Las actuaciones de monitorización de redes sociales de la benemérita y la protección de los agentes han sido los dos temas que han marcado la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska en la Comisión de Interior del Congreso.
“Una mordaza” (PP y VOX), “un hecho gravísimo desde un punto de vista democrático” (CS), “como un gato protegiendo a los ratones” (ERC), “algo propio de una policía política” (EH Bildu) o un traspaso del “ámbito del Derecho Penal” (PNV). Las críticas de la oposición han sido unánimes contra el Gobierno, tras la polémica generada por las declaraciones del general Santiago sobre la monitorización de las redes ejercida por la Guardia Civil.
En línea con lo sostenido por el mando, que después aclaró que se refería a “bulos y desinformación con ánimo de generar alarma” no a “crítica política”, Grande-Marlaska ha negado cualquier acusación relativa a la limitación de la libertad de expresión: “[Las redes sociales] son fuentes abiertas. No se pone a la Policía y a la Guardia Civil a investigar a nadie. Lo que hace es monitorizar las redes en seguridad de toda la ciudadanía. No hace más”. “Los bulos y la desinformación son los grandes aliados de esta enfermedad”, ha añadido.
Así, ha querido hacer una distinción entre la expresión de las ideas -un derecho que considera “obvio” que se respeta- y la comisión de delitos y difusión de desinformación: “Hay quienes ante estafas, falsas alarmas, falsas recetas médicas o vacunas inexistentes o manipulación de documentos oficiales pretenden justificarlo como ejercicio de la libertad de expresión. No es libertad de expresión. Son actos deplorables que ponen en riesgo la salud de todos y que han ocasionado los muertos que todos conocemos”.
Antes, el ministro del Interior había aportado los datos que manejan las Fuerzas de Seguridad del Estado sobre bulos y crímenes online: 274 “eventos de desinformación” conocidos y 45.773 dominios bloqueados por realizar actividades ilegales, tales como el phising.
En el turno de réplica, los intervinientes han coincidido en esta diferenciación entre delito y libertad de expresión, instándole en el caso de EH Bildu a publicar los informes que, según ha publicado eldiario.es, la Guardia Civil elabora cada día sobre desinformación: “El mejor ejemplo de transparencia que puede hacer es hacer públicos esos informes si no tienen nada grave y no son secretos. Total, ahí vamos a ver cuáles son las informaciones que se han recogido”. Por su parte, ERC ha anunciado que pedirá la comparecenciadel general de la benemérita José Manuel Santiago.
Protección de los agentes y petición de test masivos
Los portavoces de PP, VOX y Ciudadanos han coincidido en reclamar más material de protección sanitario para los agentes policiales, cuyo aprovisionamiento han considerado insuficiente y tardío. En palabras de la portavoz del PP dirigidas al ministro de Interior: “En su afán por monitorizarnos, por censurarnos, se ha olvidado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los funcionarios del Estado”; y, en las de Macarena Olona (VOX), “su departamento ha abandonado por completo a los colectivos que están bajo su mando”.
El titular de Interior ha señalado la orden emitida el 24 de enero para reforzar la protección de los agentes encargados del control de fronteras como prueba de esta adopción de medidas, negando también que haya existido falta de material alguna: “Nos hemos agenciado de todos los EPIS necesarios y precisos para que Policía y Guardia Civil puedan prestar sus servicios con toda la seguridad”, una declaración que no concuerda con lo expresado hace semanas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Para mejorar su protección, también se ha exigido a Interior que haga “test masivos” a los agentes -por ahora, solo al 3% se le ha realizado una prueba- y que se les incluya, junto a los funcionarios de prisiones, como personal de alto riesgo. Ni unos ni otros están incluidos como tal en el último protocolo emitido por el Ministerio de Sanidad el pasado 8 de abril.
Unas peticiones antes las que Grande-Marlaska ha expuesto los datos de contagios en ambos colectivos: 128 nuevos infectados en la última semana en el caso de los cuerpos policiales (una cuarta parte de los primeros registros) y un total de 238 casos entre el personal penitenciario.
Críticas al uso de la ‘Ley Mordaza’
Por su parte, Gabriel Rufián (ERC) y Miquel Legarda (PNV) han cuestionado el uso que el Gobierno está haciendo durante el estado de alarma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘Ley Mordaza’.
El portavoz catalán ha recordado al ministro de Interior la promesa de su partido de poner fin a esta norma: “Están utilizando una ley absolutamente abusiva y reaccionaria, que de hecho prometieron derogar”, algo que Grande-Marlaska ha asegurado que el Ejecutivo hará más adelante. Sin embargo, ha reconocido que no todos los preceptos de esta norma desaparecerán de la legislación española: “Hay artículos de la Ley Mordaza que siempre tendrán que estar en la próxima”.
Uno de los que ha señalado es el de “desobediencia a la autoridad”, recogido en el punto 36.6. Precisamente, Legarda ha puesto en duda el régimen sancionador impuesto durante el confinamiento a partir de este artículo: “No es casual que el Defensor del Pueblo haya abierto una investigación sobre si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están actuando correcta y proporcionalmente y la misma Abogacía del Estado se ha preguntado si no se estará produciendo un uso excesivo de las denuncias al amparo del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana”.
En su intervención previa, Grande-Marlaska había cifrado en “algo más de 680.000” las actas formalizadas en este sentido y en “algo más de 6.000” las personas detenidas por incumplimiento de las restricciones.
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