La reforma de la ley de universidades coge fuerza tras la aprobación de la Ley Celaá

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) se aprobó en el año 2001 y se remodeló en 2007. Desde entonces, el sistema universitario español no ha experimentado ninguna reforma, pese a que era uno de los puntos del acuerdo de Gobierno de coalición de Unidas Podemos y PSOE, firmado en diciembre de 2019.  Ahora, tras la aprobación de la nueva Ley de Educación, la LOMLOE -conocida como Ley Celaá-, el Consejo de Ministros empieza a vislumbrar que tal vez sí sea posible poner de acuerdo a la mayoría del Congreso para sacar adelante una normativa que modernice las universidades.

La previsión es que el anteproyecto de ley se presente en el Consejo de Ministros a lo largo del cuarto trimestre de 2021, según ha especificado el Gobierno en el Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas, donde señala que su objetivo es lograr la aprobación de la norma en el segundo trimestre de 2023. 

Puntos a reformar

El Ejecutivo ha establecido varios “ejes fundamentales” en los que se basará la modificación de la LOSU:

• Aumentar la capacidad docente e investigadora: para ello se propiciará la “incorporación gradual, el rejuvenecimiento y recualificación” del personal.

• Garantizar la carrera académica progresiva y predecible: se establecerán tres niveles de progresión (incorporación, consolidación y promoción) -con una figura contractual para cada nivel- y se eliminará la “precariedad existente” en determinadas figuras contractuales.

• Incrementar las garantías de objetividad en la evaluación académica. 

• Introducir la movilidad del personal docente e investigador como un derecho.

No obstante, esta ley formará parte de la reforma integral que el Gobierno quiere realizar sobre el sistema universitario, cuya implantación será “gradual” a lo largo de los próximos cuatro años.  

Una remodelación de todo el sistema

La reforma de la LOSU no es el único objetivo del Ejecutivo por lo que respecta al sistema universitario español. Este paso se inscribe dentro de una estrategia mayor, que apuesta por promover el acceso a la educación superior -aumentando las becas y disminuyendo los precios de las tasas-; adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias; garantizar la calidad y buena gobernanza de las instituciones -aquí entraría la reforma de la Ley de Universidades-; y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador.

La digitalización será otro de los puntos fuertes de la reforma, según recoge la Estrategia Pragmática del Ministerio de Universidades, elaborada en enero de 2021. Esta señala que la universidad debe ser “un motor de la transición digital, experimentando e implantando buenas prácticas de digitalización, lo cual incluye transversalidad de digitalización en todas las enseñanzas”.

Por último, se está estudiando la creación de nuevas categorías laborales, que no sean funcionarios, paralelas a las de catedráticos y profesores titulares; así como una solución para solventar la precariedad a la que se enfrentan los profesores asociados. Estos cambios estarían regidos por un nuevo Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI), sobre el que todavía no hay acuerdo.

Las demandas de los rectores

El último informe anual Las Universidades Españolas en Cifras 2018-19 de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) destaca tres grandes puntos a solventar dentro de la educación superior. Por un lado, los rectores lamentan que la financiación que recibe el sistema universitario sea inferior a la media europea. Concretamente, según los datos de Eurostat, a la educación superior se destina el 4,06% del PIB nacional, mientras que en la media de los Veintisiete la cifra asciende hasta el 4,9% (en países como Dinamarca llega al 7,33% del PIB). “Es imprescindible una financiación suficiente, plurianual y basada en los resultados”, reclaman los rectores.

En un segundo punto, la CRUE señala la necesidad de garantizar la “equidad en el acceso y el desempeño de la actividad universitaria”. “Hay que elaborar un Estatuto del Estudiantado; reformar el sistema de becas y tasas universitarias para garantizar una absoluta igualdad de oportunidades”, asevera.

La gestión de los recursos humanos en los centros públicos es otra de las preocupaciones de los rectores. “Hay que diseñar una carrera académica estable y predecible para atraer y retener talento; simplificar la burocracia que sufren los investigadores; eliminar la tasa de reposición y dar autonomía a las universidades para que configuren las plantillas que consideren más adecuadas a sus objetivos”, señalan.

Una ley sin consenso

Pero por encima de todo, la CRUE lo tiene claro: “Es imprescindible que esta reforma cuente con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias para que sea una ley orgánica de consenso, con visión de futuro y permanencia”, señala la conferencia de rectores a Newtral.es.

Pero para conseguirlo, primero debe recoger las demandas del colectivo al que afecta, como subraya Paloma Díaz, catedrática del departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid. “Hay que escuchar a las personas a las que afectan esas leyes, que son quienes tienen cosas que decir, porque si no se elaboran normas que no dan respuesta a las necesidades que hay”, explica.  

Esa es la idea del ministro de Universidades, Manuel Castells, que en la Comisión de Ciencias y Universidades del Congreso del pasado 25 de febrero aseguró que el Gobierno «no va a proponer un texto, sino una serie de fichas para cada uno de los bloques de la ley». El ministro ha insistido en que la norma no reflejará únicamente las ideas del Ejecutivo, si no que se tendrá en cuenta las voces de la comunidad universitaria, los agentes sociales y el resto de grupos parlamentarios.

Falta de financiación y dificultades

Para Díaz, el problema de raíz está claro: la falta de financiación, “sobre todo a las universidades pequeñas y jóvenes”, acota. Algo parecido señala el catedrático de Literatura Española y Literatura Comparada de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Javier Aparicio. En su opinión la reforma que quiere acometer el Gobierno desembocará en una “ley restrictiva, que no cambia el modelo de financiación, que quiere uniformizar y que solo aporta gravísimas dificultades para poderla cumplir por parte un porcentaje altísimo de universidades”. 

“Es una ley que llega en el peor momento. Las universidades han padecido muchísimo durante la pandemia”, asegura el catedrático, quien califica la reforma de “decisión puramente política”. “Europa no puede servir como excusa. No se puede decir que esta ley se hace para acomodar el sistema al modelo europeo porque dentro de la propia UE hay muchísimos sistemas. Hay que hacer una ley buena para el modelo que tenemos aquí”, defiende Aparicio.

Todo esto desemboca en una sensación de “desilusión e incertidumbre”, en palabras de Díaz, quien recuerda que la universidad es “un servicio público con profesionales que tienen vocación de ayudar a la sociedad”. 

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