Así han evolucionado las leyes LGTBI en España: desde que el colectivo era considerado “peligroso” hasta la protección de sus derechos

En 2022 se cumplen 44 años desde que la homosexualidad dejó de ser considerada un delito en España. A día de hoy, la lucha del colectivo LGTBI continúa para que sus derechos estén recogidos en las leyes. Un camino arduo que también ha implicado cambios en su igualdad social y real.

Desde incluir a las personas homosexuales como individuos “peligrosos” hasta la aprobación del matrimonio igualitario: así han evolucionado las normas del colectivo LGTBI a nivel estatal en España.

[Así hemos cambiado: la homosexualidad, según el CIS]

1954 – 1970: las primeras leyes contra el colectivo LGTBI

15 de julio de 1954. La dictadura de Franco modificó la norma de vagos y maleantes, aprobada en 1933 en la Segunda República, con el objetivo de incluir la homosexualidad como conducta peligrosa. Así, la ley también amplió como individuos supuestamente “peligrosos” a estas personas, junto a proxenetas y personas con problemas de salud mental.

Las medidas para estos casos contemplaban el ingreso en un establecimiento “de trabajo” o “colonia agrícola” (los homosexuales serían internados en “instituciones especiales” y “con absoluta separación de los demás); el veto a residir, por ejemplo, en un lugar o territorio, aparte de tener la obligación de declarar su domicilio; o el sometimiento a vigilancia.

4 de agosto de 1970. La ley de peligrosidad social, que también se aprobó durante la dictadura, derogó la norma de vagos y maleantes. Esta nueva iniciativa, que no entró en vigor hasta el año siguiente, recogía que aquellos que realizaran “actos de homosexualidad” serían declarados en “estado peligroso”.

Todo esto conllevaba que las personas del colectivo podían ingresar en un establecimiento de reeducación, tener prohibido “residir en el lugar o territorio que se designe” o visitar establecimientos públicos, así como ser sometidos a vigilancia.

1978 – 1995: la derogación de la norma de peligrosidad social

13 de diciembre de 1978. Poco después de que volviera a instaurarse la democracia en España, el pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde a una modificación de la ley de peligrosidad social para despenalizar la homosexualidad en nuestro país, entre otros aspectos. Unos días después, el 26 de diciembre de 1978, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió los cambios aprobados por la Cámara Baja.

23 de noviembre de 1995. La aprobación del Código Penal también trajo la eliminación de la norma de peligrosidad social. De esta manera, en nuestro país dejaron de existir leyes que penaran o castigaran de forma directa el hecho de pertenecer al colectivo LGTBI.

2005 – 2007: el matrimonio igualitario y la posibilidad de cambiar de nombre

30 de junio de 2005. El matrimonio igualitario ha sido una de las leyes que han marcado un hito a favor del colectivo LGTBI. El Congreso de los Diputados aprobó por 187 votos a favor, 147 en contra y cuatro abstenciones modificar el Código Civil para que las personas del mismo género pudieran contraer matrimonio. Además, se les otorgaban los derechos de las uniones heterosexuales, como la adopción.

[Matrimonio igualitario por países: el mapa de la igualdad de derechos]

El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.

En consecuencia, varios artículos del Código Civil cambiaron para adaptarse a esta nueva realidad: los términos ‘cónyuges’ o ‘consortes’ reemplazaron la referencia de ‘marido y mujer’. En esta línea, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, subrayó que se trataba de “un pequeño cambio en la letra” que, sin embargo, acarreaba “un cambio inmenso en las vidas de miles de compatriotas”.

Finalmente, el matrimonio igualitario entró en vigor el 3 de julio de 2005 en España.

15 de marzo de 2007. El BOE de ese día publicó una ley para permitir el cambio de la mención del sexo registral, es decir, para poder modificar la casilla del sexo legal (asignado al nacer) en el Registro Civil. No obstante, la norma, destinada a facilitar el cambio del sexo legal a las personas trans, establece una serie de requisitos para llevar a cabo esta modificación: tener un diagnóstico de disforia de género (sensación de incomodidad que experimentan algunas personas porque su cuerpo no se amolda a unas expectativas en cuanto a su identidad de género) y una hormonación obligatoria durante dos años como mínimo.

Además, la solicitud solo la pueden realizar las personas con nacionalidad española, mayores de edad y “con capacidad suficiente para ello”. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el aspecto de la mayoría de edad en el año 2019.

Actualidad: las leyes LGTBI estatales en España

La ley Zerolo. El 30 de junio de 2022, el Congreso de los Diputados dio definitivamente luz verde a esta iniciativa, presentada como una proposición de ley, que pretende dar un marco normativo común en España para impulsar la igualdad. La norma, de acuerdo con su texto, persigue un doble objetivo: “Prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas, intentando combinar el enfoque preventivo con el enfoque reparador”.

Por su parte, esta propuesta prevé dar respuesta a los actos discriminatorios que no están incluidos en el Código Penal, es decir, que sean castigados con multas y no con condenas penales. Las sanciones planteadas oscilan desde los 300 hasta los 500.000 euros, dependiendo de la gravedad del acto (leve, grave o muy grave).

• Más de una década después. En junio de 2008, Pedro Zerolo, entonces secretario de Movimientos Sociales del PSOE, indicó en una entrevista para El País que “en el primer semestre del Gobierno socialista” (el segundo mandato de Zapatero se inició en abril de 2008) se iba a “presentar en el Parlamento la ley integral de igualdad de trato y contra la discriminación”.

Ley estatal LGTBI. El 27 de junio de 2022, el Consejo de Ministros acordó enviar a la Cámara Baja el proyecto de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI. Esta iniciativa, que ahora debe completar su tramitación parlamentaria, sería, de aprobarse, la primera ley estatal en España que otorgaría un marco común para los derechos del colectivo LGTBI y algunos específicamente para las personas trans.

¿Por qué es importante? Establece la prohibición de las terapias de conversión, y también permitiría la filiación de los hijos de las parejas formadas por dos mujeres “sin necesidad de que estén casadas”. Además, contempla medidas de acción positivas para favorecer el acceso de las personas LGTBI al empleo, especialmente de las trans, así como la autodeterminación de la identidad de género de las personas trans a través de una “doble comparecencia ante la persona encargada del Registro Civil”.

[Consentimiento en las terapias de conversión y otras claves del informe del CGPJ sobre la ley LGTBI]