicciones para dictar cuantos actos fueran necesarios” en su aplicación y desarrollo.

Desde presidencia de la Región de Murcia explican a Newtral.es que “se envió la orden al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Murcia y este no se opuso”. Apenas unas horas después, el 14 de marzo, entraba en vigor el estado de alarma en toda España y en ese momento este tipo de decisiones pasaron a asumirse desde el Ministerio de Sanidad, con Salvador Illa a la cabeza.

Hubo además otra Orden conjunta de la Consejería de Salud y de la Consejería de Educación y Cultura en la que se acordó la suspensión temporal de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza. Y ese 13 de marzo  López Miras hacía pública en rueda de prensa su «total y absoluta colaboración con el Gobierno de España en las medidas que vaya tomando” y le decía a Pedro Sánchez que le apoyaría “si decidiera decretar el estado de alarma», algo a su juicio, «imprescindible, dada la situación».

El marco normativo de las medidas que tomó Murcia

En la Orden del BORM que decretaba el confinamiento de zonas turísticas de la Región de Murcia ese mismo 13 de marzo por la tarde se puede leer al detalle todo el marco normativo de dichas medidas (aquí abreviado):

  • Se activan los instrumentos contemplados en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y en concreto el PLATEMUR, que permiten asegurar la aplicación de las medidas sanitarias y asistir a los ciudadanos disponiendo de todos los recursos operativos y logísticos para las emergencias civiles.
  • Murcia se ampara en el artículo veintiséis 1. de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 
  • También en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, en su artículo tercero.
  • En el artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
  • En el artículo 6.j de la Ley 4/1994, de 26 de julio de Salud de la Región de Murcia.
  • En el artículo 11.1 del Estatuto de Autonomía  de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio.
  • En el artículo 11 del Decreto del Presidente n.o 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional
  • Y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

¿Cómo fue el confinamiento en Cataluña?

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunciaba el 11 de marzo que el Govern pasaba de fase de prealerta a fase de alerta por el coronavirus y avanzaba nuevas medidas tras una reunión del comité técnico del Plan de Protección Civil de Catalunya (PROCICAT) para emergencias asociadas a enfermedades transmisibles emergentes de alto riesgo. Entre otras cosas los eventos deportivos serían a puerta cerrada, y los encuentros de más de 1.000 personas serían suspendidos o pospuestos.

El 12 de marzo Torra anunciaba el cierre de centros educativos y ese mismo día el Govern decidía en un Consell Executiu extraordinario confinar a la población del área de la Conca d’Òdena (Barcelona) tras el foco de COVID-19 declarado en Igualada (Barcelona), una medida que afectó a los vecinos de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena y que fue ratificada por el Juzgado de Contencioso 4 de Barcelona.

Se establecía así un perímetro en esta zona de tal manera que la ciudadanía no podía salir, solamente los servicios sanitarios. ¿El motivo? «La necesidad de proteger la salud de la población de la infección por COVID-19» como dice la Orden. 

El marco normativo de esta medida viene publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC 12/03/2020 y dispuesto «en los artículos 8, 9, 40.1 b) y 43 de la Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña, y los artículos 55, 66 y ss de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública» y por los «artículos 3.4 y 3.7 del Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña».

El alcalde de Igualada, Marc Castells, pedía entonces “tranquilidad» a la ciudadanía y señalaba su compromiso con las decisiones del Govern ya que «eran medidas para  proteger a la ciudadanía». Fueron los Mossos d’Esquadra quienes coordinaron el despliegue policial para asegurar esos confinamientos por el COVID-19 aplicando el plan de emergencias PROCICAT de enfermedades contagiosas. 

Un día después, el 13 de marzo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunciaba el confinamiento de toda Cataluña para evitar que «colapse el sistema sanitario». Pedía también al Gobierno central que cerrase puertos, aeropuertos y vías ferroviarias catalanas. Torra pedía entonces un esfuerzo a Pedro Sánchez para que el confinamiento de Cataluña fuera posible. ¿Por qué hacía eso?

“Es cierto que la Generalitat tiene competencias en materia de  protección civil pero una medida como la de cerrar su territorio supondría una limitación de derechos fundamentales y Cataluña no podría adoptar en solitario una medida de esta gravedad que sería propia de la declaración del Estado de Alarma”, aclara José Luis López González, profesor de derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Una comunidad puede  solicitar al Gobierno  de España que declare el estado de alarma para poder limitar esos derechos pero no puede tomar por sí misma la decisión de declararlo”, aclara López González que añade que “Cataluña puede adoptar decisiones como la del confinamiento de Igualada, pero  no puede limitar los derechos fundamentales de los españoles  porque este asunto es un  fenómeno atribuible ya a la esfera competencial del Estado”. 

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