43 acercamientos de presos de ETA durante el Gobierno de Sánchez: ¿el fin de la política de dispersión?

marlaska acercamiento presos eta — FOTO | Congreso de los Diputados

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“¿Se está negociando el acercamiento de presos de ETA a las cárceles próximas al País Vasco?” Esta fue la pregunta que realizó el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, a Fernando Grande-Marlaska durante la sesión plenaria del 24 de junio en el Congreso de los Diputados. La respuesta del ministro del Interior fue clara.

“Evidentemente lo que se hace es aplicar la Ley General Penitenciaria”, dijo el ministro durante su intervención, “la ley penitenciaria se aplica individualmente”, y eso «seguirá siendo así».

Pero Lázaro aseguró que durante el confinamiento se habían producido los primero resultados, «nueve acercamientos y tres semilibertades a cambio del apoyo del PNV a las sucesivas prórrogas del estado de alarma”. El político de Vox acusó a Marlaska de haber iniciado una “negociación indirecta”, al permitir a miembros de EH-Bildu la visita a presos de ETA en distintas cárceles del país.

Durante el Gobierno de Sánchez -desde el verano de 2018- se han realizado 43 acercamientos de presos de la banda, una cifra que supera, por mucho, a la de su antecesor. Durante los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy, se produjeron 40(*) acercamientos y progresiones de grado.

El acercamiento de presos “no está enmarcado en ninguna negociación o contraprestación”, insisten fuentes del Interior a Newtral.es. Desde el ministerio explican que son las juntas de tratamiento penitenciarias las que proponen las progresiones de grado y acercamientos, juntas “cero políticas”, aseguran.

Los argumentos de Marlaska

Tal y como explicó el ministro en pleno, el poder judicial es el encargado de clasificar los grados de los internos y sus progresiones, siempre “de forma individual”, y así queda recogido en la Ley General Penitenciaria. Lo mismo ocurre para los acercamientos, independientemente de si el preso está en Segundo o Tercer Grado. Aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de los presos de ETA todavía están clasificados en Primer Grado, la condena más restrictiva.

El texto explica que para que a un preso se le conceda el Tercer Grado, o semilibertad, este debe haber satisfecho también la responsabilidad civil derivada del delito. Para los casos de personas condenadas por delitos de terrorismo se requiere, además, que hayan colaborado activamente con las autoridades.

Grande-Marlaska también se refiere a la “necesidad de progresar” de los internos. A este respecto, según el Sistema Penitenciario Español, “todo preso puede progresar a Tercer Grado o Régimen Abierto” en función de la evolución del cumplimiento de la pena y de su conducta.

Y aunque no es necesario que un preso pase a Tercer Grado para que se dictamine su traslado, una de las bases del sistema penitenciario es que el cumplimiento de la condena sea “allí donde el preso tenga arraigo social”, y que el condenado cumpla su pena en la institución más próxima a su lugar de origen “para evitar así el desarraigo familiar y social”.

En el caso de la autorización de las visitas de Bildu, Marlaska argumenta que se trata de “representantes públicos”, una figura contemplada en el Reglamento Penitenciario, donde se dispone que las comunicaciones de los internos con “el Defensor del Pueblo o sus Adjuntos o delegados o con instituciones análogas de las Comunidades Autónomas, Autoridades judiciales y miembros del Ministerio Fiscal no podrán ser suspendidas, ni ser objeto de intervención o restricción administrativa de ningún tipo”.

Las cifras del acercamiento

Desde el 30 de abril de 2020 se han anunciado siete progresiones a Tercer Grado y nueve traslados de presos de ETA. Se trata de una modificación de las condiciones de su condena, que deberán seguir cumpliendo. Fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguran a Newtral.es que estos traslados se aprobaron durante la pandemia, pero “no se han producido hasta que ha habido libertad de movimientos”, con el fin del estado de alarma.

En todos los anuncios de estos últimos traslados consta que el condenado “ha admitido la legitimidad penitenciaria”. “La resolución se produce a propuesta de las junta de tratamiento de los centros donde cumplen condena los internos, tal y como establece el Reglamento Penitenciario”, explican fuentes de Instituciones Penitenciarias.

El nuevo destino de la mayoría de los internos no son prisiones en Euskadi, sino cercanas. Terminarán su condena, en concreto, en Madrid, Soria, Logroño, Pamplona y Burgos. Son cuatro los que sí estarán en una prisión vasca, en Bilbao, por razones de enfermedad o de progresión de grado, a régimen de semilibertad.

En total desde el principio de la legislatura socialista de Pedro Sánchez se han producido 43 acercamientos, la mayoría de ellos a cárceles fuera de Euskadi. Para los dos gobiernos de Mariano Rajoy la cifra desciende a seis. Y solo durante la tregua de ETA, del año 1998 a 1999, con el gobierno popular de José María Aznar se acercaron a 426(*) presos, según cifras ofrecidas por Instituciones Penitenciarias.

No obstante, Instituciones Penitenciarias no recomienda comparar estas cifras porque, dicen, la diferencia entre “lo que ocurre ahora y lo que ocurrió con Aznar y Rajoy es que antes ETA mataba”. A través de la ‘Declaración final de ETA al pueblo vasco’, la banda terrorista anunció su disolución final en mayo de 2018, siete años después de haber decretado el fin de la violencia con 855 víctimas mortales a sus espaldas, según las cifras actuales del Ministerio del Interior.

El último movimiento, esta misma semana. Instituciones Penitenciarias ha anunciado el traslado de tres presos a cárceles vascas debido a su progresión a Tercer Grado. La institución explica que estos traslados no se clasifican como acercamientos, ya que “los terceros grados sí o sí tienen que estar cerca del sitio donde tengan vínculo familiar y social”. Una noticia que ha levantado ampollas en la Asociación Víctimas del Terrorismo.

Algunas familias de las víctimas

Antes de hacer pública la progresión de grado y, en consecuencia, el traslado de los tres reos a cárceles de Euskadi el Ministerio del Interior se lo ha comunicado a la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), en base al compromiso de transparencia que adquirió el Gobierno con la asociación.

“Con este movimiento, entendemos que se ha eliminado de facto la política de dispersión, cediendo así a una de las reivindicaciones históricas de ETA”, reza el comunicado de la AVT. “Asombro”, “indignación” y “tristeza” son las palabras que han utilizado para describir lo que, consideran, es el cumplimiento del objetivo “del entorno de ETA”, el de “vaciar las cárceles”.

Los acercamientos anunciados durante la pandemia de Covid-19 desencadenaron la ausencia de la AVT en el homenaje anual por las víctimas del terrorismo realizado en el Congreso de los Diputados.

Decisiones de la junta de tratamiento que la AVT enmarca dentro de la “política penitenciaria de Sánchez”. “La dispersión no es cuestión de legalidad penitenciaria, es cuestión de política penitenciaria”, explica Carmen Ladrón, abogada de la AVT.

Y dentro de esa política, lo primero que recuerda Ladrón al hablar con Newtral.es es una rueda de prensa de Pedro Sánchez con la canciller alemana Angela Merkel, a los pocos días de ser investido presidente. “La democracia derrotó a ETA y en consecuencia la política penitenciaria tiene que ser revisada”, dijo Sánchez.

Dos años después en la AVT están convencidos de que “se va a acabar la dispersión”. “Marlaska nos dijo que en absoluto, que iban a ser decisiones puntuales y de repente la cosa empezó a coger velocidad”, cuenta Ladrón, para la que se han traspasado “todas las líneas rojas” cuantitativas y cualitativas.

“Se están acercando a presos al País Vasco, y a presos con delitos de sangre”, dice. Pero la verdadera preocupación de la asociación, “no es tanto el traslado sino que el final de este proceso, está la libertad condicional”, explica la abogada de la AVT.

Las cifras de la dispersión

La asociación justifica la política de alejamiento en la búsqueda de “la reinserción de los presos”. “Si uno de los fines de la pena es la reinserción, la dispersión se debe seguir manteniendo” ya que, según Ladrón, “si agrupas a los presos va a ser mucho más difícil que el preso pueda desvincularse”.

Pero los datos globales, de momento, no dan por finalizada la política de dispersión. De los 207 presos de ETA que hay actualmente en cárceles españolas, son alrededor de una decena los que están cumpliendo condena en una cárcel vasca.

Fuentes penitenciarias cuentan a Newtral.es la ubicación de los presos: Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía, Murcia, Valencia y La Rioja. “La mayoría de ellos están en Andalucía”, aseguran.

La organización Sare Herritarra denuncia que 8.000 personas cumplen condena fuera de su lugar de arraigo en toda España, una situación, dicen, que vulnera el “derecho de las personas presas a cumplir condena en su lugar de arraigo tal y como establece la Ley General Penitenciaria”.

Algunas familias de los presos

Etxerat, colectivo de familiares y allegados de presos vascos, calcula que el 64% de los presos se encuentran en cárceles situadas entre 600 y 1.100 kilómetros de su entorno familiar, un alejamiento que es, dicen, “un castigo añadido físico y psíquico” para sus familiares.

Fuentes de Etxerat explican a Newtral.es lo que supone para ellos el alejamiento. “Sufrimiento emocional” y un “ingente gasto económico” a la hora de realizar los desplazamientos para las visitas. Sobre los últimos traslados, individualizados y a cárceles próximas al País Vasco, no son suficiente para ellos.

“Los únicos traslados aceptables a día de hoy deben serlo a cárceles vascas, con la misma determinación con que en 1989, en el plazo de 3 meses, alejaron y dispersaron a 700 presos políticos vascos, incluidas prisiones de Baleares, Canarias, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”, concluyen desde Etxerat (término euskera que significa ‘a casa’).

Política penitenciaria, en campaña

Veinticuatro horas antes de que se inaugurase oficialmente la campaña electoral en Euskadi para los comicios del 12-J, el diputado de Vox, Gil Lázaro, acusó al Gobierno de mercadear con los acercamientos a cambio de “un puñado de votos” de Bildu y del PNV para aprobar las prórrogas del estado de alarma y, en última instancia, los presupuestos socialistas.

El ministro del Interior recalcó que estos procesos se realizan en base a las leyes. “Que siga hablando de dispersión es buena prueba de que viven en el pasado”, dijo Marlaska. El socialista apuntó que la dispersión fue “un instrumento importante que sirvió para luchar contra la organización terrorista ETA”, y que “estamos en otro momento histórico”. El responsable de la cartera de Interior no detalló en qué consiste este nuevo momento histórico.

Una semana después Vox registraba en el Congreso de los Diputados dos solicitudes de comparecencia del secretario de Estado de Seguridad para que diera explicaciones “sobre el acercamiento de los presos etarras (…) y los desplazamientos realizados durante el estado de alarma”.

https://twitter.com/VOX_Congreso/status/1277976034030190594

En este sentido Instituciones Penitenciarias insiste en que ningún desplazamiento “se ha efectuado durante las restricciones de movilidad”, exceptuando aquellos realizados por “cuestiones judiciales o sanitarias”.

También en el Congreso de los Diputados el Partido Popular ha registrado, en este caso una Proposición no de Ley, para impedir al Gobierno “el pase a tercer grado de los líderes independentistas condenados por delito de sedición y paralizar el acercamiento de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco”, según informaciones de Europa Press del 7 de julio.

El líder del PP también denunció que se estaban produciendo “cesiones” por parte del Ejecutivo. “Tengo que denunciar hoy que parece que la abstención de Bildu no fue gratis y estamos conociendo que se están acercando presos con delitos de sangre a cárceles cercanas al País Vasco”, dijo Pablo Casado durante una rueda de prensa telemática.

La candidata de Bildu a las elecciones del 12 de julio, Maddalen Iriarte, calificó estos acercamientos de “goteo” durante una entrevista en Los Desayunos de TVE. Y en el contexto de las restricciones a la movilidad por la pandemia, su partido ha publicado el manifiesto ‘Por el respeto a las personas privadas de libertad’.

El texto advierte del impacto de la crisis sanitaria generada por el coronavirus en las personas que están en prisión y señala que “importantes organismos internacionales urgen a adoptar medidas específicas sobre las cárceles (…) como la Organización Mundial de la Salud, o la Alta Comisionada para los derechos Humanos”.

El manifiesto está firmado por representantes parlamentarios de distintas fuerzas políticas, como Jaumen Asens (UP-En Comú Podem), Gabriel Rufián (ERC), Laura Borràs (JuntsXCat), Íñigo Errejón (Más País), Mireia Vehí (CUP), Joan Baldoví (Compromís) o Aitor Esteban (PNV).

Por su parte, el líder del PNV en Euskadi y presidente autonómico invitó al Gobierno español “a pensar” sobre la necesidad de “una modificación en la política penitenciaria”. “Creo que el Gobierno atenderá esta realidad”, dijo Iñigo Urkullu durante los encuentros digitales organizados por Europa Press.

Algunos expertos

En referencia a la política de dispersión, Javier Álvarez se pregunta “para qué sirve una política penitenciaria prevista para momentos de emergencia cuando el terrorismo de ETA ha sido derrotado, sin matices”. Para este catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III a “situaciones de normalidad” hay que aplicarle “soluciones de normalidad”, explica a Newtral.es.

Por su parte, José Ramón Intxaurbe ve justificadas las decisiones legislativas del pasado en el “profundo trauma” que causó el terrorismo en España. Pero una vez desaparecida ETA, este profesor de Derecho Penal de la Universidad de Deusto recuerda una frase recurrente que se escuchaen las facultades: “testar que lo excepcional no devenga en lo ordinario”.

Xabier Etxebarria, profesor de Derecho Penal en la Universidad Complutense explica cuáles fueron las razones para justificar el alejamiento o dispersión de los presos. “Hasta los años 90 estaban juntos y funcionaba como presos políticos, como colectivo político y se quiso acabar con eso”, cuenta Etxebarria a Newtral.es.

Una vez derrotada ETA, el criterio general de alejamiento y Primer Grado para sus presos “es contrario a la idea de individualización” de la legislación española. Para Etxebarria “la regla general tendría que ser el cumplimiento de la condena en el lugar de residencia de su familia o entorno”.

Intxaurbe recuerda a Newtral.es que la Ley General Penitenciaria dice que hay que evitar el desarraigo de los penados. “La población reclusa son parte de la sociedad y como nosotros, son sujetos de derecho”, explica este investigador del Instituto de Derechos Humanos de Deusto.

Los expertos consultados coinciden en que dicha excepcionalidad, hoy en día, no está justificada. Por ello, Etxebarria concluye: “el debate jurídico se acabó hace tiempo, ahora es el tiempo de las cuestiones políticas”.

(*) Se corrigen datos relativos a los acercamientos durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy en base a la última actualización de los datos de Instituciones Penitenciarias.

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