En 2020, en plena pandemia covid, al menos 559 mujeres tuvieron que viajar a otra comunidad autónoma para abortar

María, residente en Soria, tuvo que interrumpir su embarazo en 2020. No había confinamiento ya, pero sí importantes restricciones de movilidad. Entre unas cosas y otras, tuvo que esperar “tres semanas”, a pesar de ser un procedimiento de urgencia. A la dificultad de “conseguir una cita en el centro de salud”, se sumó la de lograr que la atendiese la trabajadora social. Después tuvieron que hacerle una ecografía para confirmar el embarazo y someterse a tres días de periodo de reflexión. El periplo culminó en una derivación a otra comunidad autónoma: “Me dijeron que  tenía que hacerlo en una clínica de Madrid. No entendía nada absolutamente”, cuenta a Newtral.es. Ella es una de las, al menos, 559 mujeres que tuvo que viajar para abortar en 2020. Mujeres cuyo sistema sanitario las derivó fuera de su comunidad autónoma en plena pandemia.

Esto no ocurrió solo el año del covid, lleva pasando más de una década: desde que se aprobó la ley del aborto en 2010. Pero ha sido recientemente cuando se ha puesto de manifiesto la gravedad de la cuestión, después de que, el pasado julio, el Tribunal Constitucional sentenciase que derivar a una mujer a otra comunidad autonóma para interrumpir un embarazo vulnera sus derechos fundamentales. El Constitucional se pronunciaba sobre el caso de Antonia Correa, obligada a viajar de Murcia a Madrid para abortar por malformación fetal después de que el sistema de salud murciano le diese esa única opción al aseverar que todos los facultativos de la región eran objetores.

Esteffanny Molina, la abogada que llevó el caso de Antonia Correa y miembro de la organización internacional Women’s Link Worldwide, explica a Newtral.es que “en una época en la que te obligaban a quedarte en casa, contradictoriamente algunas comunidades autónomas te obligaban a desplazarte para acceder a un aborto”. En el caso de María, “al miedo al contagio por covid se sumó no poder abortar a tiempo”: “Estaba en la semana ocho. Es verdad que tenía otras seis semanas por delante, pero no quería esperar”, añade.

Tras el pronunciamiento del Constitucional, en Newtral.es hemos preguntado a cada comunidad autónoma, a través de los correspondientes portales de transparencia, cuántas mujeres fueron derivadas a otras comunidades autónomas para abortar en los últimos años (2019, 2020, 2021 y 2022), lo que supone según el TC una vulneración de sus derechos fundamentales.

De las 17 CCAA, cuatro no han respondido: Murcia, Galicia, Castilla-La Mancha y Cantabria. De las 13 restantes, ocho aseguran que no han derivado a ninguna mujer en esos años. Es el caso de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco. Las últimas cinco sí afirman haber realizado derivaciones: Aragón, Castilla y León, Extremadura, Madrid y La Rioja.

Al menos 559 mujeres fueron derivadas a CCAA distintas a la de residencia para la Interrupción voluntaria del embarazo (IVE) durante el año de la pandemia

Cada icono es una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) financiada de una mujer residente que ha sido derivada a otra CCAA para abortar. Son datos aportados por 4 CCAA. Otras 9 aseguran que no derivaron ese año y las 4 restantes no han respondido (Galicia, Murcia, Cantabria y Castilla-La Mancha)

El 100% de los abortos financiados en La Rioja se derivaron a otra comunidad autónoma. En 2020 fueron 248

La Consejería de Salud justifica que no se practican IVE en La Rioja por objeción de los médicos y por falta de clínicas privadas acreditadas

En 2020, en plena pandemia con restricciones para moverse, el 15,5% de las IVE financiadas a mujeres residentes en Castilla y León se derivaron a otra comunidad autónoma. Un total de 209

Todas las mujeres de las provincias de Ávila, Palencia y Soria que abortaron en 2020 fueron derivadas a otra comunidad

91 mujeres residentes en Extremadura fueron derivadas en 2020 a abortar a clínicas privadas de Sevilla, Madrid o Salamanca

En la Comunidad de Madrid las derivaciones de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) a otra comunidad fueron un 0,10% del total de IVE financiadas a mujeres residentes en 2020

Puedes deslizar el cursor sobre el panel ? para consultar los datos

Viajar para abortar: las derivaciones en pandemia

De las cinco CCAA que afirman derivar pacientes a otros territorios, La Rioja destaca por ser la que más realiza esta práctica: en el 100% de los casos. Tal y como explican a Newtral.es desde la Consejería de Salud riojana: “Poco a poco se va a ir implementando en la pública, pero hasta 2022 todos los médicos eran objetores. Todas las mujeres que acuden al sistema público de La Rioja para abortar [en referencia a los años solicitados: 2019, 2020, 2021 y 2022] son derivadas a Navarra o a Zaragoza”. 

Esto implica que 248 mujeres residentes en La Rioja tuvieron que viajar para abortar en 2020. No son las únicas: hay otras 72 riojanas que también abortaron y tuvieron que hacerlo fuera de este territorio. Sin embargo, no lo hicieron a través del sistema público de salud (derivadas), sino que fueron directamente a una clínica privada costeándolo de su bolsillo. “Los obstáculos en el acceso provocan que haya una dilación en los tiempos, por lo que hay mujeres que prefieren ahorrarse varias semanas de espera. También es una opción para mujeres en situación administrativa irregular. Son motivos que explican por qué hay mujeres que todavía pagan por abortar”, apunta Esteffanny Molina.

Para realizar este reportaje, hemos pedido los datos de mujeres derivadas a otras CCAA. Esto implica que son cifras referentes a interrupciones voluntarias del embarazo costeadas por los sistemas autonómicos de salud. Por ejemplo, Castilla y León en 2020 financió 1.349 abortos, pero fueron en total 2.421 mujeres residentes en esta comunidad las que interrumpieron su embarazo. Es decir, Castilla y León costeó el 55,7% de los abortos de ese año. El 44,3% restante corresponde a mujeres de Castilla y León que pagaron ellas mismas el procedimiento.

De los abortos que fueron solicitados en el sistema público de salud y cursaron por esta vía, un total de 209 fueron derivados a otra comunidad autónoma: el 15%. Tal y como detalla el informe autonómico, todas las mujeres de Ávila, Palencia y Soria que requirieron una interrupción en 2020 fueron obligadas a desplazarse a otra comunidad autónoma (por lo general, Madrid) para poder abortar sin tener que abonar ellas el coste. Dicho informe especifica que otras 172 mujeres de Castilla y León interrumpieron fuera de esta comunidad pero por su cuenta, no derivadas por el sistema autonómico de salud.

Extremadura también deriva a usuarias. En concreto, el año de pandemia fueron 116, lo que representa un 10% de las mujeres que abortaron a través del sistema público. Las clínicas privadas a las que fueron derivadas están situadas en Sevilla, Madrid y Salamanca. “Llama la atención que, por ejemplo, Extremadura derive a algunas usuarias a la clínica de Salamanca, cuando, por ejemplo, Castilla y León solo tiene concierto con la clínica de Valladolid”, apunta la abogada Esteffanny Molina. Esto implica, como ya hemos explicado en Newtral.es, que a pesar de que hay una clínica acreditada para abortos en Salamanca, las mujeres de esta provincia son derivadas a Valladolid si quieren interrumpir su embarazo a través del sistema público.

En este sentido, Jordi Baroja, técnico en la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, señala a Newtral.es que “la organización territorial del aborto adolece de lógica”. “La ley se ha reformado este año para tratar de garantizar mejor el acceso, pero antes ya había mecanismos para hacerlo. Sin embargo, se han ido poniendo parches sin analizar los flujos y necesidades de las pacientes”, añade. 

Por último, para los años requeridos, Aragón reconoce haber derivado pacientes, pero ninguna de ellas en 2020. Representan, además, un porcentaje muy mínimo (no llega ni al 1%), como ocurre en el caso de Madrid. Esta comunidad, en 2020, derivó a 11 mujeres a otra comunidad autónoma, aunque no se especifica cuál. Supone un 0,1% del total de interrupciones financiadas ese año.

Respecto al resto de años en estas CCAA, en la siguiente tabla puedes consultar los datos de mujeres que tuvieron que viajar para abortar.

Por qué hay mujeres que abortan en otra comunidad

Cada año, miles de mujeres viajan a otras provincias o comunidades autónomas para poder abortar. Esto se debe a que en algunos lugares no solo no se practican interrupciones del embarazo por la supuesta objeción de conciencia, sino que tampoco hay centros privados acreditados con los que el servicio autonómico de salud tenga concertada la prestación, como ya explicábamos en Newtral.es. 

Por ejemplo, en Extremadura solo hay un centro que notifica abortos. Es privado y está en Badajoz. Así, las cacereñas se tienen que desplazar a esta otra provincia o, incluso, son derivadas a Sevilla, Madrid o Salamanca. 

Otro ejemplo: en Castilla y León hay tres clínicas acreditadas (una en León, otra en Salamanca y una tercera en Valladolid), pero solo una —Ginemédica, la de Valladolid— tiene un concierto con la administración de Castilla y León para practicar abortos a pacientes derivadas de la pública. Como explica a Newtral.es Emilia García, de la clínica Buenavista (León): “Todas las mujeres de Castilla y León que quieren abortar sin coste alguno son derivadas a Valladolid, a veces, como ya vemos, a otra comunidad autónoma. Si una mujer de León quiere abortar gratis en León, no puede. Puede venir a nuestra clínica, pero tiene que pagar el procedimiento porque no tenemos concierto con la Junta”. Y lo mismo ocurre con Salamanca, donde hay clínica pero no hay concierto. 

“Aunque haya clínicas concertadas en una comunidad autónoma, muchas mujeres son derivadas a otra comunidad diferente a la suya porque el procedimiento requiere una complejidad que muchas clínicas no pueden asumir. Suelen ser abortos por malformaciones fetales graves. Son casos en los que las mujeres están muy vulnerables, tanto física como psicólogicamente. Por eso es más sangrante que las obliguen a viajar para abortar, como bien dijo el Constitucional en la sentencia sobre el caso de Antonia Correa. Encima suelen ser derivaciones a clínicas privadas y no a hospitales”, expone Esteffanny Molina.

Mujeres que abortan en otra comunidad autónoma pero pagándoselo ellas, no a través de la derivación del sistema público

Hay cuatro comunidades que no han respondido a Newtral.es, y ocho que sí pero que aseguran que no derivan a pacientes: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco. Sin embargo, hay mujeres de estos territorios que realizan desplazamientos para acceder a un aborto. Esto implica que se lo costean ellas, ya que estas CCAA han negado que sean derivadas desde sus sistemas sanitarios. 

Por ejemplo, desde el Departament de Salut de Catalunya reconocen que “en 2021, 29 mujeres residentes se realizaron una interrupción del embarazo en otra comunidad autónoma”. En Baleares, para ese mismo año, fueron 42 mujeres residentes las que abortaron  en otra comunidad autónoma, como detalla este informe. Y en País Vasco, fueron 45 las que viajaron a otro territorio, según el informe autonómico. En la Comunitat Valenciana fueron 42 las mujeres residentes que abortaron en otra comunidad autónoma, tal y como especifica aquí la Generalitat. 

La abogada Esteffanny Molina explica que “no hay una única causa que explique estas cifras”: “No es como en el caso de las derivaciones, que se trata de una expulsión muy directa. Es tu sistema de salud diciéndote que no te va a atender ni en la pública ni en tu territorio. En este caso, la razón puede ir desde mujeres que por privacidad prefieren alejarse de su lugar de residencia hasta mujeres que temporalmente estén en otra comunidad autónoma. Pero la evidencia nos dice que muchos casos se deben a los obstáculos y dificultades que hay para acceder a un aborto”.

Por eso, Molina insiste en la importancia del fallo del Tribunal Constitucional al “constatar que se llevan incumpliendo nuestros derechos durante años”. En este sentido, Jordi Baroja apunta que “el estigma en torno al aborto ha jugado a favor del sistema porque no ha habido presión ciudadana”. “Las propias pacientes han guardado silencio por la vergüenza y el tabú, pero también por la indefensión aprendida. Si tu sistema te expulsa, piensas que te tienes que conformar, que cómo te vas a enfrentar a él, que no merece la pena pelear ni reclamar. Lo de Antonia Correa es algo excepcional y muy importante”, añade.

La nueva ley de interrupción del embarazo, es decir, la reforma de la ley de 2010 aprobada el pasado febrero, trata de evitar que haya mujeres que tengan que viajar para abortar. Uno de los mecanismos es la creación de un registro de objetores de conciencia en cada comunidad autónoma para que los centros sanitarios públicos se organicen de forma que siempre sea posible realizar esta prestación. Molina señala que “antes de la reforma, ya había formas de evitar los desplazamientos”. “Ha habido una dejación de funciones y un incumplimiento de la norma. La nueva ley es una gran noticia porque blinda algunas cuestiones, pero hay que seguir vigilantes de que se cumpla”, añade. Y como concluye Jordi Baroja: “Un lugar donde una mujer puede parir es un lugar donde se tiene que poder abortar”.