La Fiscalía Superior de Cataluña presentó el 1 de marzo una querella contra el último presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), a quien investiga porun presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial. La querella también ha sido emitida contra otros tres miembros de la Mesa: Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC).
Concretamente, el Ministerio Público ha pedido a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que cite como investigado a Torrent por haber permitido la tramitación de una serie de mociones vinculadas al proceso independentista en octubre de 2019 pese a la prohibición del Constitucional. Una vez recibida la querella, el TSJC la ha registrado y ahora debe resolver sobre su admisión a trámite.
Lo más importante
En su escrito, los fiscales José Joaquín Pérez de Gregorio y Assumpta Pujol resaltan que el 10 y el 16 de octubre de 2019 el Constitucional advirtió personalmente a Torrent y a los miembros de la Mesa de «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria» que supusiera «ignorar o eludir» la suspensión de la resolución aprobada el 9 de noviembre 2015 por el Parlament sobre el inicio del proceso independentista.
- Según la Fiscalía, Torrent tramitó una resolución presentada por JxCat, ERC y la CUP en la que reiteraban «la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político».
- En esa misma resolución se incluía también un apartado que señalaba la “reprobación de la monarquía”.
- La querella hace referencia a la tramitación de una tercera resolución conflictiva por parte de la Mesa en octubre de 2019. Esta fue promovida únicamente por la CUP y expresaba la voluntad del Parlament de «ejercer de forma concreta el derecho de la autodeterminación«.
- El Ministerio Público resalta que los querellados desestimaron las peticiones de reconsideración de la oposición y tramitaron la resolución con estos dos puntos, que se votaron y aprobaron en el pleno del Parlament del 26 de noviembre de 2019.
- Además, se aprobó una enmienda posterior según la que «se rechazaba expresamente» la suspensión acordada por el Constitucional.
¿Cuál es el contexto?
La resolución de 2015 a la que hace referencia el Constitucional es la del 1 de diciembre de ese año, que dejó sin efecto la declaración de inicio de la hoja de ruta hacia la independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña unas semanas antes, el 9 de noviembre de 2015. El Tribunal declaró inconstitucional y nulo el texto aprobado por JuntsxSí y la CUP, que a su parecer vulneraba cinco preceptos de la Constitución y dos del Estatut catalán.
En aquella ocasión, el Parlament alegó que la resolución aprobada no era más que una “aspiración o deseo” sin efectos jurídicos. No obstante, los magistrados apreciaron que esta moción pretendía ser “el acto fundacional” de un Estado independiente.
¿Qué hay que tener en cuenta?
En una entrevista en TV3, Torrent aseguró que el momento en el que se ha presentado esta querella “no es un detalle casual”. A su parecer, “hay intereses por influir en las dinámicas políticas”. “Es mucha casualidad que justo después de las elecciones del 14F y justo antes del pleno de constitución del Parlament se notifique esta querella”, ha remarcado el que fuera presidente de la Cámara autonómica.
Torrent hace referencia así al proceso de negociación de un nuevo Govern independentista que lidera ERC en las últimas semanas. Su presidenciable, Pere Aragonès, pretende aglutinar a JxCat y la CUP después de rechazar un tripartito con el PSC y En Comú Podem.
En esta tesitura, el candidato socialista, Salvador Illa, todavía no ha abandonado la pretensión de presentarse a una sesión de investidura. Pese a ello, la realidad es que no cuenta con los apoyos necesarios para hacerse con la Generalitat.
#Fact
El 9 de noviembre de 2015, cuando Artur Mas todavía se postulaba como presidente y los partidos independentistas se presentaban en coalición a las elecciones, el Parlament catalán aprobó la declaración de inicio del proceso de independencia y constitución de la Cataluña independiente.
Este proceso de «desconexión», tal como lo llama la declaración, instaba al Govern de la Generalitat a mantener obediencia exclusiva a las normas y leyes emanadas del Parlament y, por tanto, a desobedecer los mandatos del Tribunal Constitucional.
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