El debate sobre la sostenibilidad económica y medioambiental del turismo a través de cobrar tasas turísticas que compensen los impactos y externalidades negativas que genera el sector en un territorio ha vuelto a ponerse sobre la mesa ante la mejora de la situación sanitaria y, por tanto, económica.
El sector turístico, uno de los que más han sufrido las consecuencias de la crisis económica derivada del coronavirus, se encuentra al alza tras un verano que ha notado una tímida recuperación, según los últimos datos publicados por el INE, aunque aún está lejos de alcanzar las cifras anteriores a la pandemia.
En concreto, España recibió el segundo agosto tras el estallido de la COVID-19 a 5,2 millones de turistas internacionales, un 112,8% más que en el mismo mes del año anterior, cuando el país apenas recibió a 2,4 millones de visitantes. Pese a la mejoría todavía suponen la mitad de los turistas que llegaron en 2019, antes de la crisis sanitaria, cuando se contabilizaron más de 10 millones de visitantes, según el INE.
Madrid y Valencia debaten la tasa turística
Ante estos datos halagüeños, formaciones políticas en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana han propuesto crear tasas turísticas, tal y como existen ya en Cataluña y en las Islas Baleares para mejorar la calidad del turismo en la región. En la capital, la medida la ha presentado Más Madrid con el objetivo de “avanzar en la sostenibilidad medioambiental y el cumplimiento de la normativa laboral en los establecimientos turísticos de la Comunidad de Madrid”.
Para ello, la propuesta del partido liderado por Mónica García quiere crear una “tasa de pernoctación con carácter finalista, destinando su recaudación a la sostenibilidad de establecimientos turísticos y a amortiguar sus impactos medioambientales”. La idea se formalizó en una Proposición No de Ley que el grupo llevó a la Asamblea celebrada el 21 de octubre (min. 6:18:49) y fue rechazada desde el principio por el voto en contra del bloque de la derecha y la abstención del PSOE.
La Comunidad Valenciana propone gravar las pernoctaciones con la patronal hotelera en contra
En la Comunidad Valenciana han sido los socios del Gobierno de Ximo Puig, Compromís y Podemos, los que han presentado una propuesta para implantar la tasa turística a partir de 2022, incluida en los presupuestos del año que viene. Su recaudación, tal y como explica el portavoz de Compromís, Fran Ferri, a Newtral.es estaría destinada a políticas públicas “para mejorar el patrimonio cultural y medioambiental del territorio, y a políticas de vivienda pública para paliar el efecto que tiene la proliferación de pisos turísticos que acaban expulsando a los vecinos del centro de las ciudades”.
El PSOE está abierto a debatir la medida con el propio sector, que la rechaza “de manera inmediata y tajante”, según explica la patronal Hosbec, la Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana. “El solo anuncio puede causar daño en la recuperación turística”, afirman. “Además, para que existan viviendas disponibles para el alquiler y que los jóvenes se puedan emancipar, hay políticas mucho más útiles y efectivas como aplicar restricciones y prohibiciones para la hotelización de viviendas y el alquiler turístico alegal a través de portales de internet y similares”, añaden desde la patronal valenciana.
En cualquier caso, la medida se debatirá en los próximos plenos que celebren las Cortes Valencianas y esperan llegar a un punto de consenso antes de Navidad, según explica Ferri. “Nosotros proponemos que la tasa sea autonómica para que se aplique a cualquier turista que llegue a la ciudad y el PSOE que sea municipal y voluntaria, creemos que hay espacio para el acuerdo”.
En la ciudad de Valencia, recuerdan desde Compromís, su alcalde Joan Ribó, de Compromís, lleva varios años pidiendo a la Generalitat poder aplicar una tasa turística para sufragar los gastos adiciones que genera el turismo en la ciudad, como la seguridad o la limpieza. “Es una ciudad perfecta para aplicar este impuesto”, afirman. Sin embargo, desde la patronal discrepan. “Valencia estaría en clara desventaja competitiva respecto a ciudades con las que se bate en los mercados de negocios, destinos sin tasa que serían elegidos de forma preferente”.
Los economistas lo avalan, los hoteleros lo rechazan, los ecologistas lo toleran
El gravamen a las pernoctaciones para mitigar los efectos ambientales del turismo en España, cuya industria supuso el 12,4% del PIB en 2019 según el INE, es fuente constante de conflictos entre partidos políticos, enfrenta a economistas que lo avalan contra hoteleros que lo rechazan, a pesar del impacto de la tasa en las arcas públicas.
“Este tipo de impuesto es muy positivo”, enfatiza María Llanos, doctora jubilada en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, experta en Turismo y Calidad de Servicios. “El turismo degrada las ciudades, genera un uso y un coste que pagamos los ciudadanos y que el turista no paga. El impuesto obliga al turista a dejar algo a su paso”.
Carles Mulet, secretario de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT) añade, por su parte, que “el importe recaudado de dichas tasas debe invertirse en fomentar un turismo sostenible así como para rehabilitar, mantener y proteger bienes turísticos con el objetivo de sostener su explotación”, explica a Newtral.es.
Según Llanos, la tasa alienta un turismo más sostenible y ayuda a limitar el turismo masivo. Al contrario que los hoteleros, los expertos defienden la idea de que el impuesto no frenará la llegada de turistas a la región que la aplique. “Si por tres euros el visitante deja de venir a una ciudad, ese turismo no nos interesa en absoluto porque no nos interesa el turismo de botellón, son los que no dejan aquí ni un euro”, comenta Llanos.
Mulet coincide y añade, además: “La tendencia será la de la introducción paulatina de dicha tasa en el resto de comunidades autónomas, por lo que la presunta ventaja en costes irá desapareciendo paulatinamente”. Según el secretario de AECIT, “los turistas son cada vez más conscientes de la necesidad de incentivar un turismo más sostenible, por lo que no ven con malos ojos la implantación de dichas tasas”.
Además, según afirma el experto los principales destinos turísticos del mundo ya aplican en sus destinos tasas turísticas, como es el caso de Alemania, Austria, Bélgica, Escocia, Francia, Italia, Portugal. “Los turistas ya están acostumbrados a tener que abonar esas tasas, por lo que es muy difícil que la tasa turística disuada la llegada de visitantes a un territorio en favor de otro que no tenga implantada dicho impuesto”.
Llanos, por su parte, insiste en aprovechar la tendencia de recuperación económica general y del turismo internacional tras la pandemia para replantear el modelo turístico español. “Este es el mejor momento para sentar otras bases que propicien un turismo de mayor calidad”, afirma.
Los ecologistas, sin embargo, no vinculan la sostenibilidad con la tasa turística aunque sí lo consideran una buena idea en cuanto a que “el dinero que se recauda se destina a gastos que ocasiona el propio turismo, como oficinas de información, aparcamientos turísticos, entre otros”, explica Belén García, responsable de turismo de Ecologistas en Acción.
En cualquier caso, este impuesto no limita las externalidades negativas del sector. “El problema de la turistificación tiene que ver con el desplazamiento de la población, con el encarecimiento del precio de la vivienda, el cambio del modelo de servicios y comercios… un impuesto turístico nunca va a compensar las externalidades negativas pero sí puede ayudar a que los gastos que ocasiona se resuelvan a través de la tasa”, indica García a Newtral.es.
La evolución de la tasa turística tras la pandemia
Los precedentes de la medida recaudatoria en España solo están en dos comunidades: Cataluña y Baleares, a diferencia de otras zonas de Europa donde este impuesto para revertir la huella medioambiental del turismo es mucho más habitual. La más longeva es la catalana, que creó el tributo en 2012. Justo antes de la pandemia, la Generalitat aprobó un recargo que tuvo que posponer vista la delicada situación económica del sector turístico hasta principios de este mes de octubre, cuando acaba de entrar en vigor “para destinar el importe recaudado a promocionar el turismo”, tal y como afirman desde la Consejería de Hacienda a Newtral.es.
El aumento de la tasa, activo desde el 1 de octubre, rozará los cuatro euros en la ciudad de Barcelona y se aplicará de manera progresiva a las tarifas del impuesto aprobadas por el Gobierno catalán. El incremento en la ciudad que gobierna Ada Colau irá desde los 0,75 euros por persona y noche este año 2021 a los 3,25 euros el año 2024. Ese recargo se deberá añadir a los entre 0,65 y 2,25 euros que se pagan actualmente.
Según informa la Agencia Tributaria de Cataluña, la recaudación del impuesto (371 millones de 2013 a 2020) está íntegramente afectada al Fondo de Promoción Turística y, por tanto, revierte totalmente en el sector. Con las nuevas tarifas, la Generalitat prevé un aumento de la recaudación de 6,3 millones de euros, que solo en 2019 percibió 65,7 millones según consta en el Informe mensual de ejecución del mes de diciembre (página 10). Sin embargo, la patronal hotelera catalana ConfeCat se posiciona “radicalmente en contra” de esta subida, según explica a Newtral.es.
Santiago García-Nieto, presidente de la Confederación recuerda que el impuesto fue “un acuerdo que se llegó entre la Generalitat y los empresarios del sector”. “Nosotros estábamos dispuestos a cobrar una tasa al cliente a cambio de que ese dinero fuera destinado mayoritariamente a promoción del turismo en Cataluña”, indica García-Nieto. Un punto que, según el empresario, no siempre se cumple. “Hay Ayuntamientos que utilizan el dinero para temas de limpieza, seguridad o jardinería y eso no es promoción al turismo, esos gastos deberían ir con cargo a los presupuestos generales del Consistorio”, afirma.
En cualquier caso, el texto que acompaña la puesta en marcha de los nuevos impuestos, la Agencia Tributaria catalana indica que “en cuanto a las pernoctaciones, los datos prueban que la tasa no las desincentiva: desde su aplicación en Cataluña, se ha pasado de 63,6 millones en 2013 a 76,5 en 2019, y en este periodo, el número de pernoctaciones se ha incrementado el 20%. En este sentido, en 2019, de los 58,2 millones de pernoctaciones hoteleras que se registraron en Cataluña, y que pagaron la tasa correspondiente, el 73% fueron de turismo extranjero”, apuntan.
Sin embargo, el presidente de la patronal catalana considera que “no es el momento” de aplicar el recargo. “Somos de las comunidades que más estamos sufriendo las consecuencias de la pandemia por el golpe al turismo extranjero, por lo que creemos que era el momento de hacer un paréntesis, por sensibilidad”, añade.
La ecotasa en Baleares
En las Islas Baleares, por su parte, arrancaron con su propia “ecotasa” en 2016 para “impulsar el turismo sostenible” en un archipiélago donde más del 42% del PIB depende de esta actividad, según los datos recogidos en el análisis de Estimación de la renta turística de las comunidades autónomas españolas, realizado por el profesor Manuel Figuerola para la Mesa del Turismo. El impuesto lo paga de manera anticipada el establecimiento turístico y se calcula en base a una previsión de todo el año y a la ocupación de años anteriores.
Ante el grave impacto de la pandemia en el turismo, y para adaptar la aplicación del impuesto a la realidad del sector, el Govern lo suspendió durante 2020. La tasa se volvió a activar a principios de año y prevé recaudar unos ingresos de 15,3 millones de euros para finales de 2021. Una cifra que alcanzará los 140 millones para 2022, según informa la Conselleria de Hacienda a Newtral.es. Las tarifas de este impuesto varían según temporada y por clases de establecimientos. De noviembre a abril lo máximo que se cobra al visitante es 1 euro y de mayo a octubre, el tope está en los cuatro euros.
La nueva normalidad se ha notado en las islas que han experimentado un aumento notable en el número de visitas respecto al año anterior. Según datos del INE, solo en agosto de 2021 llegaron un 188,2% más turistas que el mismo mes del año anterior. Este hecho tiene una doble lectura.
El Govern, por un lado, confirma a Newtral.es que “el impuesto turístico no ha afectado a la competitividad del destino ni ha desincentivando las llegadas a las Islas Baleares en ningún caso”. No obstante, ser uno de los destinos preferido por los turistas internacionales durante 2021 tiene consecuencias según valora la formación política Més per Menorca que ha propuesto incrementar el impuesto en aquellos segmentos que más contribuyen a la masificación turística o bonificar parte de este gravamen a las empresas que hayan demostrado tener prácticas más sostenibles, como por ejemplo las adheridas a la marca Menorca Reserva de la Biosfera.
Fuentes
- Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña
- Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern de la Comunidad Valenciana
- Datos de turismo en el Instituto Nacional de Estadística (INE)
- Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Cataluña (ConfeCat)
- Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (HOSBEC)
- María Llanos, doctora jubilada en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona
- Carles Mulet, secretario de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT)
- Prensa de Más Madrid
- Síndic de Compromís en Las Cortes, Fran Ferri
- Belén García, responsable de turismo de Ecologistas en Acción
En el derecho español las tasas y los impuestos son dos tributos muy diferentes y se definen en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Las características, efectos y competencias para crearlas son totalmente diferentes.
Llamar tasa a un impuesto puede ser una mala traducción del inglés (tax no significa tasa, sino impuesto), pero de ninguna manera es admisible si se afirma que el texto es riguroso.
Llamar deliberadamente tasa a un impuesto es una manipulación del lenguaje que puede responder a distintas causas; y en todas ellas el resultado es la contaminación del conocimiento. Esto tiene consecuencias políticas que exceden el contenido de este mensaje.
Ruego corrijan el texto para que se ajuste a la realidad del ordenamiento jurídico español vigente.
Gracias.