En 2014 Pedro Sánchez fue elegido secretario general del PSOE. Su partido llevaba tres años en la oposición de un Gobierno del PP con mayoría absoluta, al que el dirigente socialista identificaba -entre otras cosas– con lo opaco, los dedazos y la corrupción. Contra todo ello, Sánchez planteaba un programa basado en la regeneración democrática y en contra de la «colonización» de instituciones como el Tribunal Constitucional por parte de los partidos.
En 2022, Pedro Sánchez lleva más de cuatro años en La Moncloa, desde donde ya ha dado el visto bueno al nombramiento de una exministra de Justicia -Dolores Delgado- como Fiscal General del Estado y, ahora, ha elegido a quien fue su sucesor, Juan Carlos Campo, como magistrado del Tribunal Constitucional. Junto a su ex compañero, el Consejo de Ministros ha incluido este martes en la terna que le corresponde a la ex asesora del Ministerio de Presidencia Laura Díez.
- Curriculum Vitae. Una vez dejó el Gobierno, Campo retornó a su plaza de magistrado en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por su parte, Díez es catedrática de Derecho Constitucional.
Antes de empezar: así se renueva el Tribunal Constitucional
En el caso del Tribunal Constitucional, de sus 12 miembros, cuatro son elegidos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el CGPJ y dos por el Gobierno. Son designados por un periodo de nueve años y se van renovando por tercios.
Desde junio de 2021 está pendiente la sustitución de este último tercio (Ejecutivo + CGPJ). El problema es que en esos momentos estaba en vigor una ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos que impedía al órgano de gobierno de los jueces nombrar a sus candidatos por encontrarse en funciones. Este verano se revirtió dicho precepto, pero el posible acuerdo de populares y socialistas para renovar el CGPJ retrasó la designación.
Una vez rotas las conversaciones, el sector moderado de este órgano se niega a elegir a su aspirante, por lo que el Ejecutivo ha optado por nombrar por su cuenta a los suyos, sin esperar a los dos del CGPJ. Hay dudas jurídicas de si esto es posible, pero es que está en juego la mayoría en el Tribunal Constitucional: con los dos magistrados de Moncloa, los progresistas pasarían a ser más, factor que podría decantar las decisiones del TC sobre normas tan polémicas como la del aborto de 2010, la ley Celáa o la ley de la eutanasia.
2014. La promesa de luchar contra la “descolonización” de los partidos
Al poco de ser elegido como líder del PSOE, Pedro Sánchez aseguró que ofrecería al PP un acuerdo sobre medidas de limpieza democrática. Entre ellas, según un artículo que él mismo compartió en su cuenta de Twitter, se encontraba la “descolonización” de las instituciones para evitar la apariencia de que las formaciones se repartían los puestos en estos órganos en el Parlamento.
Aunque el acuerdo no llegó, Sánchez insistió en la idea y en noviembre de 2014 se mostró dispuesto a reducir la incidencia de su partido en la Justicia: «Estoy dispuesto a recortar el poder de decisión del PSOE en todos los órganos judiciales», aseguró en laSextaNoche.
En esta misma línea, en la cuenta del PSOE liderado por Sánchez se apostaba por lo que entendía como un “#CambioSeguro” en este área: “No más colonización por los partidos de instituciones: Tribunal Constitucional, CGPJ, Banco de España, RTVE, T.Cuentas, etc.”.
En su opinión, dicho cambio debía pasar por “sustituir la afinidad por el mérito y la capacidad”.
2015 y 2016. La propuesta electoral de Sánchez: quitar la potestad al Gobierno y al CGPJ de elegir magistrados del Tribunal Constitucional
En sus primeras elecciones generales como candidato, las de diciembre de 2015, Pedro Sánchez incluyó en su programa una promesa para cambiar la forma en que se elige a los magistrados del Tribunal Constitucional y que ni el CGPJ ni el Gobierno tuvieran esa potestad.
En concreto, “atribuir en exclusiva a las Cámaras la designación de magistrados del Tribunal Constitucional. La mitad serán designados por el Congreso y la otra mitad por el Senado. Los magistrados designados por el Senado lo serán de entre los propuestos por las Comunidades Autónomas”, rezaba la propuesta incluida en el apartado de calidad democrática e instituciones. La medida se calcaba en el programa de los comicios del 26 de junio de 2016.
2019. El veto a Iglesias en nombre de la independencia del Poder Judicial
El planteamiento, no obstante, desapareció del documento con las promesas electorales de las elecciones del 28 de abril de 2019. Tampoco aparecía referencia alguna a la «colonización» de instituciones por parte de los partidos que Sánchez criticaba en su día.
Tras estos comicios, PSOE y Unidas Podemos no consiguieron llegar a un acuerdo para conformar un Gobierno de coalición. Pero entre los motivos por los que Pedro Sánchez justificaba su ‘no’ a Pablo Iglesias estaba su posición respecto a la separación de poderes.
Preguntado en una entrevista en laSexta, respondió: “Necesito un gobierno con un vicepresidente que defienda la democracia española, que diga que este país tiene un Estado social y democrático de derecho, que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo y que aquí no se persigue a nadie por sus ideas y que no están encarcelados por sus ideas”, aseguraba en este caso referencia al juicio del procés.
Vergüenza absoluta de un gobierno vendido cedido a nacionalistas . Que no defiende a España y emponzoña la labor de los jueces. Los jueces son independientes y deben ser libres de ideologías....