El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles una orden de la Jefatura de Estado en la que se recogen medidas financieras «de carácter extraordinario y urgente» aplicables a las entidades locales. En el texto, se recoge el acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y Hacienda para prestar el superávit de las entidades locales al Ejecutivo.
En la orden el Ejecutivo ofrece a los Ayuntamientos que pongan su superávit a disposición del Estado en un préstamo —que será amortizado por la Administración General del Estado en un plazo máximo de 15 años, a partir de 2022— de manera voluntaria.
A cambio, las entidades municipales que realicen dicho préstamo participarán proporcionalmente de un fondo de hasta 5.000 millones de euros para destinarlos a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural.
El texto recuerda que la situación financiera de las entidades locales «se puede calificar de saneada, con capacidad de generación de ahorro y con superávit sucesivos y continuados desde el año 2012″, por lo que entre las medidas para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en marzo, se posibilitó que las corporaciones locales destinaran una cuantía global de 300 millones de euros de aquel superávit para financiar un Fondo Social Extraordinario que se transferirá a las comunidades autónomas para reforzar sus políticas sociales y de atención a familias en situación de mayor vulnerabilidad.
El acuerdo también exime a los Ayuntamientos del cumplimiento de la regla de gasto en 2020 y habilita un crédito extraordinario en los Presupuestos Generales del Estado de 275 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte de competencia municipal durante la pandemia. Ese fondo se podrá ampliar hasta los 400 millones de euros.
Educación seguirá el impacto del COVID-19 en los colegios
En el BOE de este miércoles también se recoge la creación de la Comisión de trabajo para el seguimiento de la COVID-19 en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. El objetivo del grupo, en coordinación con las autoridades sanitarias, analizar y evaluar la evolución y el impacto de la pandemia en el ámbito de la educación no universitaria y de la formación profesional.
«La Comisión de Trabajo tiene por objeto realizar el seguimiento de la evolución y el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el ámbito de la educación no universitaria y de la formación profesional, reforzando a tal efecto el contacto entre las diversas administraciones públicas, en especial las administraciones sanitarias, con objeto de compartir y analizar las estrategias seguidas y poder extraer enseñanzas de las diferentes medidas adoptadas», recoge la orden.
[Seguridad en entredicho: las dudas ante la vuelta al ‘cole’]
Así, se busca que la información obtenida sirva para efectuar recomendaciones y, en su caso, adoptar las decisiones necesarias en respuesta a las situaciones que se produzcan, en coordinación y colaboración con las Administraciones educativas.
Con esto, se intenta que los criterios comunes sobre los que planificar el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021 sean tanto desde el punto de vista educativo como del de la salud pública y «atentos a las posibles contingencias que puedan producirse durante el curso escolar».
Acuerdo sobre vacunas contra el COVID-19 entre la Comisión Europea y los Estados de la UE
Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, también ha publicado el acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea sobre vacunas contra el COVID-19.
Este recoge que la Comisión tiene el mandato de concluir, en nombre de los Estados miembros participantes, Acuerdos de Adquisición Anticipada (APA, por sus siglas en inglés) con fabricantes de vacunas para la adquisición de estas con el propósito de combatir la pandemia de la COVID-19 en el ámbito de la Unión.
[Qué es y qué hace la Comisión Europea]
No obstante, explican que la adquisición de dichas vacunas correrá a cargo de los Estados miembros y no de la Comisión. El objetivo del acuerdo es «que la Unión adopte medidas para garantizar el suministro de suficientes dosis de una vacuna segura y eficaz a los Estados miembros».
0 Comentarios