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Residencias de mayores: quién las gestiona y qué decisiones tomó el Gobierno sobre ellas durante la crisis del coronavirus
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Residencias de mayores: quién las gestiona y qué decisiones tomó el Gobierno sobre ellas durante la crisis del coronavirus

El mando único ejercido durante el estado de alarma facultó al Ejecutivo para establecer normas sobre estos centros, pero las comunidades autónomas mantuvieron la gestión

ROMÁN G. AGUILERA (EFE)

La devastación que la crisis del coronavirus ha generado en las residencias de mayores ha hecho que todos fijemos nuestra vista en ellas. Aunque el Ministerio de Sanidad no ha ofrecido a día de hoy un recuento unificado de los fallecidos en estos centros, los datos que sí facilitan las comunidades autónomas son estremecedores y han hecho patente las carencias del sistema, según considera el experto en gestión sanitaria de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Julio Villalobos: “Se han dado todas las condiciones para la tormenta perfecta”.

Basándonos en lo publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE), explicamos quién gestiona las residencias y qué decisiones ha tomado el Gobierno desde que, a causa de la pandemia, se decretó el estado de alarma. 

¿De quién dependen las residencias de mayores?

De las comunidades autónomas, conforme al artículo 148 de la Constitución que deja en manos de las regiones los asuntos relacionados con la “asistencia social”, área en la que actualmente se engloban las residencias de mayores.

Así, cada comunidad cuenta con su propia ley para regular el funcionamiento de los servicios sociales en su territorio, como refleja el Ministerio de Sanidad en su web y explica Villalobos: “La legislación está dividida en 17 normas”.

¿Influyó el estado de alarma en la gestión de estos centros? 

El real decreto publicado el 14 de marzo en el BOE que recoge la aplicación del estado de alarma situó al Gobierno como “autoridad competente” en todo el territorio nacional y, más en concreto, designó a los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad como “autoridades competentes delegadas”. 

Esto suponía que dentro de su ámbito podían “dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas” que consideraran oportunas para asegurar que se prestaban los servicios necesarios para la protección de las personas. En las áreas no incluidas entre estos cuatro ministerios, como es el caso de los Servicios Sociales, Salvador Illa también podría tomar decisiones al respecto. 

En palabras de Julio Villalobos : “[Durante el estado de alarma] El Ejecutivo ha emitido normas que han sido de obligado cumplimiento para las residencias, pero son las comunidades las que tienen que realizar las acciones necesarias para materializarlas”. El experto, a su vez, concreta: “La responsabilidad de las residencias es de las consejerías de Asuntos Sociales, si bien en algunas se ha trasladado esta competencia a la consejería de Sanidad”.

¿Qué decisiones adoptó el ministro de Sanidad como autoridad competente delegada? 

El 21 de marzo se publicó en el BOE una orden del Ministerio de Sanidad que establecía cómo debían organizarse las residencias en lo relativo a los usuarios, los trabajadores, las medidas de limpieza y la vigilancia y seguimiento de los casos. Entre otros, establecía que había que dividir a los residentes en grupos en función de su situación (sin síntomas ni contacto con sospechosos, en aislamiento, con síntomas o contagiados) y asignar los empleados de forma fija a uno de estas divisiones para minimizar los contactos. 

Estas medidas del Gobierno eran de obligado cumplimiento para las residencias, pero -como recogía la norma- eran las “autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma” las encargadas de dictar las disposiciones para garantizar el desarrollo y ejecución de las medidas. 

Dos días después, otra orden del departamento dirigido por Salvador Illa imponía nuevos preceptos para las residencias. Especificaba que los centros debían mantener sus servicios salvo que, “por las circunstancias concurrentes”, la autoridad competente de la comunidad autónoma” determinara lo contrario.

También exponía que se debían “priorizar la realización de pruebas diagnósticas de los residentes y del personal” y que, en caso de considerarlo necesario por la situación asistencial y epidemiológica, las comunidades autónomas tenían la potestad de “intervenir los centros residenciales”. Entre las medidas de intervención que incluía la orden se encontraban los trasladados a otros centros y la modificación de la utilización de estas residencias como “espacios para uso sanitario”. 

En esta línea, ante la imposibilidad mantener las residencias en una condiciones seguras o conservar de forma adecuada los cadáveres, las autoridades autonómicas junto a la Delegación de Gobierno podían actuar “activando todos los medios ordinarios y excepcionales disponibles en su territorio” para atajar la situación. Y, después, notificar todo el proceso a los ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Con el tiempo, se dictaron otras órdenes con mayores especificaciones sobre la comunicación de los casos y la contratación de personal. 

¿Y el vicepresidente y ministro de Servicios Sociales? 

En el real decreto ley con medidas para hacer frente al impacto económico y social de la crisis -publicado el 17 de marzo en el BOE- se incluyó una partida de 300 millones de euros para “financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales en comunidades autónomas, diputaciones provinciales o corporaciones locales”. Entre otros, se aseguraba que financiaría el refuerzo de las plantillas de las residencias de mayores y la adquisición de equipos de protección individual y recursos sanitarios. 

Su coordinación recayó en Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, de la misma manera que se le encomendó la labor de coordinar las labores de desinfección llevadas a cabo por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las residencias de mayores. Lo anunciaban la cuenta del ministerio el 22 de marzo. Iglesias, no obstante, nunca fue designado como “autoridad competente delegada” en el real decreto por el que se estableció el estado de alarma del 14 de marzo. 

¿Qué va a ocurrir cuando empiece la vuelta paulatina a la normalidad? 

El real decreto ley aprobado por el Gobierno para regular las actividades una vez termine el estado de alarma incluye un apartado dedicado a las residencias. Su artículo 10 establece que las administraciones competentes tendrán que asegurar que los servicios sociales (tanto residencias como centros de día) cumplan con la normativa de desinfección, prevención y acondicionamiento que se establezcan. 

También, deberán garantizar su “coordinación” con los recursos sanitarios del sistema de salud de la comunidad autónoma, algo que Julio Villalobos considera indispensable: “Hay una necesidad de integración entre hospitales, servicios de atención primaria y el entorno sociosanitario (donde incluye las residencias). Definir la tipología de estos centros y que se desarrollen una serie de nuevas estructuras que, aunque existen, no se les ha dado importancia”.

En paralelo, conforme al real decreto ley, los responsables de los centros tendrán que disponer de planes de contingencia para identificar posibles casos, establecer una organización entre usuarios, trabajadores y visitantes para evitar contagios y proveer del material de protección adecuado.

¿Qué ha fallado durante la crisis del coronavirus? 

A ojos del experto en gestión sanitaria Julio Villalobos, las residencias de mayores “no tienen un sentido clínico sino social para mantener la actividad diaria” de sus usuarios, lo que hace que “no sean las más adecuadas para tratar patologías graves” como las derivadas del coronavirus. 

Según explica Villalobos, la mayoría de estos centros no cuentan con un médico ni con “los protocolos de prevención adecuados para una situación” que – considera- “ha cogido desprevenidos” hasta a los grandes hospitales del país. A todo ello, suma la “falta de apoyo institucional”, asegurando que en algunos casos los trabajadores no han tenido EPIs suficientes hasta hace dos semanas.  

Fuentes:

2 Comentarios

  • Perdón,hace 5 meses que no veo a mi madre físicamente,se que ahora está en una silla de ruedas y sicológicamente le pasó factura el confinamiento.Hasta cuando la prohibición de verla?Tiene 95 años

  • No seremos una sociedad avanzada hasta que se deje de considerar las residencias de mayores como una inversión de alto riesgo, pero con rendimiento elevado.

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