El PSOE y Unidas Podemos recuperan la proposición de ley sobre bebés robados a meses de las elecciones

Un paso más para saldar una deuda que comenzó hace más de 70 años. El PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo para desbloquear la tramitación parlamentaria de la proposición de ley sobre bebés robados en España casi tres años después sin ningún avance significativo. La iniciativa permanecía congelada en el Congreso de los Diputados desde julio de 2020 en el limbo de la ampliación del periodo para presentar enmiendas, acumulando de esta manera un total de 99 prórrogas.

Pablo Echenique, portavoz de la formación morada en la Cámara Baja, fue quien anunció este nuevo movimiento: “Pensamos que es importantísimo que el Estado repare a las víctimas de estos hechos aborrecibles”. Y es que, en España, hay personas que desconocen la identidad de sus padres y madres biológicos, su propia identidad o las circunstancias que se dieron en su nacimiento.

Un total de 30.960 niños y niñas fueron apartados de sus madres entre los años 1944 y 1954, según calcula el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional del 18 de noviembre de 2008. El ingreso de estos menores en centros religiosos y en seminarios fue gestionado por el Patronato de San Pablo, dependiente del Ministerio de Justicia por aquel entonces.

Para Soledad Luque Delgado, víctima y presidenta de la asociación ‘Todos los niños robados son también mis niños’, la sustracción de estos bebés “no fue una cuestión de dinero, no fue un comercio ni un negocio”, aunque reconoce que existían transacciones económicas. Así, Luque Delgado apunta a que esta situación se producía debido a un contexto histórico “lleno” de represiones políticas, ideológicas, sociales o de género, entre otras.

¿Cuáles son los próximos pasos? Una vez finalizado el plazo para registrar enmiendas a la proposición de ley sobre bebés robados, la comisión de Justicia del Congreso, donde se está tramitando la norma, elegirá entre sus miembros una ponencia -un grupo de diputados que representa a los grupos parlamentarios- para que elabore un informe con el texto inicial y las enmiendas acordadas.

Después, la comisión debatirá y votará este texto, así como las propuestas que no hayan sido incorporadas. Esta emitirá, entonces, un dictamen que deberá elevarse al pleno de la Cámara Baja para darle luz verde. Posteriormente, será enviado al Senado para que siga con su recorrido parlamentario.

Un poco de contexto: desde la Guerra Civil hasta los primeros años de la reciente democracia

La sustracción de bebés fue una práctica que comenzó en la posguerra española, aunque puede darse casos también durante en la Guerra Civil, y se alargó hasta los primeros años de nuestra reciente democracia. Soledad Luque Delgado y Daniel Canales Anzola, investigador de Amnistía Internacional, explican a Newtral.es esta cronología.

Desde la posguerra hasta los años 50

La práctica se realizó, fundamentalmente, contra las mujeres que estaban presas en las cárceles: unas mujeres republicanas, anarquistas, antifranquistas. Pero no todas tenían que ser políticamente activas, pues bastaba con ser la compañera de un varón con una ideología ‘enemiga’ al Régimen. Estas mujeres podían tener a sus hijos en prisión, bien parirlos allí mismo o llevarlos consigo cuando eran arrestadas.

Para que los bebés fuesen robados de las cárceles, hubo sendas leyes entre 1940 y 1941 que legitimaban y legalizaban que el Estado pudiese quitar la patria potestad a determinadas familias (republicanas en su gran mayoría) y fuera este quien tutelaba a los niños y a las niñas. También se reformó el Código Civil con el objetivo de “reintegrar física y espiritualmente a la patria” a estos menores y a los que regresaban a España. Se permitió, entonces, modificar su filiación e integrarlos en familias que el franquismo consideraba de “comportamiento irreprochable”, indica Canales Anzola.

La legislación, apunta Luque Delgado, se vio apoyada por un sustento ideológico a través de una teoría de Vallejo Nágera, jefe de los servicios psiquiátricos del Ejército franquista. Este ‘apoyo’ decía que el marxismo -o lo que se denominó como ‘gen rojo’- se transmitía de madres a hijos. Es decir, dicha teoría fue el sustento ideológico inicial de esta sustracción de menores.

Con esto, más de 30.000 niños y niñas fueron tutelados por el Estado entre 1944 y 1954: tratándose de menores robados de sus madres presas, repatriados por la Falange o huérfanos que estaban por las calles, según Los niños perdidos del franquismo, una investigación de 2002 de Montserrat Armengou, Ricard Belis y Ricard Vinyes.

Desde los años 50 hasta el inicio de la democracia en 1978

Sin embargo, el robo de bebés después del año 1954 todavía no se ha estudiado lo “suficiente”, comenta la presidenta de la asociación. Pero sí se sabe que esta práctica continuó, no solo en las cárceles, sino en clínicas y en maternidades, siendo las mujeres y las familias desfavorecidas el objetivo para acometer dicha sustracción.

Por su parte, Daniel Canales señala que, en los años 50 y posteriores, el papel de la mujer era relegado exclusivamente al cuidado y a la educación de la familia: “la mujer es madre”. En consecuencia, un matrimonio era “válido” si tenía hijos, por lo que el Estado facilitaba a parejas afines al Régimen el poder formar una familia.

Una situación que siguió hasta los primeros años de nuestra reciente democracia. Y, no fue hasta 1987 cuando se modificaron algunos aspectos de la adopción en España. La norma recoge en su preámbulo que “esta ausencia de control permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños, denunciado en los medios de comunicación, y daba lugar, otras veces, a una inadecuada selección de los adoptantes”.

Puntos clave de la proposición de ley sobre bebés robados en el Estado español

A quiénes se considera víctimas

La proposición de ley sobre bebés robados considera víctimas a las personas que fueron sustraídas -condición que bastará acreditar en una declaración jurada- y a sus familiares hasta un cuarto grado de consanguinidad.

Derechos de las víctimas

La iniciativa garantizará el acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados (sobre todo los de clínicas, de hospitales y de la Iglesia católica); a la realización de las exhumaciones que sean precisas, que serán pagadas por el Ministerio de Justicia; y a la atención médica, jurídica y psicológica gratuita.

En este punto, Soledad Luque reconoce que actualmente “no es tan difícil” pedir documentación pública a los registros, a las clínicas o a las maternidades acerca de tu historial. Pero, el problema fundamental reside en que, para hacer una búsqueda, “no haces nada con tu propio y único historial”, ya que en este van tachado en negro todos los datos que no sean exclusivamente de uno mismo por la protección de datos. Una cuestión que, a su juicio, se tendría que tener en cuenta para que la futura ley sobre bebés robados sea “realmente efectiva”.

Además, Daniel Canales recuerda que a personas interesadas en acceder a estos archivos se les ha negado la documentación bajo el argumento de la protección de datos. El investigador de Amnistía Internacional pone el siguiente ejemplo: se rechazó la historia clínica de un nacimiento porque, a efectos jurídicos, no tiene relación alguna con la mujer que dio a luz.

Por otro lado, y según Luque Delgado, la Iglesia católica, como cualquier entidad privada, “no está obligada a abrir sus archivos”, aunque, con esta iniciativa y con la modificación de otras normativas conexas, “sí se podría acceder a esos documentos”. En este sentido, subraya que la mayoría de las personas afectadas por la sustracción de menores “no encuentran sus expedientes”, especialmente en las clínicas y en las maternidades. Estos informes son trasladados, después de un tiempo determinado, a otros edificios, al archivo provincial o a las diputaciones.

“¿Tú te imaginas que alguien, por ejemplo, es víctima de un robo y este sea el que tenga que averiguar quiénes le han hecho ese daño? Pues, en nuestro caso, también queremos que el Estado se haga cargo de la búsqueda (igual que con cualquier otra víctima), y más aún si este lo produjo en su día”, comenta la presidenta de la asociación.

Base de datos y de ADN

La proposición de ley sobre bebés robados en España constituye una base de datos estatal de afectados, aunque el censo generado no será público por protección de datos. También se crea un banco único de ADN estatal y gratuito, donde se conservarán las muestras de restos óseos de las diferentes exhumaciones para que las víctimas puedan comparar su material genético.

De este modo, Canales Anzola considera el banco único de ADN estatal como algo “muy necesario”, pues durante la sustracción de menores existió “mucha movilidad geográfica”. Es decir, en algunos casos, los bebés eran trasladados a otras comunidades autónomas españolas. Por lo que, para Soledad Luque, los bancos autonómicos ya creados (como el de la Comunitat Valenciana) son “estupendos”, pero no solucionan el problema integral.

Por eso, y en el caso de ponerse en marcha uno a nivel estatal, el banco de ADN “va a tener un impacto enorme”, señala Luque Delgado, que relaciona ese impacto con los reencuentros, “ni más ni menos”. Para ello, se tendrá que llevar a cabo una campaña “realmente seria” por toda España para que aquellas personas que sepan o que sospechen que son víctimas y hayan presentado su denuncia, asistan al banco y se tomen la muestra.

Creación de la comisión estatal por el derecho a la identidad

La función de la comisión será la de aprobar y ejecutar un plan integral nacional de búsqueda de personas desaparecidas y de asistencia a las víctimas. A esta le corresponde, por otro lado, el reconocimiento de la condición de víctima.

Con esto, Soledad Luque apuesta por realizar estudios comparativos. Para ello, en el seno de la comisión estatal por el derecho a la identidad, debe haber especialistas que busquen, que comparen, que hagan estudios comparativos dentro de diferentes historiales. Por ejemplo, cuántos menores murieron en un día en un hospital y cuántos niños o niñas se dieron en adopción o se registraron en ese día o en horas posteriores en el Registro Civil.

Por lo tanto, y en palabras de la presidenta de la asociación, tiene que existir una apertura generalizada de archivos en la que especialistas en documentación y en cruce de datos puedan averiguar esa información.

Fiscalía especial y unidad policial especializada

La futura ley promueve una Fiscalía Especial sobre Bebés Robados, que dependerá directamente de la Fiscalía General del Estado. Además, se crea una unidad de policía judicial especializada en la búsqueda de estos menores, y su “composición y organización se regulará reglamentariamente”.

En este aspecto, el investigador de Amnistía Internacional indica que la Fiscalía General del Estado emprendió 2.138 diligencias de investigación desde el año 2011 hasta marzo de 2021. Esta cifra se plasma en el informe Tiempo de verdad y de justicia: vulneraciones de Derechos Humanos en los casos de ‘bebés robados’, de dicha organización. Sin embargo, muchas de ellas, apunta Daniel Canales, se cerraron por la imposibilidad de localizar documentación, por el fallecimiento de testigos, por la dificultad técnica que requieren las exhumaciones o por la falta de muestras válidas para el cotejo de ADN.

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Esta situación podría revertirse con la Fiscalía Especial sobre Bebés Robados. Eso sí, Canales Anzola pide que este organismo tenga “una visión más amplia”, lleve a cabo unas investigaciones “más exhaustivas” y también brinde acompañamiento jurídico, ya que las víctimas “piden verdad”.

La proposición de ley sobre bebés robados llega “tarde”, pero no hay que perder la “visión optimista”

Soledad Luque subraya que la futura aprobación de la proposición de ley sobre bebés robados “no significa acabar inmediatamente con este problema” ni “dar solución a todos los casos”. No obstante, sí sería “una puerta abierta” al inicio de la solución de las víctimas de la sustracción de menores.

“¿Llega tarde?”, se pregunta Luque Delgado. Pues, para mucha gente que se ha quedado por el camino, “sí”. Pero, “no nos podemos quedar en esa situación”, ya que se debe tener la vista puesta “en qué podemos hacer para todas las víctimas que aún buscan respuestas”: “tenemos que tener una visión optimista”. Ante esta situación, la presidenta de la asociación remarca que la iniciativa “llegará bien cuando llegue”: “si es ahora, mejor que mañana”.

La cultura como canal de sensibilización y de reflexión

La caja vacía es un documental de Javier Falcó que recoge el caso de María José Picó, que busca a su hermana melliza que fue sustraída a su madre en el Hospital de Alicante en 1962. Falcó explica a Newtral.es que la idea de esta obra audiovisual surge en el momento en el que “es conocedor de una realidad que ignoraba y que le parece tremendamente injusta”. Y es que, bajo su punto de vista, no tiene explicación que desde el Estado no se hayan puesto todavía las herramientas necesarias para ayudar al colectivo de las víctimas por la sustracción de bebés.

Por su parte, La caja vacía se realiza desde una perspectiva “totalmente desinteresada”, es decir, que se trata de un trabajo que no tiene ánimo de lucro, indica su director. “Nace, se desarrolla y se lleva a cabo con el único objetivo de ayudar y de colaborar con las víctimas”, resume Javier Falcó.

El realizador audiovisual decidió centrarse únicamente en el caso de María José Picó porque era “más complejo” abordar esta temática incorporando otras casuísticas u otros casos. Y, también, si ella era el eje vertebrador del documental, el espectador iba a entender “mejor” la problemática global a partir de un caso local, único. De esta manera, al dar protagonismo solo a esta situación, Falcó pretende que nadie pueda cuestionar el relato de Picó, ya que los diferentes expertos que salen en esta obra audiovisual lo pueden corroborar, como “una especie de notarios que van dando fe a sus palabras”.