Las negociaciones para sacar adelante una ley de vivienda para regular el alquiler siguen encalladas. Pese a que a mediados de junio Unidas Podemos y PSOE acercaron posturas después de que los últimos cediesen a la propuesta de no permitir incrementos de precio en las zonas tensionadas, sigue habiendo un nudo que impide cerrar el acuerdo con su socio de Gobierno: la regulación directa para establecer un índice de precios en las zonas donde se ha disparado.
La cartera que dirige José Luis Ábalos aboga por «controlar las subidas abusivas de los precios de alquiler declarando zonas tensionadas y limitando su incremento». Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinos, explica que esto «dejaría los precios en unos máximos históricos como los que nos encontramos en este momento de burbuja”.
Bardera explica que la experiencia catalana es un punto de partida en el que deben fijarse los socios de Gobierno para sacar adelante esta ley y que los precios bajen. “A través de la fijación de unos índices máximos de referencia de precio, en Cataluña los nuevos contratos tienen un precio máximo fijado en la media según las fianzas pagadas por los inquilinos”.
Esto provoca que si un inquilino se encuentra con que su contrato está siendo más alto frente a la oferta “puede negociar con su casero para bajar el precio, le puede explicar a su casero que aunque está muy a gusto donde está ahora que los precios están limitados se ha puesto a buscar algo más asequible para no ir asfixiada todos los meses”.
Ábalos hizo su propuesta justo dos días después de anunciar que el Gobierno recurriría la ley catalana de vivienda, en vigor desde hace ya casi un año. En la ley catalana figura la obligación no sólo de evitar incrementos en los contratos actuales, sino congelar los precios de los alquileres si se detectan zonas con «tensión» residencial.
Cataluña llegó a esta regulación de los precios del alquiler tras reclamarlo durante años el Sindicato de Inquilinos, explica Bardera. Desde el movimiento se hartaron de denunciar cómo el boom de los precios expulsaba a muchas familias de sus viviendas, con casos de subidas que llegaban incluso a doblar la mensualidad.
El movimiento de vivienda ha adquirido una gran fuerza en España en la última década. A experiencias como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o Stop Desahucios se ha sumado en los últimos años con mucha fuerza el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas. Sin embargo, Cataluña ha sido la única comunidad autónoma donde se ha legislado en este sentido.
¿Cómo ha evolucionado la posición del PSOE?
El último paso que han dado los socialistas es significativo respecto a su propuesta inicial, que se limitaba a que la regulación de precios se realizase a través de incentivos fiscales a los propietarios para que bajaran o no subieran los precios, pero sin establecer mecanismos para prohibir las subidas abusivas.
El departamento que dirige José Luis Ábalos planteó una extensa batería de bonificaciones fiscales en su propuesta que no logró convencer a su contraparte de Unidas Podemos, representada en las negociaciones por el Ministerio de Derechos Sociales, cuando todavía estaba en el cargo el exvicepresidente Pablo Iglesias.
En su última propuesta, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se abrió a regular directamente los precios y que la Ley de Vivienda «controle las subidas abusivas en los precios del alquiler» a través de la declaración de zonas tensionadas, donde se limitarán los incrementos de precio «tratando de congelar esos alquileres».
El PSOE insiste en que esto se debe lograr sin «disuadir» a la oferta y a partir de medidas que en estos momentos estudia el Ministerio de Transportes, entre las que también se encuentran el alargamiento de contratos e incentivos fiscales. Precisamente por este motivo están en contra de bajar precios en contratos que ya se hayan firmado. Consideran que esto podría reducir la oferta de alquileres en esas zonas tensionadas.
¿Cómo funcionaría este sistema?
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrían declarar una zona como tensionada durante un plazo máximo de tres años, que podría prolongarse o no en función de la evolución del mercado. Durante ese tiempo, si un inquilino ve cómo su contrato finaliza, tendría derecho a renovarlo en las mismas condiciones durante el tiempo estipulado.
Lo mismo sucedería con los nuevos contratos. Un nuevo inquilino tendría derecho a que su contrato se vincule como referencia con el anterior si no han pasado más de tres años. Esta medida incluiría los incentivos fiscales para tenedores, que siguen estudiándose.
¿Qué dice ahora Podemos?
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, rechazó esta semana la última propuesta sobre la Ley de Vivienda realizada por el PSOE porque, «no cumple con el acuerdo de Gobierno».
Recientemente Podemos aceptó la oferta del PSOE para regular el alquiler, pero consideran que esto es «insuficiente» y se tiene que avanzar hasta la congelación por índices de precio.
La ministra también aseguró que la «única manera» de cumplir este acuerdo de Gobierno es recurrir al modelo europeo y al catalán. Éste, argumentó, «ya ha evidenciado buenos resultados»: «en Cataluña, después de casi un año de aplicación, han bajado los alquileres casi un 5% en las zonas reguladas mientras que en las zonas no reguladas siguen creciendo».
¿Cuáles son los plazos?
Esta Ley de Vivienda, según los plazos acordados entre el PSOE y Unidas Podemos, debía haber sido aprobada en febrero en el Consejo de Ministros y haber llegado al Congreso en marzo, pero su aprobación sigue pendiente por discrepancias entre los socios.
Según se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas en mayo el Gobierno debió llevar el anteproyecto de Ley de Vivienda que regule el alquiler a Consejo de Ministros para su aprobación en el segundo trimestre de este año. Un plazo que ya se ha agotado. Asimismo, el calendario de implementación de la reforma recoge que la norma se aprobará por las Cortes Generales durante el tercer trimestre de 2022.
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