Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de verificación de Whatsapp (+34 627 28 08 15) por una serie de publicaciones en redes sociales y diferentes portales que acusan a una pareja de mujeres en Murcia de entregar a su hija de 14 años a los servicios sociales.
El origen de esta acusación, de la que no hemos encontrado ninguna prueba, es una carta publicada en julio en Facebook por el exjuez de Murcia Fernando Ferrín Calamita, quien se encuentra inhabilitado en sus funciones desde 2008 tras sucesivas decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo.
En la carta abierta dirigida a la joven, que es hija biológica de una de las madres y adoptiva de la otra, Ferrín Calamita dice: «Ha llegado a mi conocimiento recientemente que se han divorciado y que te han abandonado y entregado a los servicios sociales. Lo siento mucho. El tiempo me ha venido a dar la razón, por desgracia».
La publicación fue posteriormente borrada por Ferrín Calamita pero en diferentes sitios y mensajes persisten las acusaciones sobre las madres. Ferrín Calamita fue inhabilitado hace más de una década por el retraso «malicioso» de los trámites de adopción de la menor por parte de la pareja de la madre biológica.
«La pareja de lesbianas que persiguió a Calamita abandona a la niña adoptada», se lee en un sitio de Internet que cuestiona el «lobby gay en España». «Expulsan a juez de la carrera judicial por no considerar idónea una pareja lesbiana para adopción. Años después las ‘madres’ se separan y ‘devuelven’ la niña a Servicios Sociales», señala un tuit que se ha viralizado en las redes sociales.
La madre biológica desmintió las acusaciones en declaraciones al diario La Opinión de Murcia. «Esto es totalmente falso. La niña está con nosotras, en casa, con sus dos madres«, asegura.
En Newtral.es no hemos podido encontrar ninguna prueba de que la menor haya sido entregada a los servicios sociales. Además, no sería posible hacerlo sin la autorización de la administración y sin que estén justificadas las circunstancias previstas en las leyes nacionales y autonómicas. De lo contrario, se podría incurrir en el delito de abandono de menores.
La Consejería de Familias y Política Social de Murcia, «consternada con el discurso del odio»
Hemos consultado a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, de la que depende la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, si tiene conocimiento de que se haya entregado a la joven a los servicios sociales.
«No nos está permitido divulgar información sobre una menor, pero precisamente porque nos preocupa su bienestar, estamos siguiendo el tema de cerca desde el primer día», explican a Newtral.es desde la consejería que tiene a su cargo los servicios sociales de la Comunidad de Murcia.
No obstante, cuestionaron la credibilidad de las acusaciones de Ferrín Calamita. «Estamos absolutamente consternados con el discurso del odio que se está creando en torno a una familia solo por la afirmación de una persona que se ha apresurado a borrar parte de sus publicaciones, prueba de lo seguro que estaba en el momento de hacerlas», añaden.
«Por supuesto, ofreceremos al juzgado toda la información que nos solicite a fin de determinar la responsabilidad legal por parte de quienes realizan determinadas afirmaciones».
La Asociación de familias de Gays y Lesbianas de Murcia pide «parar el bulo»
La presidenta de la Asociación de familias de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia (Asfagalem), Adelaida Campillo, niega que la niña haya sido entregada a los servicios sociales. «Tú no puedes ir a servicios sociales y dejar sin más a una niña. Ese procedimiento no existe, a menos que corra peligro la vida del menor», explica Campillo a Newtral.es. «Siempre se intenta que la familia pueda solucionar el problema».
Asfagalem está actuando de portavoz de las madres, quienes han decidido no exponerse en los medios ante las agresiones que están sufriendo en redes sociales.
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Según Campillo, las madres ya han realizado la solicitud «a la consejería para que certifique que no existe un expediente a nombre de su hija». Además, están evaluando iniciar una demanda por calumnias o delito de odio. «Lo que queremos es parar el bulo», explica.
¿Qué dicen las leyes de protección de la infancia?
Las leyes de protección de la infancia, tanto a nivel nacional como autonómico, exigen la autorización de la administración para entregar en guarda a un menor y el caso debe estar previsto en las situaciones establecidas por la ley. De lo contrario, podría tratarse de un delito de abandono de menores, penado con hasta cuatro años de prisión en el Código Penal (artículo 229).
Las normas priorizan que los menores puedan mantenerse en su entorno familiar, siempre que no exista una situación de riesgo, y les garantizan el derecho a expresar su opinión en los asuntos que les afecten. Máxime cuando se trata de mayores de 12 años.
Según la ley 3/1995 de la infancia de la Región de Murcia, la entrega del niño en guarda a la administración regional deberá estar justificada por «razones de enfermedad u otras circunstancias graves» (artículo 27).
Además, la ley autonómica establece como uno de sus principios rectores (artículo 4) «el mantenimiento del niño en su entorno familiar, siempre que no le sea perjudicial”, y señala que los «menores tendrán derecho a expresar su opinión en los asuntos que les afecten» (artículo 5).
A nivel nacional, la ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia indica que «en las actuaciones de protección deberán primar las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas» (artículo 12).
El artículo 17 de esta ley, referido a la valoración de la situación de riesgo, establece que «se comunicará y consultará con el menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce años».
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Actualmente, está en trámite parlamentario la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que, entre otras medidas, ampliará los plazos de prescripción de los delitos graves contra un menor.
El derecho a la intimidad de la joven
Según denuncian en Asfagalem, los mensajes sobre la joven adoptada que circulan en redes sociales a partir de la carta del exjuez implican una vulneración del derecho a la intimidad de la menor.
El artículo 8 de ley de la infancia de Murcia «prohíbe la difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los niños en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a su interés».
¿Quién es Ferrín Calamita?
Ferrín Calamita fue suspendido en 2008, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo condenó a dos años, tres meses y un día de inhabilitación por entorpecer el trámite de adopción de la niña a la que ahora se dirige en su carta. El caso se remonta a 2006, época en la que se desempeñaba como juez de Familia en Murcia.
Ambas partes presentaron recurso y en 2009 el Tribunal Supremo amplió la inhabilitación hasta los diez años al considerar que el juez cometió el delito de prevaricación dolosa al obstruir en forma deliberada el proceso de adopción. El tribunal habló en el fallo de una «auténtica compulsión homófoba».
En 2019, el Tribunal Supremo rechazó la rehabilitación de la carrera judicial de Ferrín Calamita siguiendo las recomendaciones de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Ferrín Calamita, por otro lado, publicó en 2012 el libro «Yo, víctima de la cristofobia: El calvario de un juez católico por cumplir la ley en España». Su nombre ya había tomado estado público en 1987, cuando era juez de Chiclana, en Cádiz y ordenó la detención de dos mujeres que hacían nudismo en la playa
Conclusión
No tenemos constancia de que la joven haya sido entregada a los servicios sociales. Las madres y la Asociación de familias de Gays y Lesbianas de Murcia niegan esta afirmación que sigue circulando en redes sociales y portales. La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia no tiene permitido divulgar información sobre una menor pero rechaza lo dicho por el suspendido juez al recordar que «se ha apresurado a borrar parte de sus publicaciones, prueba de lo seguro que estaba en el momento de hacerlas».
En cualquier caso, las leyes de protección de la infancia impiden la entrega de un menor a los servicios sociales sin autorización de la administración y sin que se produzcan las circunstancias previstas por ley. Además, se debe tener en cuenta que la divulgación del nombre de la menor y de asuntos de su vida familiar implican una vulneración de su derecho a la intimidad.
Fuentes:
- Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de Murcia
- Asociación de familias de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia (Asfagalem)
- Ley 3/1995 de la infancia de la Región de Murcia
- Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor
- Código Penal
- Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
- Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
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