Qué leyes ha aprobado el Gobierno y cuáles tiene todavía en el cajón

El Congreso de los Diputados registra un total de 47 proyectos de ley presentados por el Gobierno durante esta legislatura: 27 proceden de decretos leyes que el pleno acordó tramitar como tal, once se encuentran en fase de elaboración y nueve han sido ya aprobados. Entre ellos, la ley Celaá, los Presupuestos de 2021 y las conocidas como ‘tasa Tobin’ y ‘tasa Google’.

Sin embargo, a la Cámara baja todavía no han llegado al menos 18 anteproyectos que el Consejo de Ministros ya ha empezando a tramitar, como los de Memoria Democrática y Libertad Sexual. Tampoco aquellos que ni siquiera han recibido el primer visto bueno del Ejecutivo (Ley Trans y Ley LGTBI), pero que ya se están cocinando.

Los pasos para elaborar un proyecto de ley 

La Ley de Gobierno estipula paso a paso el camino que el Ejecutivo tiene que seguir para elaborar un proyecto de ley. Se trata de un proceso que no solo implica al ministerio competente sino, también, a órganos consultivos del Estado y a la propia ciudadanía, como explica a Newtral.es la profesora titular de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona, Dolors Canals. 

Debido a la variedad de las temáticas sobre las que se legisla y los tipos de procedimiento no se puede establecer un tiempo concreto de tramitación, pero sí estipular los pasos que debe seguir cualquier proyecto de ley antes de ser remitido a las Cortes. 

Estudios previos. Antes de redactar el texto, el departamento encargado realiza los análisis y consultas necesarias para asegurar “el acierto y la legalidad” de la norma.

Consulta pública previa. Se publican en la web del ministerio competente los datos básicos del anteproyecto de ley) objetivo, problema a solucionar, oportunidad de aprobación) con un objetivo: recabar la opinión de los sujetos potencialmente afectados por el texto y las organizaciones más representativas del sector. El plazo mínimo para ello es de 15 días naturales. 

Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN). Se redacta un documento que recoge y unifica toda la información que va a acompañar el proceso de elaboración de la ley. Entre otros, se incluye una aproximación de la repercusión que podría tener en determinados colectivos, el encaje de la norma en el marco legal y una estimación de su impacto económico. Canals apunta a que lo ideal es que la MAIN se vaya actualizando en función de los cambios que sufra el texto.

Informes preceptivos. Los proyectos de ley no se elaboran de forma unilateral por parte de un departamento. En función del tema que aborde, se deben solicitar una serie de informes a determinados órganos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. También se ha de remitir para que hagan sus aportaciones a los ministerios de las áreas afectadas por la norma o a los departamentos de Hacienda y Administración Pública si repercute en la organización del Estado o en la distribución de competencias con las comunidades.

Audiencia e Información Pública. Si la norma afecta a “derechos e intereses legítimos de las personas”, se ha de publicar el borrador del anteproyecto en la web para que los afectados puedan acceder a él y realicen las “aportaciones adicionales” que consideren. El tiempo mínimo para hacerlo es de 15 días hábiles. 

Consejo de Ministros. Se eleva el texto a esta instancia una vez ha recibido el visto bueno de la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios, órgano encargado de preparar los temas que luego aborda el Ejecutivo en su reunión semanal. 

En este encuentro, los ministros deciden sobre los siguientes pasos a dar en la elaboración de la norma: necesidad de pedir informes, de abrir una fase de audiencia e información pública… En estos casos todavía se habla de “anteproyecto de ley” y el Gobierno suele mencionar que se trata de la “primera lectura” del mismo. Es decir, tendrá que volver otra vez al Consejo de Ministros para ser aprobado de forma definitiva. 

Cuando esto ocurre, se remite el texto a la Cortes (Congreso y Senado), donde iniciará su tramitación parlamentaria. A partir de este momento, se pasa a considerar la futura norma como un “proyecto de ley”.

Las leyes que siguen en el tintero 

En estos momentos, hay al menos 18 anteproyectos de ley que no han completado este proceso, pero aspiran a ser remitidos a las Cortes en los próximos meses. Quizá, los más conocidos son los que están generando polémica entre los partidos de la coalición: la ley LGTBI, la ley Trans y la ley de Vivienda. 

Primera lectura del Consejo de Ministros

Según explican desde el Ministerio de Igualdad -el responsable de la elaboración-, la ley Trans y la ley LGTBI estarían listas para ser elevadas al Consejo de Ministros, un punto que sin embargo Carmen Calvo ha suavizado públicamente: “Tanto Unidas Podemos como el PSOE tenemos un compromiso electoral, también como socios de Gobierno y lo vamos a alcanzar por el mismo procedimiento que cualquier proyecto de ley, que requiere un tiempo razonable para tener una ley con la correspondiente calidad normativa y seguridad jurídica”. En esta línea, aunque sin dar un plazo fijo, ha asegurado que cada vez se está “más cerca” de que ambas normas puedan abordarse en la reunión semanal del Ejecutivo.

Por su parte, la Ley de Vivienda también continúa en una fase de negociación entre los socios de Gobierno. Este mismo jueves, retomaron las conversaciones la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, y el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, pero terminaron el encuentro sin llegar a un acuerdo.  

Informes preceptivos

El anteproyecto de ley sobre Libertad Sexual (la ley del “sí es sí”) tampoco se vio libre de polémica cuando se presentó hace un año. En su caso, se encuentra a la espera de un informe preceptivo (Consejo de Estado), situación en la que también están otras cuatro normas: la que pretende modificar el IVA para trasponer una directiva europea, la de Memoria Democrática, la que busca crear una Fiscalía Europea y la que regulará el desplazamiento de trabajadores que prestan un servicio transaccional.

Información pública y alegaciones

Desde el Ministerio de Transición Ecológica reconocen que trabajan a nivel interno en los dos anteproyectos que tienen pendientes. Por un lado, esperan llevar al Consejo de Ministros en este primer trimestre la norma referida a los residuos y suelos contaminados para, a su vez, poder remitirlo a las Cortes. En paralelo, están redactando un nuevo borrador para incorporar las alegaciones recibidas sobre el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, instrumento ideado por el Ejecutivo para evitar subidas en el precio de la luz. 

El departamento de Justicia también sitúa en este punto el anteproyecto sobre la eficiencia procesal del servicio público de Justicia. En una fase similar se encuentran la futura ley sobre la lucha contra el dopaje y el anteproyecto de ley general de comunicación audiovisual, que también han terminado el plazo de audiencia e información pública.

En un paso justo anterior se encuentra el anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la que se pueden presentar alegaciones hasta el día 1 de marzo. La idea de Consumo y de Transportes es que pronto se pueda hacer lo propio con las modificaciones que plantean de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y a las de Navegación y Seguridad Aérea.

Además de estas normas, el Consejo de Ministros aprobó en noviembre una iniciativa para modificar el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en lo relativo al permiso por puntos. Esta, aunque fue impulsada por Interior, debe ser revisada por otros cuatro ministerios. De igual modo, en diciembre el Gobierno sometió a informe el anteproyecto para adaptar el ordenamiento al Reglamento Europeo sobre Eurojust.