¿Qué es el techo de gasto y con qué criterios se fija?

El techo de gasto es el mecanismo que sirve para limitar el gasto no financiero de las Administraciones públicas, esto es: el gasto del Estado central sin contar con la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Los gastos financieros serían los relativos al pago de deuda y créditos, entre otros.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) define el techo de gasto como un “instrumento de gestión presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula el gasto presupuestario que permite el cumplimiento del objetivo de estabilidad”. De esta forma, se evita que las Administraciones Públicas disparen sus compromisos en momentos de optimismo y los limiten al máximo cuando haya crisis. Se calcula en el segundo trimestre del año y en cualquier caso antes del 1 de agosto.

Es importante aclarar que el techo de gasto no es lo mismo que la regla de gasto, un instrumento fiscal para controlar el gasto público, vinculado a la recaudación de impuestos. 

¿Cómo se fija el techo de gasto cada año? 

“La regla de gasto constituye una buena guía de disciplina presupuestaria en tiempo real para las Administraciones Públicas ya que, a diferencia de otras reglas fiscales más complejas para cuya aplicación es necesario realizar cálculos estadísticos, esta regla se aplica sobre los gastos que son datos directamente observables”, explica la AIReF. 

La actual regla de gasto aparece con la aprobación de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y se aplica por primera vez en el ejercicio 2013. El artículo 12 de la LOPESF define los parámetros en los que debe mantenerse la regla de gasto en los siguientes términos:

“La variación del gasto computable de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española”

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En el primer semestre de cada año, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local, fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria, teniendo en cuenta la capacidad o necesidad de financiación y el objetivo de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores. Dichos objetivos estarán expresados en términos porcentuales del Producto Interior Bruto nacional nominal.

¿Por qué se encuentran suspendidas las reglas fiscales? 

En 2020 con motivo de la pandemia de Covid-19  se suspendieron las reglas fiscales que limitaban el techo de gasto a propuesta de la Comisión Europea y con la intención de flexibilizar la capacidad de las administraciones de hacer frente a los gastos derivados de la crisis sanitaria. Esta medida se aplicó para el ejercicio 2021 y también para el de 2022. 

El acuerdo del Consejo de Ministros para 2023 también incluye el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales. Esta vez para dar “mayor flexibilidad para afrontar la crisis derivada de la invasión de Ucrania”, según explica el Gobierno.

Por tanto, se solicitará de nuevo al Congreso de los Diputados que aprecie si en España concurren las circunstancias extraordinarias previstas en el artículo 135.4 de la Constitución Española y 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Es el mismo trámite que se siguió en años anteriores para suspender las reglas fiscales nacionales.

En cualquier caso,aseguran en la referencia del acuerdo de Ministros, “la suspensión de las reglas fiscales no implica abandonar la responsabilidad fiscal”, sino que se mantiene el compromiso con la reducción del déficit público.