Asistencia sanitaria a personas con VIH: las trabas para acceder al tratamiento antirretroviral y a la PrEP

Daniel Cortez convive con el VIH desde hace cuatro años, cuando se infectó poco después de llegar a España procedente de Venezuela. Este médico de 28 años denuncia, en conversación con Newtral.es, la situación de exclusión a la que se enfrentan las personas migrantes en situación administrativa irregular que tienen VIH desde que la Comunidad de Madrid implementó, hace apenas unas semanas, un nuevo protocolo de asistencia sanitaria para esta población: “Los criterios para tener acceso al tratamiento no cumplen los estándares humanitarios. Pero, además, es negativo en términos de salud pública”, explica. 

Se trata del Documento de Asistencia a Extranjeros sin Residencia Legal (DASE), un nuevo sistema diseñado por la Consejería de Sanidad que exige que las personas migrantes en situación irregular lleven, al menos, tres meses empadronadas en la Comunidad de Madrid, como se explica en la web.

Una vez realizado este trámite, la persona usuaria debe acudir a una de las nuevas unidades de tramitación, donde se le expedirá el DASE para acceder, así, a la asistencia sanitaria. 

¿Cómo era la asistencia antes del DASE en la CAM?

Ignacio Peña es coordinador de Salud entre Culturas, una ONG que ofrece servicios de mediación cultural e interpretación en el Hospital Ramón y Cajal (Madrid). En conversación con Newtral.es explica que “hasta hace unas semanas, Madrid atendía a la población migrante irregular en algunos hospitales de la red madrileña, principalmente en el Ramón y Cajal”: “Estos hospitales podían gestionar de forma interna un número de historia clínica a cualquier paciente independientemente de su situación administrativa, con el cual entraba en el circuito interno sanitario de estos hospitales”, cuenta Peña.

Salud entre Culturas, que trabaja mano a mano con otras ONG que dan asistencia a quienes acaban de migrar, actuaba de intermediario. Es decir, a través de Salud entre Culturas, esta población entraba en uno de estos hospitales para un cribado de enfermedades infecciosas, abriéndoles un número de historia clínica que permitía tratarles como pacientes a partir de ahí: administración de tratamiento, derivaciones a otras unidades por otros problemas de salud… 

Así, quienes por ejemplo eran diagnosticados de VIH tras el periplo migratorio (o ya lo tenían diagnosticado pero venían con medicación para apenas unos meses) seguían recibiendo tratamiento en España gracias a esta vía interna hospitalaria, independientemente del estatus administrativo de la persona. “Esto se ha acabado”, puntualiza Ignacio Peña. “A algunos pacientes les están dando de baja de nuestro sistema para que pasen a tramitar todo a través del DASE, y los nuevos migrantes tendrán que hacerlo también así. Esto implica, de facto, una exclusión del sistema sanitario”, añade.

Pablo Ryan Murúa, médico internista que trabaja en el Hospital Infanta Leonor en la consulta de VIH/SIDA y hepatitis, señala a Newtral.es que “desde el Real Decreto de 2012 siempre ha habido dificultades para tratar a la población migrante irregular, pero se hacía por la vía hospitalaria”: “La Comunidad de Madrid nos ha puesto las cosas más difíciles aún a los hospitales y a los médicos. Ya no podemos atender a estas poblaciones a las que dábamos asistencia sanitaria a través de estos circuitos internos”.

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Pablo Iglesias Rionda, técnico de incidencia política en Médicos del Mundo y miembro de REDER, una plataforma en defensa de la atención sanitaria pública y universal, señala en conversación con Newtral.es que “el problemático protocolo de la Comunidad de Madrid deviene de un Real Decreto, el 7/2018 aprobado por el PSOE, que es técnicamente malo”: “Cuando tú haces una norma que no está clara corres el riesgo de que haya comunidades, como la de Madrid, que hagan una interpretación excluyente”.

Iglesias Rionda pone el foco en el artículo 3 ter del Real Decreto 7/2018, que versa sobre la atención sanitaria a las personas extranjeras sin residencia legal. Este técnico apunta que “hay un problema en la redacción cuando habla de personas extranjeras que se encuentran en situación de estancia temporal”. 

“La redacción del artículo 3 ter confunde la situación de irregularidad administrativa con la situación de estancia temporal, que es una estancia autorizada por un periodo de 90 días. Esta redacción confusa ha permitido que una comunidad autónoma pueda exigir un mínimo de tres meses para reconocer el derecho a la atención sanitaria de las personas migrantes. Algunas comunidades, como en el caso de Madrid, llevan este requisito hasta el punto de denegar la atención a situaciones de especial vulnerabilidad a personas que no acrediten esos 90 días”, apunta Iglesias Rionda. 

En este sentido, según el técnico de Médicos del Mundo y REDER, “el criterio para reconocer el derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos debería ser la intención de la persona de permanecer y vivir en territorio español, circunstancia que cabe acreditar por medios que no exigen un tiempo mínimo de estancia, como puede ser el padrón, certificados de escolarización de menores a cargo o un informe de servicios sociales”.

Reyes Velayos, presidenta de la Coordinadora estatal de VIH y SIDA (CESIDA), señala a Newtral.es que, de momento, “solo consta que Madrid es la que está aplicando un protocolo tan restrictivo”: “Ahora mismo es indispensable que lleven empadronados tres meses. Ya nos han llegado casos de personas que estaban en tratamiento y les han dado de baja en el sistema hospitalario, por lo que su tratamiento con antirretrovirales se ve interrumpido”, añade.

Gerjo Pérez, responsable del equipo de salud de la Fundación Triángulo y de Refugiados Sin Fronteras, explica uno de esos casos en conversación con Newtral.es: “Se trata de un chico que se dedica al trabajo sexual y que se infectó en España. Yo mismo le di el positivo y le acompañé en el proceso de confirmación. Hace poco le denegaron el asilo, él es colombiano. Le han dado de baja del sistema y no puede acceder al tratamiento por VIH”. 

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Las trabas del sistema de acceso sanitario para población migrante en la Comunidad de Madrid

Reyes Velayos critica la burocracia implementada en la Comunidad de Madrid: “Empadronarse no es fácil, y menos para personas que no tienen red aquí, que tienen barreras culturales e idiomáticas… No todo el mundo tiene un contrato de alquiler o suministros puestos a su nombre”.

Además, apunta la presidenta de CESIDA, “una vez tramitado el padrón y pasados tres meses, hay que pedir cita en una unidad de tramitación, en las que también hay listas de espera porque solo han creado siete en todo el territorio”. 

Ignacio Peña, de Salud entre Culturas, señala también que “no se trata solo del VIH”: “Hasta ahora metíamos en el circuito hospitalario a migrantes recién llegados para un cribado de enfermedades infecciosas. Ahora no podemos hacer eso tampoco. Esos cribados son importantes porque te permiten detectar, por ejemplo, una hepatitis. Este protocolo es un atentado contra la salud pública”, analiza.

Riesgos para la salud individual y para la salud pública

Jésica Abadía, médica internista del Hospital Río Hortega (Valladolid), explica a Newtral.es que la importancia del tratamiento con antirretrovirales reside en que “los pacientes con VIH pasan a estar indetectables y, por tanto, no transmiten la infección”.

“Si se interrumpe el tratamiento, pasan a estar detectables y, por tanto, transmisibles. Esto es negativo para la propia salud de los pacientes y también para el tratamiento a futuro, si se vuelve a administrar: en ese parón se puede generar resistencia a uno de los fármacos y que, por tanto, ya no se pueda tratar al paciente con él”, añade Abadía.

José Antonio Pérez Molina, médico infectólogo del Hospital Ramón y Cajal, señala a Newtral.es que “no se debe estigmatizar a la población migrante como si fuese una población infecciosa o enferma”: “La mayoría de migrantes están sanos, pero, a veces, el propio periplo migratorio o sus condiciones de vida hace que puedan enfermar. De lo que no cabe duda es de que tres meses sin tratamiento para una persona con VIH es mucho”. 

Por su parte, José Manuel Hermida, también médico infectólogo del Ramón y Cajal, explica a Newtral.es que “la calidad de vida sin tratamiento puede disminuir mucho”, pero, además, “es negativo en términos de salud pública e, incluso, en términos económicos”: “Por un lado, si tratas a una persona que convive con VIH, es indetectable, por lo que no transmite la infección. Esto es positivo para evitar la transmisión comunitaria. Por otro lado, esto mismo hará que estos pacientes estén más sanos y hagan menos uso del servicio sanitario”, añade. 

Hermida también indica que “el proceso administrativo implementado no es nada fácil”: “No todo el mundo tiene una conexión a internet para pedir citas para el padrón o para las unidades de tramitación. Y también hay una barrera idiomática y cultural importante”. 

Han pasado dos años desde que España incluyese la profilaxis preexposición (PrEP) en la cartera básica de servicios comunes, un fármaco eficaz para prevenir el VIH y cuyo acceso está financiado para determinados grupos de riesgo: hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), personas trans y mujeres en situación de prostitución. En los dos primeros casos han de cumplir al menos dos criterios de los siguientes: 

• Más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año
• Practica de sexo anal sin preservativo en el último año
• Uso de drogas relacionado con el mantenimiento de relaciones sexuales sin preservativo en el último año
• Administración de profilaxis post-exposición en varias ocasiones en el último año
• Al menos una ITS bacteriana en el último año

Y en el caso de trabajadoras sexuales, deben referir “un uso no habitual del preservativo”.

Para el internista Pablo Ryan Murúa, estos criterios pueden resultar arbitrarios en tanto que “la actividad sexual y las prácticas sexuales son muy cambiantes incluso en periodos cortos de tiempo”. La internista Jésica Abadía señala que “es necesario establecer unos grupos de riesgo”, aunque coincide con Ryan Murúa en que, por ejemplo, “lo de las 10 parejas sexuales no tiene base científica porque no hay datos concluyentes sobre el número de parejas sexuales y el contagio por VIH”. 

Según un informe de octubre de 2021 del Ministerio de Sanidad, en España hay, actualmente, 9.092 usuarios con PrEP. La mayoría se concentran en Cataluña (5.000) y en Madrid (1.808). Sin embargo, el funcionamiento en ambas comunidades autónomas es diferente.

Mientras que en Cataluña hay hasta 21 centros que dispensan este fármaco eficaz en la prevención del VIH, tal y como señala el informe mencionado, en Madrid solo hay uno, el Sandoval. Es la comunidad con menos centros para dispensar PrEP, junto con La Rioja.

Ana Silva, médica investigadora en la Unidad de ETS del Hospital de Bellvitge (Barcelona), considera que “en Cataluña la implementación es mejor que en Madrid, pero aun así no está llegando a todo el mundo que debería”: “No se le da eco fuera de las ONG que trabajan con estos grupos de riesgo. Además, solo se puede recoger en farmacia hospitalaria. Lo ideal es que se pudiera recoger en cualquier farmacia”, explica a Newtral.es.

Ryan Murúa considera que la exclusión de la población migrante del sistema sanitario también es un problema de cara a la PrEP: “Un centro es insuficiente, la lista de espera está en torno a seis meses. Esa centralización unida a los requisitos para acceder a la sanidad hacen que este fármaco, que se sabe que es muy efectivo, no llega a población migrante que se dedica al trabajo sexual. Esto sería clave en la lucha contra el VIH”.