Abortar en las doce primeras semanas de gestación será legal en Gibraltar. Con un 62% de votos a favor en las urnas, la interrupción voluntaria del embarazo en ese periodo dejará de estar castigado con cadena perpetua.
Esta era la propuesta que se votaba ayer jueves 24 de junio en Gibraltar: a favor o en contra de respaldar una enmienda aprobada por el Parlamento en 2019 en la que se despenaliza y legaliza el aborto.
Hasta ahora, los derechos reproductivos de las gibraltareñas estaban bajo una de las legislaciones más duras de toda Europa, contemplando la cadena perpetua en caso de aborto dentro del territorio (una tipificación que nunca se había aplicado pero que estaba en vigor).
Así, las mujeres que querían abortar se veían obligadas a viajar al Reino Unido o a cruzar la frontera con España para someterse a la intervención en clínicas acreditadas españolas, principalmente en Cádiz. Con un 62% de los votos a favor, el referéndum ha salido adelante, por lo que la enmienda entrará en vigor próximamente.
La enmienda respaldada vía referéndum permite el aborto en las 12 primeras semanas de gestación siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Uno de ellos es que solo puede ser practicado por un facultativo médico empleado por el sistema de salud de Gibraltar (Gibraltar Health Authority); además, previamente, otros dos facultativos, también empleados en el mismo sistema, deben estar de acuerdo en que el aborto es necesario porque llevarlo a término conllevaría riesgo para la salud física o mental de la gestante.
Tal y como explica a Newtral.es Marlene Hassan, diputada y líder del partido Together Gibraltar, que ha promovido la despenalización del aborto, “fuera de los supuestos que establece la enmienda, el aborto seguirá estando castigado con cadena perpetua”.
El texto también incluye la objeción de conciencia, por lo que ningún facultativo tendrá el deber o la obligación de llevar a cabo un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. Sobre esto, la diputada Marlene Hassan considera que “no será un impedimento para construir una infraestructura que garantice este derecho a las mujeres”.
El camino a la despenalización del aborto en Gibraltar
En el Peñón de Gibraltar, que aunque forma parte del Reino Unido dispone de plena autonomía excepto en cuestiones de defensa y asuntos exteriores, la batalla por la despenalización del aborto comenzó en 2018, después de que una sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido declarase que la ley del aborto de Irlanda del Norte, idéntica a la de Gibraltar hasta 2019, era contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos.
Ni Gibraltar ni Irlanda del Norte contemplaban la posibilidad de abortar en casos de violación o cuando el feto tuviese alguna malformación. Solo se permitía cuando fuese necesario para salvar la vida de la madre. En 2019, Irlanda del Norte legalizaba el aborto (y también el matrimonio igualitario), una norma que entró en vigor el 31 de marzo de 2020 y que permite la interrupción voluntaria del embarazo sin condiciones hasta la semana 12, tal y como informaba Amnistía Internacional.
En Gibraltar, el Gobierno anunció en julio de 2018 que iniciaría un proceso de consulta para un posible cambio sobre la legislación del aborto. En octubre de 2019, se aprobó celebrar un referéndum en marzo de 2020 para legalizar el aborto en determinadas circunstancias. Es decir, para respaldar la enmienda en el Crimes Act que ya había sido aprobada previamente por el Parlamento ese mismo año.
El referéndum debía celebrarse el 19 de marzo de 2020, pero debido al coronavirus, el Gobierno decidió aplazarlo. Pero en marzo de este año, el Gobierno anunciaba que el referéndum finalmente tendría lugar este 24 de junio.
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Andorra, Gibraltar, Irlanda del Norte…
Derechos reproductivos en cuarentena: así ha afectado una pandemia mundial al acceso al aborto
La despenalización del aborto en las 12 primeras semanas llega el mismo día en que el Parlamento Europeo ha sacado adelante una resolución, con 378 votos a favor frente a 255 en contra y 42 abstenciones, en la que pide garantizar el acceso universal a una práctica segura y legal del aborto.
La resolución incide en que algunos países de la UE siguen teniendo leyes altamente restrictivas que prohíben el aborto salvo en circunstancias estrictamente definidas, lo que obliga a las mujeres a recurrir a la práctica de abortos clandestinos, a viajar a otros países o a llevar su embarazo a término en contra de su voluntad, “lo cual constituye una violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género”.
También se critica que se permita a los médicos, e incluso a instituciones médicas enteras, negarse a prestar servicios sanitarios, ya que “esto conduce a la denegación del aborto por motivos de religión o de conciencia y pone en peligro la vida de las mujeres”.
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