Cuenta atrás de la legislatura: las leyes que le quedan pendientes al Gobierno de coalición

La semana pasada el Gobierno de coalición aprobó sus tercera ley de Presupuestos en cuatro años, todo un éxito parlamentario si se tiene en cuenta que estamos ante el Congreso más fragmentado de la historia. Esta legislatura conviven en el hemiciclo 19 formaciones distintas, lo que exige que cada negociación se juegue a múltiples bandas. 

Sin embargo, asegurarse la aprobación de las cuentas no implica que el Ejecutivo tenga que dejar de negociar (de hecho, esta misma semana volverá a hacerlo con la reforma de la ley del aborto). A la legislatura le queda apenas un año sobre el papel, pero la sucesión de elecciones en 2023 hace que este plazo sea en la práctica bastante inferior porque, como ha ocurrido en otras ocasiones, en la medida en que crece el clima electoral disminuye la proactividad legislativa de los grupos. En campaña, en cuantos menos charcos se meta uno, mejor… pero todavía quedan unas cuantas leyes en el tintero que implican mojarse. 

Las leyes que aprobó el Gobierno de coalición, pero que luego enfrentan a PSOE y UP

A pesar de formar parte del mismo Ejecutivo que había aprobado un proyecto de ley, esta legislatura ha sido habitual que PSOE y Unidas Podemos presentaran en la comisión del Congreso enmiendas al texto salido del Consejo de Ministros. 

Ocurrió, por ejemplo, con la ley de libertad sexual, en la que los socialistas quisieron introducir un cambio para prohibir el proxenetismo. Finalmente, la falta de apoyos les obligó a retirar la enmienda, algo que por ahora no van a hacer con la futura ley trans.  

Ley Trans. En la mañana de este lunes la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado en una entrevista en TVE que “el PSOE no quiere acuerdo“ y que mantendrá vivas para el debate en la ponencia las enmiendas que presentó por su cuenta: “El PP y el PSOE pueden decidir intentar imponer un recorte en derechos en la ley trans”, ha asegurado.

• Qué dicen las enmiendas del PSOE. Como ya explicamos en Newtral.es, una de las propuestas elimina la posibilidad de que los menores de 14 y 15 años pidan el cambio de sexo legal por sí mismos y con acompañamiento parental. En lugar de esto, el PSOE plantea que solo los menores a partir de los 16 puedan, sin requisito alguno, adecuar su documentación a su género y que los que tengan entre 12 y 16 años lo realicen mediante un aval judicial. 
• Qué dice el PSOE. La respuesta a Irene Montero no se ha hecho esperar. Ha llegado en boca de la vicesecretaria del PSOE, María Jesús Montero, quien ha defendido que la única intención de los socialistas es “reforzar la seguridad jurídica de los menores” en la norma. Lo consideran “imprescindible” ante los recursos que -prevén- puedan presentar el PP y VOX en el Tribunal Constitucional contra el texto. 

Ley de Vivienda. Tampoco hay acuerdo en el Gobierno de coalición respecto a la futura ley de vivienda. En este caso, el desencuentro está en la limitación del precio del alquiler en las zonas tensionadas, que Unidas Podemos y algunos socios de investidura quieren que se aplique a todos los arrendadores y no solo a los grandes tenedores, como recoge el proyecto de ley. De igual modo, buscan que se suspendan los desahucios para quienes no tengan un alternativa habitacional y que no se retomen hasta garantizar un realojo adecuado. 

Ante el “bloqueo” en el que, en su opinión, los socialistas han sumido la propuesta, los morados intentaron introducir junto con ERC y EH Bildu dos enmiendas en los Presupuestos de 2023 sobre la cuestión. Aunque no tuvieron éxito, fuentes del grupo parlamentario socialista reconocen que últimamente se han producido avances en las negociaciones con el resto de grupos, un punto que también ha confirmado este lunes Oskar Matute. El diputado de EH Bildu ha reconocido en Radio Popular que se “está reactivando” la negociación después un “parón inexplicable” en los últimos meses. 

Ley de bienestar animal. El principal escollo en esta norma viene por los perros que trabajan en un cometido específico. Los socialistas presentaron una enmienda para que la ley no fuera de aplicación a animales que realizan actividades específicas, tales como los perros pastores o de caza. Este movimiento no gustó a Unidas Podemos, cuyo portavoz parlamentario acusó al PSOE de “comprar el discurso de la derecha” durante el debate de totalidad de la ley: “Un perro es un perro, se dedique a lo que se dedique”, aseguró Pablo Echenique. Ha pasado ya mes y medio desde ese pleno sin que se hayan producido avances significativos. 

Ley Darias. Aunque le dio el visto bueno en un Consejo de Ministros, Unidas Podemos tampoco termina de estar cómodo con la ley para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud impulsada por Sanidad. Según los morados, el texto no fija límites “reales” a las privatizaciones y, aunque salvó una crisis in extremis justo antes del debate de totalidad llegando a un acuerdo con el PSOE, desde entonces la norma sigue en la misma fase: “ampliación de enmiendas al articulado”. 

Normas relegadas en la comisión… o en un cajón  

Aunque han sido menos polémicas, también hay otras leyes del Gobierno de coalición que en su día se plantearon como clave y que, habiendo superado un primer examen parlamentario -el debate de totalidad-, llevan meses congeladas en la comisión competente. 

Medidas frente al aumento del recibo de la luz. En el verano de 2021, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, impulsó dos normas como reacción al aumento de la factura de la luz: una que crea un Fondo Nacional para Sostenibilidad del Sistema Eléctrico para redistribuir los cargos y peajes de la factura y otra que recorta los beneficios caídos del cielo a las eléctricas por el CO2. En ambos casos se quiso tramitar con el procedimiento de urgencia pero más de un año después siguen a la espera de que la comisión de Transición Ecológica les dé el visto bueno para remitirlos remitirlos al Senado. 

Reforma de la Ley de Seguridad Nacional. “Todos los debates parlamentarios son relevantes, pero en este caso los intereses y los bienes jurídicos en juego son especialmente sensibles y tienen un alcance colectivo”. Con estas palabras defendía en mayo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la importancia de la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que, después de la experiencia de la COVID-19, el Gobierno emprendía con un doble objetivo: concretar las actuaciones a realizar por los distintos actores en situaciones de crisis nacional y establecer las vías para garantizar que España cuente con los recursos esenciales en tales casos. Desde entonces lo único que se ha sucedido es una prórroga tras otras del plazo de enmiendas, sin que haya avanzado un ápice su tramitación. 

Leyes del Gobierno de coalición con un impacto directo en los ciudadanos. Su tiempo en sede parlamentaria se mantiene en la media, pero hay leyes que lucirían bien en el escaparate electoral por tener un impacto directo en la vida de la gente pero a las que todavía les quedan muchos pasos por dar. Son la ley de atención al cliente, una nueva norma sobre el sistema universitario y el texto que pondrá coto al desperdicio alimentario registrado en España. 

• En todos los casos, todavía ni se ha redactado el informe en comisión y, antes de mandarlo al Senado, el pleno se tiene que pronunciar sobre el texto, por lo que se añade una fase más a las habituales.

Mucho más atrás en el camino legislativo están algunas leyes que han sido muy prometidas a lo largo de la legislatura por el Gobierno de coalición, pero que tienen difícil terminar plasmadas en el BOE antes de las elecciones. Ejemplos no faltan: del proyecto de ley de familias, que al final no va a ir al Consejo de Ministros de este martes, a la nueva ley de información clasificada. En teoría, esta venía a sustituir a la norma franquista de secretos oficiales, pero ni siquiera ha recibido todavía el visto bueno definitivo dentro del Gobierno.

Triquiñuelas para esquivar informes y… ahorrar tiempo 

En algunas ocasiones, PSOE y Unidas Podemos han optado por canalizar una propuesta a través de una proposición de ley impulsada por los grupos parlamentarios en lugar de un proyecto de ley que saliera del Consejo de Ministros. Un matiz que, lejos de suponer una formalidad, permite registrar la iniciativa sin tener que esperar a los preceptivos informes de ciertos órganos constitucionales y, con ello, ahorrar tiempo y posibles polémicas. 

Ha sido el caso de la reforma de la ley del Poder Judicial por la que se limitó las competencias del CGPJ en funciones (apenas cuatro meses de tramitación) y, recientemente, la derogación del delito de sedición (en menos de dos semanas ya estaba en el pleno) y los nuevos impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas (se presentó en septiembre y ya se ha remitido al Senado).