Y el PNV -volvió- a tomar la iniciativa. Tras años de promesas de los partidos en el Gobierno de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza y que está a punto de cumplir seis años, han sido los nacionalistas vascos los que han traído en febrero a propuesta la consideración de su reforma. El pasado mes de septiembre, la mayoría de grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular y VOX, apoyaron que el Congreso de los Diputados inicie de nuevo los trabajos para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, como hicieron hace más de tres años.
Lo más importante
La propuesta de los nacionalistas vascos es la misma que presentaron en marzo de 2017. Esa vez fue avalada en la cámara, y sobre la que los grupos se pusieron a trabajar hace tres años para activar la reforma. Pero esa revisión resultó fallida tras la disolución continua de las Cortes para la convocatoria de elecciones generales.
Contra esta propuesta, el Partido Popular, que dio a luz a esta polémica ley, presentó una enmienda de totalidad al mantenimiento tal cual de la ley y que fue rechazada por todos los grupos parlamentarios, salvo el suyo.
- “Esta ley era y es necesaria y por eso el Gobierno la ha mantenido, (…) no hay que derogarla ni en fondo ni en espíritu, porque cuenta con el apoyo de quienes la utilizan”, dijo la diputada del PP María Teresa Jiménez-Becerril en su defensa de la enmienda a la totalidad de la propuesta del PNV.
¿Cuál es el contexto?
El actual Gobierno de coalición y los dos partidos que lo componen no han intentado aún afrontar su reforma, pese a que en su acuerdo figuraba como promesa destacada. La reforma de la ley mordaza fue una de las cuestiones que quedaron sin resolver tras la disolución de las Cortes y el largo año electoral de 2019. Tanto PSOE como Unidas Podemos habían hecho bandera de la “derogación” de la muy polémica ley aprobada durante los Gobiernos de Mariano Rajoy.
- “Aprobaremos una nueva ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la ley mordaza, para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal”, asegura ese acuerdo.
¿Qué hay que tener en cuenta?
La iniciativa del PNV propone cambios sustanciales en 44 preceptos y establece un “procedimiento legal y efectivo de devoluciones en frontera respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional, dando así cumplimiento a demandas continuadas de organizaciones protectoras de derechos humanos”.
Hace más de un año, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que su departamento se marcaba como prioridad la derogación de la ley mordaza. “El Gobierno tiene como prioridad derogar la denominada ley mordaza, una ley fallida, y sustituirla por una nueva Ley de Seguridad Ciudadana», aseguraba entonces Grande-Marlaska.
Pese a todo, ni el Gobierno ni el PNV desisten de intentar la reforma, para lo que cuentan, además, con la predisposición favorable de toda la Cámara excepto los dos grupos de la derecha. El reglamento del Congreso obliga a empezar de nuevo el trámite desde cero, a partir del texto de los nacionalistas vascos.
Es precisamente la ley mordaza en la que se ha amparado el Gobierno para interponer multas y sanciones por saltarse las limitaciones aplicadas por el estado de alarma.
- Aunque el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana hace referencia a las “desobediencia o resistencia” a los agentes, y no a las medidas del estado de alarma en sí mismas, el Ministerio del Interior, en la primera ola, consideraba que el mero incumplimiento de las medidas –por ejemplo, estar en la calle a las dos de la madrugada sin justificación– suponía una infracción grave sin necesidad de que el agente haga una advertencia previa al infractor. En una instrucción del pasado 30 de marzo a los delegados del Gobierno, Grande-Marlaska defendía este criterio porque las medidas del estado de alarma son “órdenes que gozan de valor de ley y constituyen mandatos directos dirigidos a la ciudadanía que han tenido una amplia difusión, además de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”, por lo que “su inobservancia pued[e] subsumirse en el tipo infractor de la desobediencia a la autoridad del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015”.
#Fact
En la moción de censura que le llevó a la Moncloa en 2018, Pedro Sánchez calificó de “urgente” la reforma de la ley de seguridad ciudadana, pero la conocida como ley mordaza cumplirá próximamente seis años sin cambios y siendo más utilizada que nunca, después de servir en los primeros 75 días del confinamiento para proponer 1.089.917 multas, informa El País.
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