El Congreso ha tumbado este martes la proposición de ley del PSOE que preveía nombrar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinador de los servicios digitales en España para cumplir con la ley europea de servicios digitales (DSA por sus siglas en inglés).
Los votos. Para salir adelante, la iniciativa necesitaba una mayoría simple de los votos, es decir, más síes que noes. Esta ha decaído en la Cámara Baja al contar con 174 votos en contra (de PP, Vox y Junts) frente a 163 a favor (de PSOE, Sumar, Bildu, PNV, Podemos, Coalición Canaria y el BNG) y ocho abstenciones (de ERC y UPN).
Contexto. La propuesta fue registrada por el PSOE la semana pasada en el Congreso con el objetivo de acelerar la tramitación de esta medida para cumplir con las medidas que demanda Bruselas a través de la norma DSA.
- Según la norma europea (un texto de 2022), España tendría que haber nombrado hace dos años a la CNMC como coordinadora de servicios digitales para cumplir con las directrices comunitarias. Como no lo ha hecho, la Comisión Europea llevó el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el año pasado.
- Lo cierto es que el retraso de la correcta aplicación de la DSA en España no solo responde a esta falta de nombramiento, sino también al retraso en la tramitación de otras iniciativas legislativas como el proyecto regulador del derecho de rectificación o el de protección de los menores en entornos digitales.
Qué implica. En el proceso que la Comisión Europea tiene abierto contra España por la tardanza en la aplicación de este reglamento, el país se podría enfrentar a sanciones económicas por parte de la Unión.
Una norma ya en trámite. El Congreso tiene actualmente un proyecto de ley que recoge esta medida sobre la CNMC. Esta es una iniciativa que se registró en julio de 2025 y que se encuentra en fase de enmiendas desde agosto de ese año, es decir, está bloqueado.
- Esta propuesta, además de incluir las medidas de la CNMC, incluye otras relacionadas con la regulación de los medios de comunicación para aplicar la ley europea de libertad de medios.
