Con los indultos aprobados y los líderes independentistas fuera de la cárcel, el siguiente capítulo del procés comienza a escribirse. Mientras en España se materializa una Mesa de Diálogo para después del verano con la que normalizar la relación entre Generalitat y Moncloa, fuera de nuestras fronteras queda aún por saber cuáles son los planes de expresident Carles Puigdemont tras los indultos -y del resto de líderes huidos- ahora que han salido de prisión los que se quedaron en España.
Pere Aragonès señaló tras aprobarse la medida de gracia que con la salida de prisión de los presos del procés no basta para resolver la cuestión catalana. El president pidió una solución para Puigdemont tras los indultos. La petición de una salida para el fugado estará presente en la Mesa de Diálogo, pero la situación del líder de Junts es más compleja que la de los nueve presos indultados.
¿Afecta a Puigdemont y el resto los indultos?
“No, por eso han insistido tanto en la amnistía. El indulto afecta solo a las personas sobre las que se acuerda”, explica Javier Fernández Teruelo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo. En caso de que Puigdemont volviera a España, el expresident debería someterse a un proceso penal que si termina en condena, algo más que probable, debería cumplir.
“Tras un determinado tiempo podría plantearse la solicitud del indulto”, cuenta Fernández Teruelo. Sin embargo, su situación sería probablemente diferente de los indultos que se han concedido ahora, ya que “se sustrajo a la acción de la justicia, podría haber otro Gobierno y diferentes vicisitudes que podrían causar que tuviera que cumplir su pena en prisión”.
¿Por qué pueden moverse por Europa y no volver a España?
A principios de junio el Tribunal General de la Unión Europea notificó a Toni Comín, Clara Ponsatí y Carles Puigdemont que les restituye temporalmente la inmunidad por su condición de eurodiputados que el Parlamento les retiró en marzo –a petición del Tribunal Supremo–, mientras resuelve los recursos presentados.
Esta fue una victoria en el pulso que libran con la Justicia española, ya que no pueden activarse las órdenes europeas de detención y entrega, y tienen libertad de circulación. Pero en cambio no pueden volver a España. Tampoco el exconseller Lluís Puig, huido como los anteriores en Bélgica, o la exdiputada y secretaria general de ERC Marta Rovira, en Suiza, debido a los delitos que se les imputan en la causa del 1-O.
¿En qué punto están las causas abiertas contra ellos?
Por el momento todos los intentos de la Justicia española de extraditarlos han sido en vano. Su inmunidad convierte en papel mojado las euroórdenes. En el caso de Lluís Puig, sin inmunidad y reclamado por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el pasado noviembre por un delito de malversación, la Justicia belga rechazó devolverlo a España al considerar que el órgano judicial predeterminado por ley para enjuiciarle por la malversación no es el Supremo, sino un tribunal con jurisdicción en Cataluña.
Tras estos reveses, el juez Llarena planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, sobre quién es la autoridad judicial competente para presentar las euroórdenes y evitar que la Justicia belga se las vuelva a rechazar. Está a la espera de la respuesta.
Así, la batalla legal ha empezado a ramificarse de forma compleja. En principio, los tribunales belgas deberían haber comenzado a revisar la solicitud española de extradición después de la decisión del levantamiento de la inmunidad decretado por el Parlamento Europeo, pero el proceso quedó en suspenso cuando el magistrado Llarena elevó inmediatamente esta cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Los planes del Gobierno
La posición de los ministros del PSOE y los de Unidas Podemos difiere en lo que podrían ser los planes para Puigdemont y el resto de huidos tras el indulto. La ministra Ione Belarra defendió hace unos días que pueda regresar sin que sea detenido, pero desde la parte socialista replicaron que si entra en España será para ser juzgado.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, invitó al expresident de la Generalitat a volver a España para ser juzgado, pero descartó en una entrevista en Onda Cero la posibilidad de que el Gobierno decida conceder el indulto a Puigdemont. Sí ha admitido que la ley permitiría hacerlo: «Hay una previsión en la propia ley que excepciona este supuesto, pero el Gobierno no lo contempla bajo ningún concepto».
¿Y si se reforma el delito de sedición?
Campo también ha rechazado que la reforma del Código Penal esté congelada y, por el contrario, ha señalado que se encuentra «en estudio», al tiempo que ha refutado que se vaya a realizar con la finalidad de reducir las penas del delito de sedición. «No es con esa finalidad», ha afirmado, sino «una reforma profunda del bien jurídico y orden público». Así, ha señalado que sería «absurdo» abordar una reforma que requiere «de unas mayorías», sin contar con el respaldo parlamentario necesario.
En caso de que se produjera esta reforma, Teruelo asegura que no estaría todo el camino despejado, ya que esta opción solo afectaría parcialmente a Puigdemont y a los encausados por sedición. Lo que “resulta impensable es la derogación del delito de malversación, que en su tipo agravado podría llegar a tener una pena de hasta cuatro años”.
En caso de que se produjera la reforma, sería necesario que se llevara a cabo “eliminando o cambiando de forma drástica el delito de sedición, de tal manera que no encajen en el mismo los hechos cometidos”, añade este catedrático, que puntualiza que en derecho penal rige la irretroactividad de la ley desfavorable, así como la retroactividad de la ley penal más favorable», lo que obliga a aplicar hacia atrás la norma más benévola.
¿Y el recurso en Estrasburgo a la sentencia?
Magdalena Martín, catedrática de derecho internacional de la Universidad de Málaga es cauta preguntada por un posible revés de Estrasburgo: “Lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a entrar a juzgar es si se han respetado sus derechos fundamentales y si la pena es proporcional a los delitos cometidos”. No es que Estrasburgo pueda anular la sentencia o solicitar que el juicio se repita, “sino que los condenados podrían solicitar al Tribunal Supremo que se revise la sentencia”.
Esta catedrática considera que las defensas de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, ahora indultados, podrían haber basado sus recursos ante Estrasburgo, entre otras cuestiones, en los dos votos particulares de la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, ninguno tenía cargo político y las resoluciones de Estrasburgo irían en un sentido diferente al del resto de encausados, que por el momento no han recurrido y que sería necesario que lo hicieran, ya que la cuestión es individual y no para la causa general.
Sobre los tiempos y la posibilidad de que Estrasburgo hablara a favor de Cuixart y Sànchez, Martín estima un proceso largo, aunque “si se eleva a la gran sala será un procedimiento rápido, aunque igualmente se van a tomar su tiempo”.
En todo caso, los encausados deberían solicitar al Tribunal Supremo la revisión del juicio y, mientras tanto, el orden natural sería que el Gobierno respetara los tiempos de la justicia y que el tribunal se pronuncie antes de “tomar cualquier decisión”, como podría llegar a ser una amnistía o un indulto adelantado para Puigdemont y los presos que todavía siguen huidos.
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