Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado que la restricción que existe en España para limitar las licencias de VTC frente a los taxis (vehículos que utilizan muchos de los conductores de aplicaciones como Cabify o Uber) es contraria a las normas de funcionamiento de la Unión Europea.
En concreto, el fallo del TJUE ha resuelto una petición prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este tenía dudas sobre la validez de una normativa estatal del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que exigía la obtención de una licencia doble para prestar servicios de VTC en Barcelona. Además, limitaba el número de licencias de servicios de VTC a una por cada 30 de taxi.
La sentencia del TJUE se opone a la ratio 1/30 que limita las licencias de VTC frente a las de taxi pero no a la doble licencia
La sentencia de los letrados del tribunal de Luxemburgo, hecha pública el jueves 8 de junio, falla en dos sentidos.
Por un lado, admite la posibilidad de exigir una licencia adicional a los VTC otorgada por el municipio donde presten servicio –la AMB en este caso– siempre que esa autorización extra se base en “criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano que excluyan cualquier arbitrariedad y no se solapen con los controles ya efectuados en el marco del procedimiento de autorización nacional, sino que respondan a necesidades particulares de esa conurbación”.
Por otro lado, se oponen a establecer una limitación al número de licencias de VTC a una por cada 30 licencias de taxis. Al respecto, los abogados argumentan que esta restricción no garantiza “la consecución de los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente”.
Esta resolución no solo afecta a Barcelona sino a toda España ya que el reglamento de la AMB recogía una ley nacional que incluía esta restricción desde el 2018. De esta forma, tras la resolución del tribunal europeo, los juzgados que tramitan demandas de licencias de VTC denegadas deberán ajustarse a la decisión del TJUE.
“A partir de este momento, todos aquellos casos que estén pendientes de sentencia en los que una comunidad autónoma hubiera denegado una autorización VTC por la limitación del 1/30, al ser contraria al derecho europeo, ahora serán favorables a la concesión de licencias VTC para el transporte interurbano”, indica a Newtral.es Marc Tarrés, doctor en Derecho experto en transporte y movilidad urbana de la Universidad de Barcelona. “Y, además, aquellas localidades que lo justifiquen, podrán exigir a partir de ahora una licencia adicional a los VTC para permitirles operar en su territorio”, añade Tarrés.
El origen del conflicto: las idas y venidas de la ratio 1/30
El origen del conflicto entre el sector del taxi y los VTC se remonta a 2009, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero liberalizó por completo el sector con la conocida como Ley Ómnibus. Esta eliminaba la ratio 1/30 del ordenamiento jurídico, elevando a los VTC –hasta ese momento de uso minoritario– al rango de competencia directa con el sector del taxi.
Ante las primeras protestas, el Gobierno de Mariano Rajoy volvió a modificar la legislación en 2013 para tratar de limitar las licencias de VTC. En 2015 se impusieron de forma efectiva estas limitaciones a través del decreto 1057/2015, que recuperaba la regulación del 1/30. Es decir, “desde el 2010 [por la Ley Ómnibus] y hasta el 2015, desaparecieron los límites cuantitativos al número de autorizaciones de VTC”, explica Tarrés.
Sin embargo, a pesar de las restricciones, las licencias de VTC continuaron otorgándose por vía judicial. El enfrentamiento volvió a agravarse en julio 2018 cuando la mayoría de taxistas de las grandes ciudades españolas pararon para pedir cambios legales que les protegieran frente a la entrada sin limitaciones de la competencia de los VTC. El conflicto estalló en Barcelona cuando se aprobó el reglamento metropolitano al que se refiere ahora esta sentencia, que incluía la limitación 1/30 y exigía a los conductores de VTC operar con una licencia adicional a la estatal, otorgada por la administración local.
La sentencia del TJUE sobre licencias de taxis y VTC responde a una cuestión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
El reglamento metropolitano de 2018 se dictó coincidiendo con la aprobación del decreto ley 3/2018 que elevaba a norma con rango de ley lo hasta entonces contenido en el real decreto de 2015: la ratio 1/30. El Tribunal Supremo avaló esta limitación en una sentencia meses después, aunque también anuló otras exigencias de la norma.
Poco después, la norma catalana fue recurrida por la empresa Prestige and Limousine S.L., filial de Cabify. Tras estudiarla, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó su suspensión cautelar y provisional mientras resolvía ciertas dudas respecto a su compatibilidad con el reglamento europeo.
En concreto, la Justicia catalana elevó al TJUE dos cuestiones prejudiciales ya que tenía dudas sobre si los artículos 49 (que prohíbe las restricciones a la libertad de establecimiento de empresas) y 107 (que impide las ayudas estatales para favorecer a determinadas empresas) del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) eran compatibles con las restricciones a las licencias de VTC del reglamento metropolitano.
En su resolución de diciembre de 2022 (informativa pero no vinculante), el abogado general de la UE, Maciej Szpunar, también se opuso a la proporción 1/30 porque “no resultan idóneas para realizar el objetivo de gestionar el transporte local, el tráfico y el uso del espacio público o proteger el medio ambiente y, por lo tanto, constituyen una restricción desproporcionada a la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 TFUE”.
En paralelo: el ‘decreto Ábalos’ de 2018
En paralelo a la norma que recoge la limitación un VTC por cada 30 taxis (rechazada ahora por la sentencia del TJUE) y tras las protestas de los taxistas, el Gobierno aprobó el conocido como decreto Ábalos, por haber sido tramitada por el anterior ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos. Esta norma permitía a las comunidades autónomas crear sus propias reglas para otorgar o denegar nuevas licencias de VTC y daba para ello una prórroga de cuatro años.
Como contamos en Newtral.es, el plazo venció el 30 de septiembre del 2022 y la mayor parte de las comunidades autónomas continuaban sin regular el uso de este tipo de transporte. A 1 de junio de 2023, hay 60.302 licencias de taxis y 18.490 de VTC operando en España, según la cartera de Transportes.
La mayoría de estas licencias se encuentran en la Comunidad de Madrid (15.053 taxis y 8.795 VTC, 1,7 taxis por cada VTC), Andalucía (8.704 taxis y 3.435 VTC, 2,53 taxis por cada VTC) y Cataluña (11.824 taxis y 2.907 VTC, cuatro taxis por cada licencia de VTC). “Es imposible que las comunidades autónomas cumplan con la norma 1/30, el sector ha estado completamente liberalizado demasiados años”, indica Tarrés.
- Marc Tarrés, doctor en Derecho experto en transporte y movilidad urbana de la Universidad de Barcelona
- Sentencia del TJUE
- Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
- Comunicación del Tribunal Supremo por el que avala el límite de una licencia de VTC por cada 30 de taxi
- Reglamento del Área Metropolitana de Barcelona
- Tratado de Funcionamiento de la UE
- Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre
- Conclusiones del abogado general de la UE
- Datos de licencias de taxis y VTC del Ministerio de Transportes
