Las comunidades recortan hasta en un 86% las rentas mínimas de inserción por perceptor desde la entrada en vigor del ingreso mínimo

La irrupción del ingreso mínimo vital (IMV), la ayuda que ofrece el Estado desde junio de 2020 y que este año ha crecido un 6,9%, ha redibujado el mapa de las ayudas sociales en España. Especialmente en lo que se refiere a las rentas mínimas de inserción (RMI), que son competencia de las comunidades autónomas.

Estas ayudas son un recurso destinado a paliar situaciones de carencia material básica de las personas más vulnerables o en situación de exclusión social. Se trata de uno de los niveles asistenciales más básicos y que suelen percibir quienes ya han agotado otros recursos como subsidios y prestaciones por desempleo o familias con pocos recursos que no pueden afrontar gastos esenciales.

El diseño de estas rentas mínimas de inserción corre a cargo de cada territorio, por lo que en la actualidad, que sean más o menos accesibles depende de cada autonomía. Muchas de ellas, como Andalucía o Madrid, han hecho de las RMI tengan carácter subsidiario al IMV, por lo que para recibir la autonómica, el solicitante debe pedir primero la ayuda estatal y, si esta es rechazada, optar a la de esas comunidades.

Otros gobiernos autonómicos, en cambio, permiten compatibilizar estas ayudas con el ingreso mínimo vital o mantienen una parte de las mismas como complemento a la ayuda estatal. La tendencia muestra un descenso del gasto. Para Ana Arriba, socióloga del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá, se mantiene dentro de lo “lógico”, ya que “ambas ayudas van orientadas al mismo sector de población”.

Arriba sostiene que, conforme avanza la implantación del IMV, las rentas mínimas de inserción toman un carácter “complementario” o directamente desaparecen de los planes de auxilio social, aunque eso depende de la política que lleve a cabo cada comunidad autónoma.

El gasto medio por persona en rentas mínimas de inserción sube un 396% en Baleares

Como consecuencia de la reducción del gasto en las RMI, el desembolso por beneficiario de estas ayudas ha caído en la mayoría de comunidades. Sin embargo, en otras como Baleares, que permite la compatibilidad de la ayuda autonómica con la del Estado, el gasto medio por perceptor ha aumentado un 396%, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Otra de las comunidades autónomas que han aumentado su gasto por beneficiario desde 2020 es Andalucía, que casi lo duplica y marca un aumento del 92%. Murcia (sube un 54,1%), Cataluña (10,5%) y Cantabria (4,2%) cierran las posiciones positivas.

En el resto de España este tipo de gasto se ha reducido. Destacan los casos de, otra vez, Aragón, con un descenso del 86,2%, La Rioja (-54,4%) y Melilla (32,2%). Para entender bien el contexto de estos datos, Arriba señala que hay que tener en cuenta que en el año 2020 estas partidas crecieron mucho a causa de la pandemia. La recuperación económica de aquella crisis y la llegada del IMV hacen, por tanto, que los descensos sean especialmente acusados.

Sin embargo, estos números no deben abordarse únicamente desde los porcentajes, sino que para entenderlos en su totalidad, hay que observar el número absoluto de beneficiarios y su evolución.

El número de beneficiarios de rentas mínimas de inserción desciende un 73% en Madrid

El caso más sonado en el descenso de beneficiarios de las rentas mínimas de inserción se encuentra en la Comunidad de Madrid. La región capitalina ha visto desaparecer al 73% de los perceptores de su RMI. De esta manera, las arcas autonómicas se han ahorrado en esa partida 108,6 millones, el 81% del presupuesto que destinó para ello en 2020.

La siguiente comunidad que más ha visto descender su número de beneficiarios es la Región de Murcia, con un 70,9% menos. El tercer puesto lo tiene Andalucía, con el porcentaje antes señalado. En el caso de Baleares, el descenso en el número de beneficiarios es del 62,3%, por lo que el aumento en el gasto medio por perceptor del 396% se debe en parte a que las partidas presupuestarias se dividen entre menos beneficiarios.

Madrid, al igual que Andalucía, determina que sus RMI son subsidiarias del IMV, aunque ambas comunidades tienen ayudas para complementar el IMV en los casos que sea necesario. Sin embargo, en los últimos dos años, organizaciones como la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales han denunciado que las comunidades autónomas estaban aprovechando el IMV para recortar su gasto social.

La Asociación recordaba en el mismo comunicado que la pobreza, la carencia material, no es lo mismo que exclusión social, y que las cuantías del IMV son “a todas luces insuficientes” para erradicar ese punto. La organización pidió entonces que no se escatimara en esas partidas, sino que se usaran para aumentar el gasto y complementar al IMV.

Arriba afirma que el hecho de que las rentas mínimas de inserción desciendan, por sí mismo, no es un hecho extraordinario, pero señala que la cuestión principal es en qué se está usando ese ahorro: “El tema es si el ahorro se utiliza para complementar o potenciar otras ayudas o si directamente desaparece y punto”.

El gasto total ha bajado un 12,2%: 240,2 millones menos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones elabora informes anuales con los datos de las RMI que le comunican las comunidades autónomas. En el último disponible, el de 2022, señala que se ha dado un bajón de beneficiarios de las rentas mínimas de inserción debido a la creación de su propia ayuda. En los informes para ese mismo año de algunos territorios, como Andalucía, también se apunta explícitamente al IMV como la causa de este descenso.

La consecuencia inmediata de esta situación es que el gasto ejecutado en las partidas presupuestarias destinadas a las RMI ha sufrido un recorte en 12 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. Las que más han recortado son Aragón, Madrid y Melilla donde los recortes han sido de un 84,5%, 81,2% y 79,2%, respectivamente.

La experta en la Universidad de Alcalá advierte de que hay que mirar los datos en profundidad para entender su dimensión. En ese sentido, tal y como señala el informe, el caso de la comunidad aragonesa es paradigmático. A pesar de ser la que más reduce el gasto ejecutado para las RMI, la comunidad ha creado una ayuda específica que complementa el ingreso mínimo vital, lo que conlleva de facto un refuerzo de esa ayuda con medios propios.

Ejemplo de lo contrario son comunidades como Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía o Madrid, señala Arriba, ya que en esos territorios estas ayudas mínimas prácticamente “desaparecen” o se ven reducidas a la mínima expresión al tiempo que también se reduce el gasto ejecutado.

Pero no todo son recortes. Algunas comunidades han aprovechado la creación del IMV para utilizar sus ayudas como un refuerzo del mismo, haciéndolas, de hecho, compatibles. El caso más destacado es el de Canarias, que ha aumentado su gasto en un 126,7%, al tiempo que los beneficiarios han aumentado en 25.935 entre 2020 y 2022. En Baleares, donde destacaba el aumento en gasto por perceptor, el gasto total ha aumentado un 87,3% más en las rentas mínimas de inserción. 

En cifras totales globales, el gasto ejecutado en financiar las rentas mínimas de inserción se ha reducido un 12,2% de media, lo que en números absolutos supone 240,2 millones de euros menos.