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La comunidad musulmana de Castilla y León no ha denunciado a la Junta por no poder viajar «a sus países de origen» mientras reciben ayudas
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La comunidad musulmana de Castilla y León no ha denunciado a la Junta por no poder viajar «a sus países de origen» mientras reciben ayudas

La Consejería de Familia de la Junta ha explicado a Newtral que la comunidad musulmana pide modificar la normativa, pero no han acudido a los tribunales 

Una imagen que se ha vuelto viral asegura que la comunidad musulmana de Castilla y León ha denunciado a la Junta de Castilla y León porque «quieren poder viajar a sus países de origen mientras cobran la ayuda: Renta Garantizada de Ciudadanía» y, con ello, «hacer turismo a costa nuestra».

Sin embargo, es falso que la comunidad musulmana haya denunciado a la Junta de Castilla y León. Tanto la Consejería de Familia e Igualdad de la Junta -organismo encargado de esta ayuda-, como el representante de la comunidad musulmana, Mohammed El Mezieb, lo han desmentido a Newtral. «Tan solo hay peticiones de modificación de la normativa, que datan de los años 2015, 2016 y 2017», añaden desde la Consejería. Puedes consultar el texto de la reclamación aquí (PDF).

¿Qué es la Renta Garantizada de Ciudadanía?

A nivel autonómico existe una ayuda social que, dependiendo de la comunidad, suele recibir el nombre de renta mínima de inserción, renta social básica… o como la de Castilla y León: Renta Garantizada de Ciudadanía.

A grandes rasgos, el objetivo de ellas es ayudar a aquellas personas que se encuentran en una situación de exclusión social en la que no pueden atender las necesidades básicas propias o de la unidad familiar. Además, está destinada tanto a españoles como a extranjeros con residencia legal, siendo así que en el caso de Castilla y León, de los 9.792 titulares de esta prestación en el mes de agosto, los extranjeros representaron el 11,5%, según datos de la Consejería.

Restricciones de salida

El punto de fricción entre la legislación vigente y lo que reclama la comunidad musulmana se encuentra en la denegación o pérdida de la Renta Garantizada de Ciudadanía si el titular o los beneficiarios de la ayuda salen del territorio de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo recogido en los artículos 23.4.d) y al artículo 28.1.g) del Decreto Legislativo que regula esta prestación.

Sin embargo, hay tres excepciones a la regla general y son que la salida de Castilla y León se produzca por trabajo, enfermedad grave o fuerza mayor. Las tres causas deberán estar debidamente acreditadas y nunca podrán ser superiores a tres veces al año o prolongarse más allá de 45 días en cómputo anual.

Según explica El Mezieb hay muchas familias que dependen de esta ayuda, «sobre todo desde la crisis económica», por lo que no pueden arriesgarse a salir de Castilla y León y perderla. Esto supone que algunos de ellos llevan años sin ver a sus familiares que viven en sus países de origen.

«Hay niños que nunca han podido conocer a sus abuelos porque sus padres reciben esta prestación y no pueden salir de la comunidad autónoma. También hablamos de personas mayores de 60 años, desempleados y con muy poca posibilidad de encontrar trabajo y que dependen de esta ayuda para poder subsistir. Ellos tampoco pueden volver a sus países a visitar a sus familiares», explica Mohammed El Mezieb.

Desde la Consejería de Familia e Igualdad señalan que la razón de estas limitaciones se debe a que se trata de una ayuda que está encaminada a satisfacer las necesidades de subsistencia, «no estando comprendidas las vacaciones en este concepto», añaden. «Esto exige el cumplimiento de los compromisos suscritos en el proyecto individualizado de inserción por parte de los destinatarios, tareas que difícilmente podrán realizar si no se encuentran en Castilla y León», concluyen desde la Consejería.

Fuentes

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