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Un decreto ley para frenar los desahucios por impago de alquiler
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Un decreto ley para frenar los desahucios por impago de alquiler

Los lanzamientos derivados del impago del alquiler representan al mayor grupo de población afectada por los desahucios, que en términos globales descendieron un 9,5% en 2019 

Foto | Wikipedia

Los juzgados españoles ordenaron el año pasado un total de 54.006 desahucios. Así lo indican las estadísticas del informe ‘Efecto de la crisis en los órganos judiciales’ de 2019 que el Consejo General del Poder Judicial publicó el pasado lunes, unas cifras que revelan un descenso del global de los lanzamientos del 9,5% con respecto a 2018. Los datos de 2019 mantienen la inercia de los últimos años, por la que hay casi 7 de cada 10 desahucios por impago del alquiler frente a los 3 derivados de ejecuciones hipotecarias.

La publicación de estos datos se enmarca en una semana en la que el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley para frenar los desahucios por impago del alquiler. Por un lado, prorroga hasta 2024 la moratoria de desahucios hipotecarios que se implantó por primera vez en 2013, pero además se centra en el grupo de población más afectado: los que pierden su casa por el impago del alquiler. El Ejecutivo se centrará en zonas en las que el mercado está “tensionado” y cuyos propietarios son “grandes tenedores de vivienda que se dedican al mercado inmobiliario”.

Lo más importante

El Gobierno calcula que la extensión de la moratoria y la ampliación de condiciones alcanzará a más de 29.000 familias en apuros que podrán seguir viviendo en sus casas, aunque no hayan pagado sus hipotecas. Sin embargo, por el momento no hay previsiones de cuántas personas que viven de alquiler podrán beneficiarse del freno a este tipo de desahucios. En parte, porque el acuerdo que defina qué medidas concretas se tomarán no está aún firmado, apunta Efe.

¿Cuál es el contexto?

Lo cierto es que el anuncio de esta medida entronca en semanas de polémica por las diferencias entre los socios de La Moncloa, de manera que al comunicar esta decisión se enfatizó el nivel de acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos. Este punto, además, cumple lo estipulado en su acuerdo de gobierno. Como recuerda El País, el ministerio encargado de Vivienda, el que capitanea José Luis Ábalos, ya anunció una reforma legal para habilitar controles a los precios del alquiler que tras lo planteado el martes “todo apunta que se abordará en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)”.

Al revisar los datos globales de 2019 y del cuarto trimestre del año del CGPJ se constata que tanto los desahucios de alquilados como los de hipotecados han caído con respecto al mismo periodo del año anterior. En los últimos tres meses de 2019 hay que destacar que los desahucios por aplicación de la LAU encadenaron con una reducción del 2,6% su tercer trimestre con caídas interanuales; una senda que ya transitan los casos motivados por el impago de hipotecas al cabo de 18 trimestres a la baja.

¿Qué hay que tener en cuenta?

La realidad de los desahucios no estuvo documentada con estadísticas periódicas en España hasta los años 2012 y 2013, años después del estallido de la crisis económica y a medida que se tomaba conciencia de ello como un problema social. En este momento, tres fuentes realizan estadísticas sobre desahucios en España:

  • Los datos del CGPJ proceden de los juzgados y no distinguen entre desahucios provocados por impagos hipotecarios o por impagos en el alquiler, o entre ejecuciones de vivienda habitual o segunda residencia o local comercial.
  • El Banco de España desglosa entre viviendas y otro tipo de inmuebles sobre la base de préstamos de compra de vivienda.
  • El Instituto Nacional de Estadística (INE) llega después, con datos recogidos por todos los registros de la propiedad de España.

#Fact 

Según los datos de desahucios visualizados por EPData, el comportamiento de las cifras correspondientes al primer trimestre del año suele ser alcista. 

El CGPJ publicará la próxima entrega del primer trimestre del informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales en el mes de junio.

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