(*) El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva este 13 de mayo a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, tras su paso por el Senado. La nueva norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La iniciativa fija el horizonte de descarbonización del país y plantea reducir para el 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 23% respecto a las del año 1990. Se trata de un objetivo que aún queda lejos del marcado por la Unión Europea, que fija en un 55% la reducción de estas emisiones para el 2030 respecto a los niveles de 1990.
La meta global de la ley, en línea con el Acuerdo de París, es lograr la neutralidad climática en 2050 con el 100% de las energías procedentes de fuentes renovables. ¿Qué medidas concretas incluye la norma para cumplir estos compromisos? Te lo explicamos.
Alcanzar un sistema eléctrico basado 100% en fuentes renovables para 2050
Unos de los pilares de la norma para avanzar hacia un país más verde es el aumento de las energías renovables. La ley propone que para el año 2050 España deberá alcanzar la neutralidad climática y el sistema eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable.
Tras la aprobación de algunas de las enmiendas, la norma propone alcanzar en 2030 un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable. Ese año el 42% del consumo final de energía —incluyendo también el transporte o los procesos industriales— tendrá que venir de fuentes renovables.
Además, la ley establece que el Consejo de Ministros podrá revisar, siempre al alza, todos los objetivos para 2030. El Gobierno también fomentará, mediante la aprobación de planes específicos, la penetración de los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable o permitan la reutilización de residuos orgánicos o subproductos de origen animal o vegetal.
Veto a la extracción de hidrocarburos
De acuerdo a esta norma, a partir de su entrada en vigor no se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de materiales con propiedades radiactivas y de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos.
Tampoco se admitirán actividades de explotación de hidrocarburos en las que estén previstas la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen, conocida como fracking.
Promoción de una movilidad sin emisiones
Respecto a los planes de movilidad sostenible, se adoptarán medidas para alcanzar en el año 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.
De acuerdo con la estrategia europea de descarbonización para 2050, el texto también se compromete a adoptar “las medidas necesarias” para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones. El objetivo es que en 2040 sean vehículos de cero emisiones.
En la ley también se recoge la obligación para 2023 de crear zonas de bajas emisiones, a la que solo coches muy eficientes podrán acceder, en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Se trata de una medida para “mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero”, según el texto.
Para fomentar el uso del transporte eléctrico, las gasolineras cuyo volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo en 2019 fuese superior o igual a 10 millones de litros, tendrán que instalar puntos de recarga para este tipo de vehículos.
A través del Código Técnico de la Edificación, se articulará la instalación de sistemas de recarga en edificios de nueva construcción y en intervenciones en edificios existentes, con el fin de conseguir un transporte más limpio en las ciudades.
Asimismo, esta norma contempla que el Gobierno fomentará la renovación y rehabilitación de los edificios existentes, tanto públicos como privados, para alcanzar la alta eficiencia energética y descarbonización a 2050. Por ello, en un plazo inferior a seis meses desde la entrada en vigor del texto, el Ejecutivo deberá elaborar un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana.
Conservación de la biodiversidad
En el texto de la ley se fija la obligación de que, en el plazo de tres años, el Ejecutivo presente una “estrategia específica de conservación y restauración de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático como puedan ser los ecosistemas naturales y las especies de alta montaña, los humedales terrestres españoles y las zonas de ribera de los ríos”.
También en el plazo de tres años desde la aprobación de la ley, se tendrán que evaluar las redes de espacios naturales protegidos y espacios de la Red Natura 2000 en los diferentes escenarios climáticos posibles para analizar si se están cumpliendo los objetivos de conservación de hábitats y especies para las que fueron diseñadas.
Además, el despliegue de las renovables también deberá ser compatible con la conservación del patrimonio natural y se protegerán los sumideros de carbono terrestres (bosques).
Creación de un comité de expertos de cambio climático
Con la aprobación de la norma se creará “un comité de expertos de cambio climático y transición energética” que deberá evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas para la transición.
Cada año este comité, que será independiente al Gobierno y su composición será “paritaria en mujeres y hombres”, tendrá que presentar un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno.
Más educación ambiental en las aulas
Según la ley, el sistema educativo español promoverá “la implicación de la sociedad española en las respuestas frente al cambio climático, reforzando el conocimiento sobre el cambio climático y sus implicaciones, la capacitación para una actividad técnica y profesional baja en carbono y resiliente frente al cambio del clima y la adquisición de la necesaria responsabilidad personal y social”.
Con este fin, la norma fija la obligación del Gobierno de revisar “el tratamiento del cambio climático y la sostenibilidad en el currículo básico de las enseñanzas que forman parte del Sistema Educativo de manera transversal”. El Ejecutivo también “promoverá que las universidades procedan a la revisión del tratamiento del cambio climático en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales”.
Medidas para una transición justa
Los cambios de la norma también tienen un impacto directo sobre la economía y el trabajo, por ejemplo, en aquellos sectores dedicados a la extracción de hidrocarburos.
En el texto se establece que, en el marco de la Estrategia de Transición Justa, se suscribirán convenios para fomentar la actividad económica y su modernización así como la empleabilidad de trabajadores vulnerables a la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono, en particular, en casos de cierre o reconversión de instalaciones.
¿Qué opinan el resto de partidos políticos de esta Ley?
La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó en mayo de 2020 el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Durante su tramitación en la cámara baja el texto recibió de 758 enmiendas.
Por ejemplo, en la sesión del 13 de mayo, el Pleno del Congreso ha decidido la incorporación de distintas enmiendas del Senado presentadas a esta iniciativa. Una de ellas para apoyar la protección de las praderas de posidonia, una planta endémica del Mediterráneo que secuestra el CO2 de los mares.
Respecto a la valoración de esta ley, las opiniones sobre la norma siguen siendo dispares entre los grupos parlamentarios. Para Equo y Más País la ley necesita de una “mayor ambición climática”. La ley “fija solamente una reducción del 23% de CO2 a 2030 mientras las organizaciones ecologistas, jóvenes y la ciencia esperan el 55%”, publicó el 7 de abril en Twitter Íñigo Errejón, líder de Más País.
Durante la reunión de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso el 8 de abril, el representante de Vox Pedro Requejo aseguró que “es necesario rebajar los objetivos de descarbonización de la economía española propuestos por la ley, en busca de unas condiciones más estables y controladas para la recuperación”.
El diputado del PP Juan Diego Requena calificó de “mala” la norma durante su intervención en la sesión del Congreso en abril. “Es mala porque no contenta a nadie, pero sí perjudica a muchos sectores de la economía española y a la España rural”, ha asegurado.
“El Gobierno ha perdido la oportunidad de impulsar una ley que hubiera tenido que tener un tratamiento casi de pacto de estado por las implicaciones a futuro que va a tener sobre la vida de todos”, opinó Requena, quien recordó “la falta de consenso” que hay sobre la norma.
María Carmen Martínez Granados, representante de Ciudadanos, dijo durante la sesión del 8 de abril en el Congreso que la ley contra el cambio climático era muy “esperada” pero que llega con “muchas deficiencias y poco diálogo”. “Creemos que la industria se va a ver muy perjudicada por llegar a esos objetivos y no se la ha tenido en cuenta”, aseguró.
(*) Actualización el 13/05/2021 con la aprobación definitiva en el Congreso de la Ley de Cambio Climático.
Fuentes:
-Borrador del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
