Cada año, el el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) evalúa las reclamaciones presentadas por los ciudadanos. Durante 2021 ha analizado 910 quejas, siendo los ministerios de Interior y Sanidad los que concentran mayor número de resoluciones emitidas por este organismo. Entre los dos suman 242, lo que supone el 26,6% de todas las evaluadas.
Además, según los datos publicados mensualmente por el Consejo, la Administración General del Estado no entregó la información que le requerían en 442 solicitudes de transparencia pese a que estaba obligado a hacerlo. De todas las peticiones evaluadas, un 48,6% han sido estimadas, dando la razón al ciudadano e instando a la entidad competente a facilitar la información solicitada.
Cuando el Consejo recibe una reclamación esta es estudiada y analizada, y tras ello se emite una resolución. Estas aparecen clasificadas en diferentes categorías según la respuesta que da el organismo, siendo los principales resultados su estimación o desestimación. En el primer caso, el Consejo da la razón al ciudadano e insta a la administración correspondiente a facilitar la información solicitada. Por el contrario, cuando se desestima, se da la razón a la administración en cuestión.
En el siguiente gráfico puedes consultar las resoluciones del Consejo de Transparencia a las reclamaciones dirigidas cada departamento ministerial emitidas durante 2021 según su resultado.
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¿Qué ministerio ha tenido más reclamaciones de Transparencia en 2021?
El 13,6% de las reclamaciones resueltas han sido dirigidas al Ministerio del Interior: 124 del total de 910. Además, 72 de estas resoluciones han sido estimadas. Es decir, el Consejo ha valorado que la información debe ser facilitada por el ministerio, que inicialmente se opuso a responder. Por lo tanto, del total de reclamaciones de Transparencia dirigidas durante 2021 a este departamento del Gobierno, en un 58% de los casos se ha dado la razón al ciudadano. No obstante, recordamos que esta institución no tiene competencias sancionadoras, por lo que se trata de una recomendación para velar por la transparencia.
Las solicitudes de información que no fueron facilitadas inicialmente a través del Portal de Transparencia pero que el Consejo ha instado para sea proporcionada abarcan diferentes cuestiones. Entre ellas, se encuentran algunas como las relacionadas con los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía liberados sindicales, el número de efectivos policiales en Emiratos Árabes Unidos o las operaciones realizadas por la Guardia Civil para el rescate de pateras.
En segundo lugar se encuentra Sanidad, con 118 resoluciones publicadas. Para este ministerio, las estimadas se sitúan en 77, lo que supone que hasta en un 65,3% de los casos la información debía haber sido facilitada a su solicitante. Entre estas informaciones se encuentran algunas relacionadas con los datos sobre capacidad asistencial y recursos comunicados por la comunidades autónomas, los informes sobre evaluaciones internas del covid o los estudios para confinar a los niños durante el estado de alarma.
Pero además de los ministerios, las reclamaciones de los ciudadanos al Consejo de Transparencia durante 2021 también han ido dirigidas a otros organismos públicos. La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, con 47 resoluciones; la Agencia Tributaria, con 29; o ADIF, con 10, han sido algunas hacia las que también se han dirigido.
El Consejo de Transparencia en cifras máximas de reclamaciones y resoluciones
El 2021 ha sido el año en el que más reclamaciones han llegado al Consejo de Transparencia, y en el que más resoluciones se han emitido desde 2015 –la Ley de Transparencia fue publicada en diciembre de 2013, pero entró en vigor un año después–.
Así, el Consejo ha cerrado el año con un total de 1.086 reclamaciones presentadas por los ciudadanos y 910 resoluciones emitidas. Esto supone un incremento respecto a 2020 del 14,4% y del 1,9% respectivamente.
Recordamos que el Portal de Transparencia estuvo suspendido de facto durante el estado de alarma, lo que conllevó una paralización en el registro de peticiones de información. Al no resolverse las solicitudes, tampoco hubo reclamaciones, por lo que el CTBG vio muy reducida su actividad. En el siguiente gráfico se puede comprobar la evolución que han tenido ambas cifras desde 2015.
El 26,3% de las resoluciones dan la razón a las administraciones
De las 910 resoluciones de reclamaciones emitidas por el Consejo de Transparencia durante 2021, 442 han sido estimadas. Esto supone que se ha dado la razón al ciudadano en el 48,6% de los casos. Sin embargo, 239 han sido desestimadas en favor de la administración competente: un 26,3%.
Y es que, tal y como recoge la Ley de Transparencia, no todas las peticiones de información pueden ser admitidas. Existen una serie de supuestos, como peticiones que hagan referencia a información en curso de elaboración, que tenga carácter auxiliar o de apoyo o que requiera una labor previa de reelaboración, que avalan que una solicitud sea inadmitida.
Entre los motivos más comunes por los que los ciudadanos reclaman se encuentra el silencio por parte del organismo consultado. Esto ocurre cuando no ha habido ninguna contestación por parte de la administración. Es decir, no se ha comunicado al solicitante si puede tener acceso o no a eso que pide. En 2021 se dieron 378 casos de este tipo, de las cuales fueron estimadas el 54% instando al organismo correspondiente a dar una respuesta.
Otra de las quejas recurrentes respecto a los datos solicitados es la información parcial, lo que se produce cuando se ha restringido el acceso a parte de ella. En concreto, el Consejo estimó 85 de las 194 reclamaciones registradas por este motivo. En la siguiente tabla se recogen los principales motivos de denegación y el número de reclamaciones presentadas en cada caso.
El derecho de acceso a la información pública: una realidad desde 2014
Desde 2014, el derecho de acceso a la información sobre la actividad pública de las administraciones es una realidad. Gracias a la Ley de Transparencia, cualquier ciudadano puede presentar su solicitud al órgano correspondiente. Por ejemplo, si va dirigida a un ministerio, este puede aceptarla o denegarla. No obstante, debe informar al solicitante en el plazo máximo de un mes desde que se inició el procedimiento.
Si el organismo correspondiente no la admite o el solicitante no está de acuerdo con la respuesta dada por parte de la institución a la que iba dirigida, existe una opción para poder acceder a la información requerida. El ciudadano puede poner una reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), institución que analizará el caso dándole la razón a una de las dos partes –administración o ciudadano– y emitirá una resolución al respecto.
¿Cómo son las resoluciones?
Para resolver las reclamaciones presentadas por los ciudadanos, el CTBG emite resoluciones en las que establece si la información solicitada tiene que ser facilitada o no. Estas pueden ser:
- Estimadas: dan la razón al ciudadano y obligan a que la Administración facilite la información solicitada.
- Desestimadas: no se acepta la pretensión de conocer la información. Si la solicitud no se resuelve en el plazo máximo se da por desestimada.
- Suspendidas: hay pendiente un procedimiento judicial en una reclamación de idénticas características, por lo que la solicitud se suspende hasta que haya una sentencia en firme.
Existen, además, otros dos supuestos:
- Inadmitidas: la petición de información no ha sido aceptada.
- Archivada: si el solicitante renuncia a seguir con la reclamación.
