Mientras los partidos políticos corrían el sprint final de las elecciones gallegas, la Audiencia Provincial de Coruña hacía las veces de juzgado y era sede del histórico juicio sobre la propiedad del Pazo de Meirás. Una batalla legal que, sin embargo, no ha formado parte de la campaña electoral y que, según apuntan a Newtral.es fuentes judiciales, tendrá sentencia en septiembre.
Y es que este es un asunto que en Galicia no genera controversia entre las principales fuerzas políticas después de que la Xunta del PP se sumara hace algunos años al movimiento para la recuperación de la propiedad que alentó durante lustros sobre todo el BNG.
El pazo, que sirvió de residencia veraniega para el dictador, su familia e invitados es uno de los últimos símbolos del franquismo en la Galicia natal de Franco.
Lo más importante
El pazo de Meirás fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2008. En 2017, se creó una comisión de expertos que valoró su reincorporación al patrimonio público, y sólo un año después, el Gobierno, con el apoyo del Parlamento gallego, presentó una demanda contra la familia del dictador para recuperarlo.
- Hace justo ahora un año, en julio de 2019, y al tiempo que estaba candente la polémica por el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos, el Estado reclamó judicialmente la devolución a la familia Franco.
- En la causa figura como parte demandante la Abogacía del Estado y como intervinientes que también solicitan la devolución de la propiedad están la Xunta, la Diputación de A Coruña y los Ayuntamientos de Sada y A Coruña. Como parte demandada se personaron seis miembros de la familia Franco y una sociedad mercantil.
¿Cuál es el contexto?
Los Franco, que están obligados a abrir la casa al público un determinado número de días al año, pusieron a la venta el pazo en 2018 por 8 millones de euros. Un movimiento auspiciado por los nietos del dictador y acelerado tras el fallecimiento de la única hija de Franco, Carmen Polo. Ese mismo año unos activistas ocuparon el pazo con el objetivo de que este fuera “devuelto al pueblo”.
- Durante la dictadura de Franco funcionó como residencia veraniega del entonces jefe del Estado, en la que se desarrollaban actos oficiales, como reuniones del Consejo de Ministros, mientras el patrimonio público se ocupó de la restauración y conservación del inmueble.
- Tras la retirada de la estatua ecuestre de Ferrol hace más de tres lustros, el pazo de Meirás constituye el gran símbolo del franquismo en Galicia.
¿Qué hay que tener en cuenta?
- Por su parte, los herederos de Franco alegan que han poseído como dueños «hasta hoy», de «buena fe» y «con justo título» el inmueble, en el que no se han hecho inversiones a costa del erario público. La familia sostiene que el pazo es suyo, porque así se ha reconocido durante todos estos años y aduce que desde la muerte de Franco se ha encargado del cuidado de las instalaciones.
- Según la Abogacía del Estado, los sucesores de Emilia Pardo Bazán vendieron dos veces la propiedad que habían heredado, por lo que una de esas transacciones no puede ser auténtica. La estrategia jurídica de la Abogacía del Estado en este juicio se ha centrado en demostrar la irregularidad de la compra por Francisco Franco y la posterior administración del inmueble por parte del Estado.
#Fact
17 testigos comparecieron en el juicio que se celebró la semana pasada y quedó visto para sentencia el 10 de julio. Un guardia hortelano del pazo hasta 1990, dos vecinos de Meirás, un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña, el secretario particular de Carmen Polo Martínez-Valdés y de Carmen Franco Polo tras la muerte del dictador y el alcalde de Sada desde 1979 hasta 2007, un amigo de la familia Martínez-Bordiú Franco, suegro de una de las demandadas y que asumió labores de gestión sobre la rehabilitación del pazo tras su incendio y parcial destrucción en 1978.
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