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Más de 800.000 personas huyen de la propaganda electoral para la campaña del 10-N
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Más de 800.000 personas huyen de la propaganda electoral para la campaña del 10-N

Desde mediados de septiembre, más de 30.000 personas al día han pedido ser excluidos de la copia del censo | Foto: Propaganda electoral | Flickr PSOE

Propaganda electoral | Flickr PSOE

Un total de 810.367 personas han pedido ser excluidos de la copia del censo que se envía a los partidos, lo que se traduce en su desaparición del listado de ciudadanos a los que los partidos les pueden enviar propaganda electoral, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde que se supo que no habría investidura, a mediados de septiembre, han sido casi 700.000 las personas que han pedido no recibir los envíos de los partidos de cara a la campaña de las elecciones del 10 de noviembre, lo que supone que más de 30.000 personas se han dado de baja cada día. 

La posibilidad de prohibir a los partidos que envíen propaganda electoral está en vigor desde hace unos meses, pero apenas se había utilizado. Hasta el pasado 15 de septiembre, se habían registrado 112.000 solicitudes. No obstante, desde que a mediados de septiembre se supo que no habría nueva sesión de investidura y que, por tanto, habría convocatoria automática de elecciones para el 10 de noviembre, numerosas campañas recomendaban a los ciudadanos realizar los trámites para no recibir propaganda electoral.

Las más de 810.000 personas excluidas del censo suponen algo más del 2% del censo electoral para el 10 de noviembre, que supera los 37 millones de personas. Por provincias, Madrid, con más de 155.000 solicitudes, es la que más peticiones ha registrado.

El envío de propaganda electoral está subvencionado por el Estado, que abona a los partidos 0,22 euros por cada carta remitida. Ésta es la única ayuda que se ha mantenido invariable frente a la pasada campaña electoral, ya que el resto de subvenciones han sido rebajadas al aplicarse por primera vez la reforma de la ley electoral de 2016, especial para los casos de convocatoria automática de elecciones.

En las elecciones generales de 2016, las últimas de las que hay datos, se realizaron unos 120 millones de envíos de propaganda electoral, con un coste público de 18,4 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas.

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