Estos son los miembros del Tribunal de Cuentas y lo que cobran a la espera de su renovación

El 23 de julio se cumple el mandato del Tribunal de Cuentas sin que se haya llegado a un acuerdo para su renovación. El organismo llega a la fecha inmerso en un debate sobre los 5,4 millones de euros que reclama a cerca de 40 excargos de la Generalitat de Cataluña por el supuesto uso de fondos públicos para la promoción internacional del procés y en plena disputa sobre el fondo que el Govern ha habilitado para darles cobertura.

Pero la renovación de los 12 consejeros requiere un consenso entre los principales partidos para alcanzar el respaldo de 210 diputados (una mayoría de tres quintos). Algo que parece lejano después de que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, rechazara en un acto en Córdoba (min. 00:14) un acuerdo para la renovación. “Además de ver cómo indultan a los presos que han dado un golpe a la legalidad, ¿tenemos que pagar su malversación y su corrupción?”, señaló.

Hasta ahora, el órgano cuenta con una mayoría de consejeros elegidos por el Partido Popular (siete nombrados a propuesta del PP y cuatro del PSOE), que manejan un presupuesto de 69 millones de euros para 2021, un 10% más que en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, prorrogados en 2019 y 2020. 

Todos los consejeros que forman el Pleno, incluida la presidenta del tribunal y los presidentes de sección, reciben un sueldo anual de 123.267,62 de euros, similar a lo que cobra en promedio un secretario de Estado del Gobierno. Te contamos quiénes componen este organismo, cómo han sido elegidos y las decisiones polémicas que les han marcado. 

La presidencia, en manos de María José de la Fuente y de la Calle

La actual presidenta del Tribunal de Cuentas, elegida en 2018 por los consejeros, es María José de la Fuente y de la Calle, licenciada en Derecho y letrada asesora de empresa por la Universidad Pontificia de Comillas. Este cargo es nombrado por el Rey a propuesta del Pleno y se ostenta por un periodo de tres años.

De la Fuente ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas en 1993. Fue designada consejera del Tribunal de Cuentas en 2012, en el Pleno del Congreso de los Diputados a propuesta del Partido Popular, como indica Europa Press. En 2015, fue nombrada corresponsable del Departamento de Partidos Políticos, cuya función es controlar la actividad económico-financiera de los partidos políticos. 

“Desviación de poder” en la Sección de Fiscalización

El presidente de la Sección de Fiscalización, Javier Medina Guijarro, ostenta este cargo desde 2018 y fue nombrado presidente por un acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas. Forma parte del Tribunal desde 1979 y ha pasado por diversos cargos dentro del organismo. En 2012 fue designado consejero del Tribunal de Cuentas en el Pleno del Senado a propuesta del Partido Popular, como explican en Civio y El País. 

Medina ha sido objeto de polémica debido a que su hermano, hermana, esposa y una familiar de esta han formado parte del organismo. De hecho, en 2016, el Tribunal Supremo anuló el nombramiento como subdirector técnico de Enrique Medina, hermano del consejero y elegido por él. La sentencia consideró que había una “desviación de poder” y una «finalidad torcida» en la convocatoria. Además, condenó al Tribunal de Cuentas a pagar 9.000 euros en costas. 

La polémica en torno a Ana Botella

Desde 2018, José Manuel Suárez es el presidente de la Sección de Enjuiciamiento, nombrado por un Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas. Licenciado en Derecho, ingresó por oposición en la carrera judicial en 1979.

Ha sido Juez de 1ª Instancia e Instrucción en diversos municipios como Ponferrada, Alcázar de San Juan, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid. Además, ha sido magistrado de diferentes salas y secciones de lo Civil y de lo Penal. En 2012, a propuesta del Partido Popular, según indica el diario ABC, fue designado consejero del Tribunal de Cuentas en el Congreso de los Diputados. 

Este consejero, junto con Margarita Mariscal de Gante, consejera del organismo y exministra de Justicia en el Gobierno de Aznar, protagonizó una de las polémicas a las que el Tribunal de Cuentas ha tenido que hacer frente. 

La exalcaldesa de Madrid Ana Botella (PP) y siete miembros de su equipo fueron condenados por la sentencia 11/2018 del Tribunal de Cuentas a abonar 22,7 millones de euros por vender promociones de vivienda pública a un fondo de inversión. La sentencia consideró que estas viviendas se vendieron por 128 millones de euros a través de un procedimiento ilegal y por un precio lesivo para el patrimonio público.

Sin embargo, la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas revocó la sentencia y absolvió a los acusados. La resolución de la sentencia 13/2019 fue aprobada por dos votos contra uno de los tres miembros que formaban dicha sala. Los votos a favor corresponden a Suárez y Mariscal, ambos elegidos a propuesta del PP.

Margarita Mariscal de Gante, exministra de Aznar

Margarita Mariscal fue ministra de Justicia durante la primera legislatura de José María Aznar (1996-2000). Fue diputada del Congreso por la circunscripción de Albacete durante los cuatro años siguientes. En 2012, fue designada consejera del Tribunal de Cuentas en el Pleno del Senado, a propuesta del Partido Popular. 

Además del caso de Ana Botella, su voto también fue decisivo para absolver a Javier Maroto y Alfonso Alonso, ambos del Partido Popular. Los dos políticos fueron condenados a pagar 393.862 euros, según la primera sentencia del Tribunal de Cuentas, por contratar el alquiler de unas oficinas en Vitoria a un precio muy superior al del mercado. 

Maroto y Alonso recurrieron la sentencia y, gracias al voto de Mariscal junto con el de José Manuel Suárez, fueron absueltos por la sentencia 18/16.

Ahora, tras la fase de instrucción, Mariscal será la encargada de redactar en primera instancia si hubo desvío de fondos públicos por el procés. Esta sentencia tendrá que ser revocada o ratificada después por consejeros que no hayan participado en el análisis. 

Una mayoría elegida por el PP

Los demás consejeros, excepto la presidenta, se asignan a la Sección de Fiscalización o a la de Enjuiciamiento. Todos fueron designados en 2012, último año en el que se renovó el organismo. En total, el Tribunal de Cuentas actual compuesto en 2012, está formado por siete consejeros nombrados a propuesta del PP y cuatro a propuesta del PSOE.

Entre ellos figura Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas desde 2012 hasta 2018. Entró en el cuerpo de funcionarios del Tribunal de Cuentas en 1991. Además, fue diputado de Unión de Centro Democrático (UCD) en la primera legislatura. Fue designado consejero del Tribunal de Cuentas, en el Pleno del Congreso de los Diputados. La concuñada de Miranda y su sobrino forman parte de la plantilla.

Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno José María Aznar, fue designado consejero en el Pleno del Senado, a propuesta del Partido Popular. Ha ocupado distintos cargos dentro de la administración pública, como servicios en el Defensor del Pueblo o consejero en las embajadas de España en Italia, Grecia y Rumanía. 

El consejero Ángel Algarra Paredes es funcionario del tribunal desde 1998. Fue designado consejero en el Pleno del Congreso de los Diputados a propuesta del expresidente Aznar. 

Los consejeros elegidos por el PSOE

A propuesta del PSOE,  Felipe García fue designado en el Pleno del Senado. Lleva 38 años trabajando para la administración pública. Ha ocupado distintos cargos dentro de varios ministerios, como el de director general de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante el gobierno de Felipe González.

Este consejero fue uno de los miembros de la Sala de Enjuiciamiento que revocó la sentencia de Ana Botella y su equipo. Fue el único de los tres consejeros que votó en contra, afirmando que sí existió responsabilidad por parte de la exalcaldesa. 

Enriquete Chicano fue designada consejera del Tribunal de Cuentas en el Pleno del Congreso de los Diputados a propuesta del PSOE. También ha ocupado distintos cargos en varios ministerios, como el Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes y el Ministerio de Obras Públicas. Se incorporó al Tribunal de Cuentas en 1997 y preside la Comisión de Igualdad.

María Antonia Lozano fue designada consejera por el Congreso de los Diputados a propuesta del PSOE tras un pacto con IU, indica Civio. Esta consejera firmó la sentencia inicial por la que se condenaba a Ana Botella y a miembros de su equipo. 

María Dolores Genaro Moya fue propuesta por el PSOE y designada en el Pleno del Senado. En 2019, votó en contra del informe del Tribunal de Cuentas que criticaba la acción exterior del Govern catalán, como cuenta eldiario.es.

Como cuentan en El País, estas dos últimas consejeras fueron propuestas y recomendadas por José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía y condenado por la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE. 

Lluís Armet, senador del PSC y portavoz en el Parlament es uno más de los consejeros propuestos por el PSOE en 2012 y aprobado en el Pleno del Senado. Este era su segundo mandato, sin embargo, en 2018 dimitió de su puesto como consejero por motivos personales, según informó el vicepresidente de la Cámara Alta, Pedro Sanz, a Europa Press. A día de hoy, no ha sido sustituido.

Por último, forma parte del Pleno el Fiscal-Jefe, Miguel Ángel Torres Morato. Ha desarrollado su carrera como fiscal en distintos organismos y es fiscal-jefe desde 2015. Este cargo es designado por el gobierno en la forma determinada en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por lo que este fiscal fue elegido por el Partido Popular, ya que en el año en que fue designado gobernaba Mariano Rajoy. 

Uno más en la lista de renovación

Si pasado el 23 de julio no se ha renovado, el TCu pasará a formar parte de la lista de instituciones pendientes de un acuerdo entre partidos, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo o la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos mandatos ya han caducado.