La Cámara baja trabaja a su ritmo habitual de febrero a junio y de septiembre a diciembre, según lo establece la Constitución. Cada año se divide en estos dos períodos ordinarios de sesiones y, en los tres meses restantes, los plenos y comisiones se convocan solo de forma extraordinaria.
El órgano que se queda ‘de guardia’ en enero, julio y agosto es la Diputación Permanente, que acuerda la celebración de estas reuniones excepcionales a partir de las propuestas de los partidos. Si lo estiman conveniente, el Gobierno o una mayoría absoluta de los miembros del Congreso también pueden solicitar que se celebre una sesión.
Este agosto a diferencia del anterior, las puertas del plenario han permanecido cerradas, igual que ya sucedió en 13 de los últimos 20 veranos. PP y Ciudadanos solicitaron que se abrieran para que Pablo Iglesias diera explicaciones sobre la presunta financiación irregular de su partido, pero la iniciativa no contó con el apoyo suficiente. Tampoco lo cosechó la petición popular de que compareciera Pedro Sánchez para exponer sus intenciones respecto a las ayudas europeas para luchar contra el coronavirus.
Reforma exprés de la Constitución
En este tiempo, el pleno extraordinario más conocido es el del 23 de agosto de 2011. En él, PSOE y PP sellaron la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución que tanto ruido ha generado después.
España se estremecía por los efectos de la crisis económica y la modificación propuesta por José Luis Rodríguez Zapatero pretendía sosegar a los líderes europeos, al BCE y a los mercados, según recogen las crónicas del momento.
En palabras del por entonces presidente del Gobierno, implicaba “establecer una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda”. Algo que, en opinión de Rajoy -líder de la oposición-, debería haberse hecho incluso antes pero que, según el portavoz de IU, supondría “amputar de una vez por todas el Estado social”.
El anuncio pilló por sorpresa a casi todos (a Rajoy, no). Además, la reforma se tramitó por el procedimiento de urgencia y en lectura única y no se celebró un referéndum para ratificarla (legalmente no era necesario). El Ejecutivo tenía prisa. Las Cortes se iban a disolver el 26 de septiembre por la convocatoria de elecciones anticipadas y el cambio debía quedar cerrado antes de abandonar La Moncloa.
Debate de los Presupuestos de 2016
La celebración de los siguientes comicios -los del 20 de diciembre de 2015- también provocaron que el Gobierno de Rajoy impulsara un pleno extraordinario en agosto. El de los Presupuestos Generales del Estado de 2016, nada más y nada menos.
Por aquel entonces, el PP contaba con una mayoría absoluta tanto en el Congreso (186 diputados) como en el Senado (153 escaños), lo que aseguraba la aprobación de sus cuentas para el próximo año. Sería con ellas con las que trabajaría el Ejecutivo salido de las urnas, fuera o no popular. “Toda una desfachatez” para el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez; y un modo de ofrecer “confianza” a los españoles para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
En su argumentación, los populares también apelaron ‘con pinzas’ a los plazos legales. La Constitución establece que los PGE deben remitirse a la Cámara baja “al menos tres meses antes de la expiración del año anterior”, pero el incumplimiento de este precepto no ha supuesto consecuencias para ningún Ejecutivo.
Investidura fallida de Rajoy
España empezó 2016 con unos Presupuestos pero sin un Gobierno en plenas facultades. La falta de acuerdo de los partidos se extendió meses y provocó la repetición electoral del 26 de junio. Pero de la nueva cita tampoco salió una opción con la suficiente mayoría por sí sola.
Mariano Rajoy ganó ambos comicios, el segundo con mayor holgura.
Durante el verano, llegó a un acuerdo -insuficiente- con Ciudadanos. La suma de los diputados de una y otra formación y el de Coalición Canaria se quedó corta y la investidura resultó fallida.
Declaraciones relacionadas con la presunta ‘caja B’ del PP
Como presidente del Gobierno, Rajoy subió a la tribuna del Congreso tres veces más en un mes de agosto. En 2015, para consultar la contribución de España en el tercer rescate a Grecia y, en 2013 y 2017, para hablar de la presunta corrupción en su partido. La primera vez, después de que Bárcenas le señalara como partícipe de la trama y, la segunda, tras declarar como testigo en el juicio de la Gürtel.
En una y otra ocasión compareció porque se lo exigió la oposición, aunque en 2013 presentó después de que lo hiciera IU la petición de informar al pleno de motu propio. Desde las bancadas rivales le exigieron que dimitiera por “dignidad”, por “responsabilidad” o para no dañar la “credibilidad” del país. No por repetirlo alteraron, sin embargo, la respuesta del líder popular, que siempre fue la misma: “No se me piden explicaciones; a mí, lo que se me pide es que me declare culpable Y que me declare culpable porque algunos han decidido que lo soy y, en consecuencia, que dimita o que convoque elecciones generales”.
Ilegalización de Batasuna
Era también agosto cuando en el año 2002 el Congreso inició el proceso de ilegalización de Batasuna. El día 26, a propuesta del PP y el PSOE, se aprobó una resolución que instaba a ello al Gobierno conforme a lo establecido en la Ley de Partidos Políticos.
La resolución, que contó con el respaldo de 334 diputados, suponía el primer paso para declarar como ilícita a la formación. Los populares consideraron la iniciativa un “imperativo categórico”, en línea con lo expresado por los socialistas, para quienes había quedado acreditado que Batasuna era el “brazo político” de la banda terrorista ETA.
La crisis del Open Arms
La última vez que se dio un pleno extraordinario de este tipo fue hace un verano, cuando Unidas Podemos, ERC y el Grupo Mixto hicieron que compareciera Carmen Calvo. La vicepresidenta acudió a la Cámara para dar explicaciones sobre la actuación del Gobierno frente al Open Arms, el barco de la ONG española que permaneció 20 días bloqueado en el mar a la espera de un puerto seguro.
Sucedió entonces algo inusual. La bancada de la oposición, de los populares a los morados, coincidió en sus críticas al Ejecutivo, al que acusó de “abandonar la humanidad” y de tener poca “altura”.
Consejo de Ministros, lo habitual en agosto
En las reuniones del Gobierno pasa justo lo contrario que en el Congreso de los Diputados. Lo normal es que en el mes estival por excelencia haya Consejo de Ministros. De hecho, ha ocurrido todos los agostos desde hace dos décadas.
En 2019 fue cuando más se celebraron, hasta cuatro. Hace un año, el Ejecutivo se encontraba en funciones tras la celebración de las elecciones del 28-A y la investidura fallida de finales de julio. La repetición de los comicios se daba prácticamente por asegurada y, frente a la negativa de Iglesias a apoyarle, Pedro Sánchez impulsaba su imagen como la de la “estabilidad”. Una idea que quiso materializar dando continuidad a las reuniones de su Ejecutivo.
En el punto contrario están los veranos del 2000, con Aznar en La Moncloa y en 2004, 2005, 2006 y 2010, con Zapatero como presidente. En todos ellos, el Gobierno solo se congregó una vez.
