Que su organización, su funcionamiento y su actividad se ajusten a “los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes”. Esta es la condición principal que en España se pone para que una persona mayor de edad, en plenas facultades y que no haya sido condenada por ciertos delitos pueda crear un partido político.
Se trata de unas características que cumple la mayoría de la población por lo que, en este sentido, se podría decir que es relativamente fácil iniciar el proceso. Después, el promotor deberá buscar, como mínimo, a otras dos personas que constituyan el núcleo fundador del partido y formalizarlo en un acta fundacional en la que se debe incluir la identificación de estos integrantes y la denominación, domicilio y estatutos de la formación. Todo ello, deberá presentarse ante el Ministerio del Interior, que canaliza y examina que las solicitudes cumplan los requisitos.
Legalidad vs legitimidad
Más allá de las condiciones legales que cumplen todos los partidos que llegan al Congreso, la negociación del Gobierno con EH Bildu ha reavivado un debate que ya se planteó con los acuerdos autonómicos del PP y Ciudadanos con Vox: ¿es legítimo pactar con determinadas formaciones?
La doctora de la Universidad de Granada, Giselle García Hípola, pide un parón para reflexionar sobre la cuestión: “La política debería regular estas cuestiones de una manera serena y tranquila, donde se debe situar al diálogo en el centro de la vida política. Sin embargo, en la actualidad, en ese centro están la polarización y la crispación, por lo que la dinámica es ‘o estás conmigo o estás contra mí’”.
En esta línea, pide a los dirigentes que dejen de un lado las “tácticas cortoplacistas” que lo único que provocan es alimentar esa dicotomía: “Lo que están enseñando a la población es que las cosas son o blancas o negras y, como sabemos, las sociedades son complejas”.
El doctor en Ciencia Política y Sociología en la Universidad de Deusto, Braulio Gómez, va más al detalle. «EH Bildu es una fuerza que participa en las instituciones, que ha renunciado a la violencia para alcanzar fines políticos en sus estatutos. No veo ningún problema que impida llegar a acuerdos, más allá de la oportunidad política”. En contraposición, considera que “Vox plantea el dilema que tienen todas las democracias europeas con fuerzas de ultraderecha que promueven el odio en el espacio público y quieren derribar la democracia pluralista”. Y, en su opinión, “no es lo mismo”.
La doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, María Garrote, coincide al pensar que no es equiparable la situación de estos dos partidos, pero por motivos distintos: “EH Bildu tiene una experiencia contrastada de gestión, lo que supone una diferencia cualitativa respecto a Vox, que sigue manteniendo el beneficio de la duda”. Con todo, percibe en el partido de Abascal un factor clave: “Sobre el papel, algunas de las propuestas de unos y otros son excéntricas y llegan, incluso, a bordear los principios constitucionales, pero Vox no tiene esa lastra del terrorismo”.
Llegar a acuerdos en un Congreso muy fragmentado
Una Cámara con tantas formaciones y un panorama tan polarizado ha generado un sinfín de vetos cruzados entre los partidos, como está comprobando en primera persona el Gobierno durante las negociaciones de los Presupuestos. También se ha recuperado el concepto de ‘cordón sanitario’, entendido como el intento por aislar a una determinada formación.
Braulio Goméz ve estos movimientos como la vía para salvaguardar una base de principios comunes: “Las democracias atraviesan una etapa de intensa fragilidad y pueden acabar muriendo si no se defienden unos mínimos básicos compartidos por todas las fuerzas políticas”, si bien deja claro que no debe en ningún caso suponer que “se silencie su voz en el Parlamento”.
Esta postura coincide con la de Giselle García Hípola, que enmarca estos movimientos “dentro de la normalidad democrática y de las decisiones estratégicas que cada partido asume”. Sin embargo, por muy cotidianos que se hayan vuelto, María Garrote considera que “no es bueno establecerlos, aunque a veces es coherente respecto a las promesas hechas a los electores”…. o no, como se ha visto con los compromisos que adquirió Sánchez respecto a EH Bildu en el pasado.
[Newtral Hemeroteca | Cuando Pedro Sánchez repetía que con Bildu no iba a pactar nada]
La doctora de la Universidad Complutense de Madrid, María Garrote, reafirma que tiene que primar el contenido de los acuerdos respecto al sujeto con el que se negocia, pero admite que “en muchos casos el qué está condicionado por el quién”. Nadie espera que EH Bildu acuerde una bajada de los impuestos a las grandes empresas ni que VOX haga lo consiguiente sobre un referéndum en Cataluña.
¿Cuántas formaciones políticas hay en España?
Al término del año 2019 -cifra más actualizada-, en nuestro país se había realizado el proceso de crear un formación política un total de 5.676 veces desde 1976, año en el que se aprobó la Ley de Asociaciones Políticas tras la muerte de Franco. Sin embargo, a finales de noviembre, según el registro del Ministerio del Interior había 5.227 formaciones activas o, en su defecto, que no se habían dado de baja ante este departamento.
Por años, fue en 2015 cuando se registraron más nuevas formaciones: 479. A finales de ese curso se celebraron las elecciones del 20-D, que supusieron el fin de la hegemonía del bipartidismo en las Cortes. Le sigue el año del 15-M (2011), con 435 inscripciones. “A nuevos escenarios y contextos políticos necesitamos nuevos actores que planteen visiones alternativas de esa realidad”, explica la doctora en Ciencia Política de la Universidad de Granada. “Cuando analizamos el panorama político obviamos analizarlo en su contexto y ese contexto es el que determina que las cosas sucedan o no de una manera o de otra”.
Precisamente, desde ese 2015, la realidad que rodea el día a día en el Congreso ha cambiado considerablemente. Nunca había habido tantas formaciones en la Cámara Baja como ahora (19) y el Ejecutivo formado por PSOE y Unidas Podemos es el primero de coalición de la historia democrática, hechos que condicionan cada acontecimiento político del país.
La España despolitizada
Igual que hablamos de la ‘España vaciada’ para referirnos a los lugares más afectados por la despoblación, se podría hablar de la ‘España despolitizada’ en lo relativo a la creación de las formaciones políticas.
Teruel -principal exponente de la baja población- tiene, también, el dudoso mérito de ser la provincia que cuenta con menos partidos con el domicilio allí localizado en el registro del Ministerio del Interior. Únicamente, tres. Le siguen Cuenca y Palencia, con cinco, y Segovia (8). La doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, María Garrote, encuentra una doble explicación a estas cifras: “el peso político de estas provincias” y el sistema electoral que rige en los comicios generales. “Estas circunscripciones cuentan con dos o tres diputados [a repartir]. Formar un partido político y conseguir representación política es poco menos que una hazaña”.
Madrid multiplica por 259 la cifra de formaciones inscritas respecto a la provincia aragonesa. En total, 778, algo que tiene cierta lógica si se tiene en cuenta que es la sede del Congreso de los Diputados y que es una provincia que reparte muchos diputados. También lo hacen los territorios que le siguen en este ranking: Barcelona (682) y Valencia (333).
Teruel Existe y las agrupaciones de electores
No todas las formaciones que han llegado al Congreso son partidos políticos como tal. Es el caso de Teruel Existe, que es una agrupación de electores. Estas agrupaciones se crean “única y exclusivamente” para un proceso electoral concreto, como explica la Junta Electoral Central. Su constitución tiene que estar avalada por un número de firmas concreto en función de los comicios y, a diferencia que con las formaciones políticas, no hay un registro público de agrupaciones de electores.
Fuentes:
- Ministerio del Interior: Registro de Partidos Políticos
- Ministerio del Interior: Anuario Estadístico del año 2019 (PDF)
- Junta Electoral Central: Agrupaciones Electorales
- Giselle García Hípola, Doctora en Ciencia Política de la Universidad de Granada
- Braulio Gómez, doctor en Ciencia Política y Sociología en la Universidad de Deusto
- María Garrote, doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid
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