Más de 20 años después del primer pacto, los partidos buscan evitar tránsfugas en el Congreso y el Senado

En 1998 los partidos políticos firmaron un acuerdo para evitar el transfuguismo de los integrantes de un partido a otro en los plenos de los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales. Alegaban que era algo que sucedía a menudo y que lo único que generaba era “inestabilidad”.

“Esta necesidad de acuerdo entre las fuerzas políticas se requiere como factor imprescindible para buscar soluciones mediante compromisos de comportamiento político, con los que superar las situaciones de inestabilidad de gobierno provocadas por conductas particulares de transfuguismo, a las que el Derecho no puede ni debe dar respuesta”

Acuerdo sobre Transfuguismo (7 de julio de 1998)

Entonces, doce formaciones de todo el espectro político encabezadas por el PSOE y el PP acordaron “no admitir en su grupo político a un concejal integrado en la candidatura de otra formación”. Y no solo eso, se comprometieron a no utilizar a los tránsfugas para “cambiar las mayorías de Gobierno” y a “no apoyar ninguna iniciativa” que procediera de ellos. Se proponía, además, dejarlos aislados en la corporación pasando a ser considerados como “no inscrito” o “concejal independiente”. 

Para asegurar que todo esto se cumplía se formó una Comisión de Seguimiento del Acuerdo formada por los partidos firmantes y el Ministerio de Administraciones Públicas. Desde entonces, según aparece en la web del Gobierno, este órgano se ha reunido 22 veces y de forma bastante desigual, como demuestra el hecho de que el encuentro de julio de 2020 se celebrara tras una década en blanco. 

Las primeras actualizaciones del acuerdo

En este tiempo, al pacto se han añadido otras tres adendas en los años 2000, 2006 y, más recientemente, en noviembre de 2020. 

En el documento del año 2000, no se añadía ninguna otra indicación. Se aseguraban que lo acordado en 1998 se estaba cumpliendo y que, ante “las dificultades jurídico constitucionales” para “constreñir tales comportamientos”, la manera más eficaz de acabar con ellos era suscribir “acuerdos políticos” como el firmado. 

En 2006, las formaciones volvieron a poner negro sobre blanco respecto a los consensos adoptados. Redefinieron qué se entendía por ‘tránsfuga’ e incluyeron como tal no solo a los que cambiaban de formación sino, también, a los que se beneficiaban de ello en las corporaciones locales. 

De igual manera, los partidos firmantes se comprometieron a no incluir en sus listas electorales a quienes tuvieran este comportamiento y, por consiguiente, a crear una lista de tránsfugas. Estas personas en ningún caso podrían disfrutar de los medios económicos y materiales correspondientes a los grupos de las corporaciones locales ni ser admitidos en los equipos del Gobierno municipal.

La intención de extenderlo al Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos

El siguiente acuerdo no ha llegado hasta este 2020, año en que las formaciones han mostrado su intención de extender el Pacto Antitransfuguismo al ámbito autonómico y estatal. Esto implicaría la reforma de los reglamentos de cámaras como el Congreso y el Senado y, a su vez, la modificación de leyes como la LOREG -reguladora del régimen electoral- o la de los partidos políticos. 

A su vez, se ha planteado la idea de incluir “otros supuestos de deslealtad” que alimentan el transfuguismo entre las prácticas rechazadas, como sería la usurpación de identidad de coaliciones y agrupaciones electorales.

En paralelo, los partidos han querido retomar el Comité de Expertos Independientes acordado en 2006, que debería actuar cuando haya discrepancias en la Comisión del Seguimiento del Pacto y siempre que se lo pida esta. Por su parte, se ha pactado que los próximos acuerdos del órgano se tendrán que aprobar por unanimidad y, en su defecto, por mayoría de tres quintos con voto ponderado.

A esta tercera actualización se suscribieron inicialmente once formaciones: PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PSC, PNV, Izquierda Unida, BNG, PAR, Foro Asturias y Galicia en Común.

Los casos de transfuguismo más recientes y… más sonados

A pesar de los 22 años que han pasado desde que se aprobó el primer pacto Antitransfuguismo y del compromiso de los partidos por cumplirlo, las idas y venidas de concejales clave se han seguido produciendo.

Uno de los casos más recientes fue el protagonizado por Evelyn Alonso en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en julio de 2020. Alonso fue como número tres de las listas de Ciudadanos a las elecciones municipales de la localidad y accedió al cargo tras la renuncia de su predecesor, cuyo apoyo había sido fundamental para situar a la socialista Patricia Hernández en la alcaldía. Al llegar al cargo, en contra del criterio de Ciudadanos, Alonso apoyó una moción de censura contra la dirigente del PSOE y, gracias a su voto, se desalojó a Hernández del consistorio. Su actitud le valió la expulsión de Cs. También ha ocurrido este año en Huércal Overa (Almería) gracias al apoyo de otro concejal que fue en las listas naranjas. 

Sin embargo, si hay un ayuntamiento que históricamente se ha visto afectado por este tipo de prácticas es el de Benidorm (Alicante). En 1991 -cuando no existía el Pacto Antitransfuguismo- la concejala socialista Maruja Sánchez Trujillo dio la alcaldía a Eduardo Zaplana (PP) y, en 2009, miembros del PSPV se tomaron la venganza: se aliaron con un concejal del PP para echar del consistorio al popular Manuel Pérez Fenoll, como recogía RTVE. La actitud de los socialistas fue desautorizada por Ferraz, por lo que se vieron obligados a darse de baja antes de firmar la moción de censura. 

Reuniones previas de la Comisión y sentencia del Supremo

Para tratar de evitar situaciones de este tipo, otra de las novedades que incluye la última adenda es que la Comisión del Pacto Antitransfuguismo se reunirá de forma preventiva si tiene constancia de que se presenta una moción de censura en la que está implicado un supuesto tránsfuga. El objetivo es poder “actuar de manera urgente e impedir la consumación de los efectos del transfuguismo”. 

De igual manera, en 2020 también se ha dado un paso importante para hacer cumplir lo recogido en el acuerdo, pero no desde el plano político sino desde la Justicia. El 27 de octubre, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que respalda lo recogido en el documento suscrito por las formaciones donde estableció que los concejales tránsfugas “no pueden asumir nuevos cargos o retribuciones que supongan mejoras políticas y económicas”. Con esta decisión sienta jurisprudencia y allana el camino para litigios futuros.