Nos preguntáis por una imagen que circula por redes sociales y que asegura que la Justicia ha exculpado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de las muertes de ancianos en residencias durante la primera ola de la pandemia. El viral añade que, por el contrario, los magistrados sí han señalado al Gobierno de Pedro Sánchez por esta cuestión.
“La Justicia da la razón a Ayuso: la exculpa de las muertes en las residencias y señala al Gobierno de Sánchez”, reza la publicación. Se comparten, además, imágenes del exvicepresidente Pablo Iglesias, del presidente Pedro Sánchez y de Ayuso.
El viral no da información sobre la sentencia a la que se refiere, aunque se basa en el Auto 550/2020 de agosto de 2020, en el que la jueza Mónica Boticario inadmitió a trámite la querella contra Ayuso presentada por un grupo de familias cuyos mayores habían enfermado y/o fallecido en residencias. Si bien este auto sí retira cualquier sombra de culpabilidad sobre la presidenta de la CAM, la jueza no hace recaer la responsabilidad de los decesos sobre el Gobierno, como sugiere la publicación.
El recurso de apelación que estas familias presentaron contra el auto fue admitido a trámite parcialmente por la Audiencia Provincial de Madrid. No obstante, los magistrados dejaron fuera de la investigación a los altos cargos de la CAM. En julio de 2021, la jueza Boticario desestimó dos querellas más similares a la analizada. Esta decisión también ha sido recurrida por las familias, como recoge InfoLibre.
El contenido que estamos verificando se ha viralizado recientemente como si fuera actual a pesar de tratarse de un auto de agosto de 2020. El debate sobre la situación de las residencias se ha vuelto a encender tras conocerse, por una petición de transparencia hecha por la Cadena Ser, que al menos 15 de las residencias que acogieron a estos ancianos realojados recibirán de la CAM una compensación de más de 1 millón de euros.
La querella acusaba a Ayuso de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro
Las familias de 11 ancianos que enfermaron o murieron por la COVID-19 en residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia presentaron esta querella contra Ayuso el 28 de mayo de 2020. Los querellantes requería que se abrieran diligencias penales contra la presidenta de la CAM por la posible comisión de los delitos de “homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación”.
Sin embargo, la magistrada consideró que de “los pasos seguidos por la Comunidad de Madrid para responder a dicha situación de alarma social no se desprende indicio alguno de la comisión de uno o varios ilícitos”.
Los motivos para desestimar esta querella son múltiples. Entre ellos destacan la variedad de casos entre los querellantes (algunos incluso habían fallecido sin síntomas y sin una prueba COVID-19 positiva), la “subjetividad” de las acusaciones y la consideración del coronavirus como “una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en el mes de marzo de 2020”.
El auto menciona al Estado en una ocasión para señalar la falta de material de protección
La jueza se refiere al Estado en una ocasión, cuando habla de la escasez del material necesario para prevenir contagios en los hospitales. “La falta de material de protección (los denominados epis) era una carencia a nivel estatal”, señala en el auto.
“Tampoco el Estado español, autoridad suprema en la materia desde la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020, garantizó esas dotaciones”, añade la jueza. La magistrada reconoce, pese a ello, que “el mercado estaba colapsado porque la pandemia se extendía a nivel mundial”.
Las residencias, competencia de las comunidades autónomas
La competencia sobre las residencias de mayores recae sobre las comunidades autónomas, según el artículo 148 de la Constitución. La Carta Magna deja así en manos de las regiones los asuntos relacionados con la “asistencia social”, área en la que actualmente se engloban las residencias de mayores. Cada comunidad cuenta con su propia ley para regular el funcionamiento de los servicios sociales en su territorio, como refleja el Ministerio de Sanidad en su página web.
El real decreto del 14 de marzo de 2020 de aplicación del estado de alarma situó al Gobierno como “autoridad competente” en todo el territorio nacional. Así pues, el Ejecutivo emitió normas que fueron de obligado cumplimiento para las residencias. Sin embargo, “las comunidades eran quienes tenían que realizar las acciones necesarias para materializarlas”, según explicó a Newtral.es el experto en gestión sanitaria de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Julio Villalobos.
La CAM trasladó de centro a varios ancianos
El 21 de marzo del año pasado se publicó en el BOE una orden del Ministerio de Sanidad que establecía cómo debían organizarse las residencias. Se daban directrices en lo relativo a los usuarios, los trabajadores, las medidas de limpieza y la vigilancia y seguimiento de los casos. Estas medidas eran de obligado cumplimiento para las residencias. No obstante, como recogía la propia norma, eran las “autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma” las encargadas de garantizar la ejecución de las mismas.
Una de las medidas tomadas por la CAM fue la “reorganización” de las residencias y los centros socio-sanitarios. Así lo señaló Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid del 24 de abril de 2020.
Fuentes:
- Auto 550/2020
- Artículo 148 de la Constitución
- Real decreto 463/2020
- Orden SND/265/2020 del Ministerio de Sanidad
- Pleno de la Asamblea de Madrid del 24 de abril de 2020
- Cadena Ser
