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¿Qué es el tercer grado penitenciario? ¿Cómo y a quién se aplica? Te lo explicamos
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¿Qué es el tercer grado penitenciario? ¿Cómo y a quién se aplica? Te lo explicamos

Este grado penal lo decide un juez tras la lectura del informe que elabora la Junta de Tratamiento Penitenciario.

EFE/Emilio Naranjo

En los últimos días han regresado a la actualidad informativa los políticos del procès independentista catalán condenados por el Tribunal Supremo en octubre de 2019, así como los condenados por una agresión a miembros de la Guardia Civil en la localidad vasca de Alsasua en octubre de 2016. Los primeros por la posibilidad de que se les conceda el tercer grado penitenciario, los segundos porque los tres últimos condenados por el incidente con miembros de La Benemérita ya la disfrutan. Pero ¿qué es el tercer grado penitenciario?, ¿quién decide su concesión y a quién se aplica? Te lo explicamos.

¿Qué es?

Es el grado de clasificación de los reclusos que les otorga mayor libertad, sin contar con la libertad condicional. El tercer grado es el que permite, salvo contadas excepciones, que un penado salga de prisión y regrese a dormir al centro o al espacio habilitado que tengan las instituciones penitenciarias para ello.

El tercer grado ya venía especificado en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, sobre el sistema penitenciario, y posteriormente en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento Penitenciario, normativa que rige a día de hoy y en la que podemos encontrar todo lo referido a la clasificación como recluso en primer grado (presos más peligrosos), segundo (ordinarios, el más común) y tercer grado (en condición de semilibertad).

A partir del Capítulo II, Clasificación de penados, vemos que un recluso tiene que ser calificado de primer, segundo o tercer grado nada más ingresar a prisión (Art.100.1), que este tercer grado “se aplicará a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad” (Art. 102.4), o a enfermos “muy graves con padecimientos incurables, según informe médico” (Art.104.4).

Según el artículo 83.1 de este Reglamento, el “objetivo” del régimen abierto es “potenciar las capacidades de inserción social positiva que presentan los penados clasificados en tercer grado”.

¿Quién decide si un penado recibe el tercer grado?

Un juez tras la lectura del informe que elabora la Junta de Tratamiento Penitenciario. Este organismo, que se suele reunir cada 6 meses, se encarga de analizar si un penado merece o no ese cambio, y está formado por un equipo de apoyo integrado por psicólogos y médicos, entre otros, según el artículo 272 del Reglamento Penitenciario.

Estas juntas valoran, para determinar la clasificación, “la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento”, explica el artículo 102.2 del citado reglamento.

“La concesión siempre va a determinarla un juez. La Junta de Tratamiento hará sus informes y estos servirán para que un juez tome la decisión, que podrá ser recurrida”, comenta a Newtral.es el Catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, Norberto de la Mata Barranco.

El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo, explica a Newtral.es que estas decisiones están sometidas “a un doble control judicial” ya que “el Ministerio Fiscal puede recurrir al juez de Vigilancia Penitenciaria, e incluso la decisión del juez es recurrible en la Audiencia Provincial” de la zona en la que se dé el caso.

En el artículo 36 del Código Penal podemos comprobar que “la clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias”, 

El tercer grado se puede conseguir pero también se puede perder. El sistema penitenciario español es progresivo. Es decir, se estudia a cada recluso para encontrar el mejor modo y el más adecuado para su reinserción. Como leemos en el artículo 25.2 de la Constitución: “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social” del condenado pero, si no cumple con los requisitos establecidos, puede verse de nuevo entre rejas las 24 horas.

Estos criterios para la revisión de la clasificación de un recluso también los encontramos en el Reglamento Penitenciario (Art.105), así como los motivos que pueden llevar a la progresión o regresión de cualquier grado (Art.106).

¿A qué penados se aplica el tercer grado?

En el mismo artículo 36 del Código Penal encontramos enumerados múltiples motivos para la aplicación o no del tercer grado. Vemos, por ejemplo, que “cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta”.

Entonces, ¿cómo es posible que los políticos encarcelados por la sentencia del procès puedan solicitar el tercer grado si recibieron, los que menos 9 años, y no han cumplido la mitad de su condena? 

“Es posible porque la sentencia del Tribunal Supremo no estableció el periodo de seguridad de 5 años por el que no se podía acceder al tercer grado. El Tribunal que los condenó tenía esa opción, una cláusula que se introdujo en el año 2010 en el Código Penal”, explica Fernández Teruelo, también Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo.

Desde el País Vasco, De la Mata Barranco apunta en la misma dirección: “en los requisitos de la sentencia, ahí el juez puede decidir que la clasificación en tercer grado no se puede decidir hasta que se haya cumplido la mitad de la pena, lo que se denomina el periodo de seguridad. Y puede o no ordenarlo y que sea la propia evolución de la ejecución de la pena donde se decida”.

Sin embargo, ambos coinciden en que la decisión de otorgar un tercer grado es muy habitual si se cumplen los requisitos establecidos por la ley.

De la Mata Barranco afirma que “es algo bastante normal para (condenados) primerizos o para delitos de escasa gravedad el tercer grado se les puede conceder directamente”.

“Es lo que hay que hacer con todo el mundo, salvo que por las condiciones personales el recluso denote una especial peligrosidad. Al margen de estos casos lo deseable por todo el mundo es que esa gente pueda tener su relación con sus hijos, amigos, con su trabajo y  con su entorno de la forma más favorable posible”, añade. 

Fernández Teruelo, comenta que “quitándole el condicionamiento político” no le parece “extraña ni nada fuera de lo común” la decisión de pedir el tercer grado para los condenados por el Procès.

Fuentes: 

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