El Congreso vota la toma en consideración este martes de una proposición de ley del PP que prevé impulsar la construcción de viviendas, reformar el mercado del alquiler, eliminar la declaración de zonas tensionadas y agilizar los desahucios, entre otras medidas.
- La iniciativa fue registrada por el PP en la Cámara Baja el pasado mes de febrero.
Qué dice la propuesta. La iniciativa del PP prevé modificar el sistema de planeamiento urbano para agilizar la construcción de viviendas y dotarla de mayor seguridad jurídica frente a posibles anulaciones a través de las siguientes medidas:
Fin a las zonas tensionadas. La iniciativa plantea eliminar el control de precios del alquiler, los índices de precios y la declaración de “zonas de mercado tensionado” incluidas en la ley de vivienda de 2023.
Alquiler. La propuesta elimina la obligación de prorrogar los contratos de alquiler de forma extraordinaria una vez que estos hubieran finalizado. A través de una modificación a la ley de arrendamientos urbanos, se propone que (si nadie avisa con la debida antelación para cancelar el contrato en cuestión), este solo se prorrogue por plazos anuales hasta un máximo de tres años más.
Desahucios. Se permite que las empresas también puedan pedir a un juez la recuperación inmediata de una vivienda ocupada ilegalmente, al igual que una persona física. Al mismo tiempo se propone acortar los tiempos máximos para que un juez suspenda un desahucio para proteger a personas vulnerables. Se pasa de dos meses a uno (si el dueño es un particular) y de cuatro a tres meses (si el dueño es una empresa).
Silencio administrativo positivo. El texto plantea agilizar los trámites a través de la aprobación automática de licencias para construir nuevos edificios si la administración no responde en el plazo establecido. Además, se propone que si la administración no emite informes necesarios en plazo, se pueda seguir adelante con los planes urbanísticos implicados por silencio administrativo positivo.
Planes urbanísticos. Se propone que los errores formales en un plan urbanístico puedan subsanarse en el plazo de un año sin tener que anular todo el plan en su conjunto. Además, se fija un límite de cuatro años para impugnar un plan urbanístico.
Freno a las denuncias de particulares. El texto plantea poner límites a las denuncias de particulares sobre irregularidades en planes urbanísticos relativos a la construcción de viviendas. Según esta norma solo podrían hacerlo asociaciones sin ánimo de lucro con dos años de antigüedad, como mínimo.
Los apoyos. Para que el texto salga adelante en el Congreso necesitaría una mayoría simple de los votos, por lo que con el apoyo del PP no sería suficiente.
- Teniendo en cuenta que el Gobierno y el resto de formaciones de la cámara, previsiblemente, votarán en contra, el PP necesitaría el apoyo de Junts, además del de Vox y UPN para hacer avanzar su iniciativa.
Próximos pasos. Si saliera adelante en la Cámara Baja, el texto comenzaría el trámite parlamentario y pasaría a la fase de enmiendas, en la que los grupos parlamentarios podrán modificar el texto inicial.
