La ley de amnistía cumple un año con Puigdemont en Bruselas y a la espera del Constitucional

Se cumple un año desde que la ley de amnistía entró en vigor, anulando los procesos penales abiertos contra los implicados en el procés catalán. Doce meses más tarde no se ha amnistiado a todos los implicados en el movimiento independentista y durante este tiempo el Tribunal Supremo ha mostrado su negativa a aplicar la ley a algunos de los procesados por malversación, como es el caso del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont. 

• El colectivo de abogados de la izquierda independentista Alerta Solidària cifra en 173 los manifestantes independentistas que se han visto beneficiados por la norma de un total de 328, recoge Europa Press. La Sindicatura para la Amnistía de Òmnium Cultural contabiliza a un total de 178 beneficiados según EFE. 

Lo último. La primera ponencia del Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnistía y su constitucionalidad. El borrador apunta hacia la constitucionalidad de la norma según recoge EFE, algo que no implica que se pueda aplicar al delito de malversación o no, que es lo que impide amnistiar a Puigdemont o Junqueras. 

• Aún no está confirmado que el TC avale el texto, sino que este será estudiado por los magistrados del órgano judicial en un proceso que se extenderá hasta final de junio. 

La ley. La ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, más conocida como ley de amnistía, cumple el próximo miércoles 11 de junio un año de su entrada en vigor. La norma anula los procesos judiciales y las penas derivadas de los acontecimientos producidos en el marco del procés, el movimiento por el que Cataluña quiso lograr la autodeterminación e independencia de la autonomía. 

• En concreto el alcance de la ley abarca desde noviembre de 2011 hasta mediados de noviembre de 2023, momento en el que se presentó la iniciativa. Por tanto, la ley recoge la consulta de 2014, su preparación, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y los disturbios tras la sentencia de 2019. 

• La ley fija que los jueces debían dejar en libertad de manera inmediata a quienes estuvieran en prisión, levantar las medidas cautelares que pudieran existir y retirar las órdenes de retención que estuvieran vigentes. Para los jueces que tuvieran un caso vinculado al procés la ley daba un plazo de dos meses. 

Contexto. La proposición fue el resultado de la negociación entre ERC y Junts para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Sánchez necesitaba esos votos para convertirse en presidente y esa fue una de las condiciones de ambos grupos políticos. 

• La aprobación de esta ley trajo consigo la sucesión de múltiples manifestaciones en las capitales de provincia de todo el país convocadas por el Partido Popular (PP) y otras concentraciones frente a la sede del Partido Socialista en Ferraz, Madrid. 

La malversación, un vacío legal. La ley de amnistía recoge que esta no se aplicará al delito de malversación cuando se hubiera actuado con un “propósito de beneficio personal de carácter patrimonial”, algo que lleva a la interpretación de las intenciones de los acusados por parte de los magistrados. 

• El Tribunal Supremo, amparado en esta afirmación de la ley, ha decidido no amnistiar al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, por su relación con el movimiento independentista.

El indulto, una posible alternativa. Después de que el Supremo se negase a conceder la amnistía a los líderes implicados en el procés, el Gobierno consideró la opción del indulto como una de las vías. En el Consejo de Ministros del 22 de junio de 2021 indultó a nueve de los relacionados con el procés parcialmente, levantando las penas pero manteniendo la inhabilitación de estos en contra el punto de vista del Supremo. 

• La amnistía elimina los antecedentes y la causa por el delito del que se hubiera sido acusado y el indulto elimina las causas concediendo un perdón pero sin dejar de reconocer el hecho delictivo. 

El Tribunal Supremo volvió a mostrarse en contra de las solicitudes de indulto que contemplan retirar la inhabilitación de los implicados en el movimiento el pasado 7 de mayo. 

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