El “milagro portugués” ante la pandemia del coronavirus

Con una población de 10,2 millones de personas, Portugal registra 11.730 contagios por coronavirus y es el octavo miembro de la Unión Europea en casos confirmados. En su balance oficial del 6 de abril, la Dirección General de Salud (DGS) anunció un empeoramiento de la situación: 452 nuevas infecciones en las últimas 24 horas y un total de 311 fallecidos. El país lusitano cuenta con más de 1.100 enfermos por millón de habitantes. El viernes pasado, cumplido un mes del primer contagio, el Parlamento luso amplió el estado de emergencia con medidas más duras.

Modelo de referencia para la socialdemocracia europea, la fórmula lusa corre peligro de apagarse con la pandemia. El coronavirus empuja a Portugal hacia una crisis que, según su banco central, sumirá al país en una recesión. La economía portuguesa sufrirá una caída de entre el 3,7 y el 5,7% y la tasa de paro, que se sitúa actualmente en los 6 puntos, escalará hasta el 10%. El ministro de Economía, Pedro Siza Vieira, ha avisado de que alrededor de un millón de trabajadores resultarán afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

En la última década, Portugal eludió los dictados más severos de la troika, aplicó un rígido plan de austeridad, devolvió los 78.000 millones del préstamo, creó empleo y creció. Cinco años después del rescate financiero de 2014, el país sureuropeo lograba un superávit del 0,2%. Pero todo ello puede hundirse al tiempo que reviven los fantasmas de la Gran Recesión de 2008. El primer ministro lusitano, Antonio Costa, ha pedido a los portugueses “no bajar la guardia” y ha avisado de que, aunque saldrán de la pandemia con la autoestima colectiva “reforzada”, también lo harán “más pobres y más frágiles desde el punto de vista económico”. “Es el mayor desafío de nuestra historia democrática”, agregó el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.

¿Cuándo se detectó el primer caso?

Portugal ha sido el último país de Europa Occidental en registrar su primer caso de COVID-19. La epidemia eclosionó el 2 de marzo, después de que un residente de Oporto diera positivo tras volver de un viaje en el norte de Italia. Pocas horas después de reportarse la primera infección, las autoridades portuenses detectaron el segundo en un hombre que regresaba de Valencia. “Estamos en la fase de contención y continuaremos. No aumenta el nivel de prevención en este momento, pero genera una segunda línea muy importante: la detección de contactos directos. La palabra del momento es tranquilidad”, declaró ese día la directora de la DGS, Graça Freitas.

A la semana de detectarse el brote, la cifra de casos confirmados rozaba el medio centenar. Desde entonces, las infecciones han aumentado de manera acelerada y, a mediados de mes, el país luso quintuplicó el número de contagios en cinco días: de los 59 positivos del 11 de marzo a los 331 del 16. Esa misma jornada, el Gobierno confirmó el primer fallecimiento por COVID-19. El 2 de abril, cumplido un mes de la eclosión del patógeno, el registro oficial de la DGS marcaba un total de 9.034 casos y 209 defunciones.

¿Qué medidas se han adoptado?

El Ejecutivo portugués declaró el estado de alerta el 13 de marzo. Todos los centros de enseñanza del país suspendieron sus clases. Bares, discotecas y otros centros de ocio tuvieron que cerrar. Los centros comerciales y los restaurantes limitaron su aforo para evitar la aglomeración de personas y los eventos masivos se cancelaron. Hasta entonces, las autoridades solo habían emitido recomendaciones y las restricciones se ordenaban únicamente en los lugares más afectados. “Es una lucha por nuestra supervivencia y por la protección de la vida de los portugueses”, expresó el primer ministro. El 16 de marzo, Portugal limitó el tráfico fronterizo con España al cruce de mercancías y a trabajadores transnacionales.

La rápida expansión del brote obligó al Gobierno a elevar pronto el régimen de excepción. Los portugueses apenas habían vivido cinco días en estado de alarma cuando el Gobierno anunció el estado de emergencia. Con la nueva declaración, se impuso el cierre de comercios “no esenciales” y el confinamiento general de la población. Solo se permitirían los desplazamientos por “motivos de fuerza mayor”, como para comprar bienes de primera necesidad, trabajar, acudir al banco, pasear mascotas o hacer deporte por un corto período de tiempo. También se impuso un control en las carreteras para prohibir los desplazamientos con fines recreativos el fin de semana y los días festivos.

Asimismo, el Ejecutivo de Costa decidió regularizar el 28 de marzo a todos los inmigrantes que hubieran solicitado permiso de residencia, con el fin de “garantizar los derechos de todos los ciudadanos” que están en Portugal. En la misma línea, los visados expirados después del 25 de febrero se ampliaron hasta el 30 de junio de 2020. “Es importante garantizar los derechos de los más frágiles, como es el caso de los inmigrantes. Es un deber de una sociedad solidaria en tiempos de crisis asegurar el acceso de los ciudadanos inmigrantes a la salud y seguridad social”, explicó el ministro de Administración Interna, Eduardo Cabrita.

Para evitar contagios masivos en Semana Santa, el Parlamento portugués aprobó el 2 de abril ampliar el estado de emergencia hasta el viernes 17. Con la prórroga, se dio luz verde a una batería de medidas para reforzar la contención de la pandemia en “el mes más difícil” de la crisis, en palabras del primer ministro. Así, además de conminar a los portugueses a mantenerse en casa, teletrabajar y paralizar las actividades no esenciales, el Gobierno prohibirá del 9 al 13 de abril las reuniones privadas de más de cinco personas –salvo en familias numerosas– y todos los desplazamientos fuera del municipio de residencia habitual, excepto los que se realicen para acudir a trabajar. Asimismo, el país cerrará todos los aeropuertos nacionales al tráfico de pasajeros desde Jueves Santo hasta el lunes de Pascua.

Con el fin de prevenir la pandemia dentro de las cárceles y proteger a reclusos y trabajadores, se podrán perdonar parcialmente las penas de prisión inferiores a dos años o los dos últimos años de condena, siempre que no se hayan cometido delitos graves como el de homicidio, el de agresión sexual o el de violencia doméstica. Igualmente, la Inspección de Trabajo portuguesa tendrá poderes para anular los despidos “con indicios de ilegalidad manifiestos”. Y, al margen del decreto, el Parlamento aprobó una propuesta de ley que suspende el pago de los alquileres durante el estado de emergencia para familias y negocios que registren una caída de ingresos que impida a los propietarios rescindir los contratos. Todos los enfermos de COVID-19 quedan exentos de pagar las tasas de copago en la sanidad pública.

¿Cuál es la situación actual?

El norte de Portugal es la región más sacudida por la pandemia, con 6.706 casos (el 57% del país) y 168 defunciones (54%) a día 6 de abril. Lisboa, la capital lusitana, es el municipio con más infecciones (699 confirmados), seguido de Oporto (689), la segunda ciudad más poblada. Ante el reciente aumento de positivos en la localidad portuense, el Gobierno consideró establecer un cordón sanitario para frenar los contagios, opción que finalmente quedó descartada el 31 de marzo. En total, la tasa de mortalidad de la COVID-19 se sitúa en 2,6% y alcanza el 10,5% en mayores de 70 años.

Los colegios de médicos, enfermeros y farmacéuticos han alertado de la complicada situación de los profesionales por la falta de mascarillas y equipos de protección individual (EPI). Las infecciones en el sector se han disparado en los últimos días y, a fecha de 6 de abril, Portugal registra 1.132 sanitarios enfermos de COVID-19, un 9,7% de los contabilizados oficialmente en el país. La ministra de Salud, Marta Temido, anunció el 28 de marzo que entre el día 1 y el 26 se practicaron un total de 40.000 test, una cifra insuficiente según los trabajadores médicos, que insisten en la necesidad de ampliar el número para contener los contagios en todo el territorio luso. El secretario de Estado de Salud, Antonio Sales, actualizó el dato este lunes a 110.000 pruebas realizadas hasta la fecha. La semana pasada, Portugal ordenó un cargamento de 700.000 mascarillas, 200.000 test y 500 ventiladores comprados a China que se destinarán a los hospitales de las regiones más castigadas por el patógeno.

Portugal empieza a mentalizar a la población para que se prepare a una prórroga del aislamiento, que podría extenderse hasta un total de tres meses. El pico máximo de contagios se alcanzará a finales de mayo, según la última estimación del Ejecutivo luso, que ha admitido que podría nacionalizar empresas “estratégicas” si la situación lo llegase a requerir. Además, en vista de una prolongada cuarentena, el Gobierno y la cadena pública RTP firmaron un acuerdo el 3 de abril para avanzar en un proyecto de “telescuela” que permitiría impartir clases por televisión a alumnos de educación básica –equivalentes a primaria y secundaria en España–. “Es fundamental hacer todos un esfuerzo para que podamos llegar lo mejor posible al final de este túnel, y que este túnel no dure más de dos o tres meses, pero esa es una esperanza que yo no puedo infundir. Vamos a salir de esto, pero todavía no es el momento de decir que estamos en el inicio de la salida”, manifestó Costa el 1 de abril.