Durante la última década, si algo ha unido a los republicanos estadounidenses ha sido su oposición hacia la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), el nombre de la reforma sanitaria y medida estrella del expresidente demócrata Barack Obama, firmada en 2010. Y no solo se ha tratado de una oposición formal, sino de una carrera para derogarla por todas las vías. El ahora presidente interino, Donald Trump, rubricó una contrarreforma del sistema de salud en 2017 que suprimió las multas fiscales por no tener un seguro contratado —la disposición del “mandato individual”— pero no llegó a anular el mandato en sí.
Este 10 de noviembre, una semana después de las controvertidas elecciones, el Obamacare afronta una sesión en la Corte Suprema para escuchar los argumentos orales y definir el futuro de la ley, en una deliberación que puede extenderse hasta mediados de 2021.
Lo más importante
Lo que escuchará la Corte el martes son los argumentos de dos casos sobre la constitucionalidad del mandato individual: Texas contra California y California contra Texas. En 2012 este tribunal ya confirmó la constitucionalidad de esta medida, que buscaba alentar a las personas sanas a ingresar en el grupo de cobertura para reducir los costos totales.
Este punto vuelve al tapete porque tras la abolición del mandato individual en la parte de las sanciones en 2017, un grupo de estados liderados por Texas volvió a desafiar la ley desde el planteamiento de que si no hay multa, no hay impuesto y el mandato sería contrario a la Carta Magna.
¿Cuál es el contexto?
En un análisis de los distintos escenarios publicado por Quartz tras consultar con varios expertos observa que la Corte Suprema puede:
- Desestimar la demanda o sostener que el mandato individual con multas de 0 dólares son constitucionales, lo que dejará la situación como está.
- Derogar el mandato individual pero no el resto de la ley, lo que implicaría que de imponerse una sanción de 0 dólares a no imponer ninguna. Sería una cuestión de principios con consecuencias más que nada en la parte legal del asunto.
- Anular toda la ley, mandato individual incluido. Esto traería consigo la pérdida de un seguro médico para millones de estadounidenses, que según los expertos citados deberían tener una fecha límite para que la ACA dejara de estar en vigor y todo volvería a ser como antes de 2014, cuando el Obamacare se hizo efectivo.
De desaparecer totalmente la ACA, no solo perderían la cobertura sanitaria millones de personas. También decaerían la ampliación del seguro médico público para personas sin recursos y logros como que las compañías de seguros incluyeran beneficios como atención preventiva y embarazo, que los planes de empresas cubrieran a sus empleados y a sus hijos menores de 26 años o que los restaurantes publicaran el recuento de calorías en las cartas. La ley también obligó a las aseguradoras a dar cobertura a los pacientes con condiciones “preexistentes”, afecciones que podían ir desde asma hasta presión arterial alta, que en The New York Times se calculó por encima de los 133 millones de estadounidenses.
¿Qué hay que tener en cuenta?
El 27 de octubre, a una semana de las elecciones, fue ratificada como la jueza 109 vitalicia de la Corte Suprema la magistrada conservadora Amy Coney Barrett, lo que cerró un trámite exprés de reemplazo en el alto tribunal tras el fallecimiento de la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg.
- Su ratificación (des)equilibra las fuerzas de la siguiente manera: seis magistrados conservadores y tres de tendencia liberal.
- Barrett ha expresado anteriormente su rechazo al Obamacare.
La Kaiser Family Foundation (KFF) advertía el 5 de noviembre de que la irrupción del coronavirus y sus consecuencias pueden poner “a prueba las redes de seguridad del seguro de salud de la ley ACA de una manera que aún no se había visto desde la aprobación de la ley” porque el desempleo ha llevado a que muchos trabajadores queden fuera de los planes de sus empresas. Por eso, anima a inscribirse en los planes de cara a 2021 y, sobre todo, se esfuerza en dar a conocer las opciones de los ciudadanos sobre la ACA en los próximos meses.
#Fact
Un estudio de la Robert Wood Johnson Foundation y la institución sin ánimo de lucro Urban Institute publicado el 15 de octubre calcula que si la Corte Suprema revoca la ACA, 21 millones de personas perderían su cobertura de seguro médico, un millón más que en estimaciones anteriores. También proyectan que la tasa de personas sin seguro crecería en un 70%, mientras que el gasto federal en atención médica disminuiría en 152.000 millones anuales.
