El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier Maroto, reclamó al Gobierno de España una deuda con Castilla y León de 182 millones de euros. En concreto, el senador designado por las Cortes de Castilla y León se dirigió al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez. “Desde hace ya años el Gobierno de España les debe a los castellanos y leoneses 182 millones de euros del IVA que no le da la gana de pagar a Sánchez” (min. 4:20), dijo en el programa ‘Más de Uno Ávila’ de Onda Cero el 13 de enero de 2022.
[A vueltas con el IVA de las comunidades autónomas]
Además, ese mismo día publicó un tuit en el que trasladaba el mismo mensaje: “Sánchez (…) tiene que pagar ya a los abulenses y al resto de castellanos y leoneses los 182 millones € que el Tribunal Supremo dice que se ha quedado injustamente”.
Con sus declaraciones, el senador hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo, que en abril de 2021 estimó un recurso de la Junta de Castilla y León sobre la liquidación del IVA de 2017. Es decir, aunque la polémica por el pago de la deuda que Maroto reclama a Sánchez se resolvió el año pasado, en realidad procede de un desajuste producido en 2017, al implementarse un nuevo sistema electrónico para gestionar el cobro del IVA durante el Gobierno del PP.
Aunque desde el gabinete de comunicación del Grupo Parlamentario Popular en el Senado reconocen que se trata de una deuda iniciada con el último presupuesto del exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, indican que “ha habido dos presupuestos del Gobierno actual” en los que podría haberse solventado.
La deuda del Gobierno con Castilla y León procede de la liquidación del IVA de 2017
Las comunidades autónomas reciben el 50% de la recaudación del IVA para su financiación. Sin embargo, para recibir sus ingresos de cada año sin esperar a que termine, “el Estado les adelanta lo que calcula que les va a corresponder”, como explica Antonio Benítez Ostos, abogado especialista en Derecho Administrativo y socio director de Administrativando Abogados.
Sin embargo, en 2016 el PP aprobó una norma que modificó el sistema electrónico con el que se gestiona el cobro del IVA en 2017, lo que supuso “un desfase de un mes en los pagos del Estado a las comunidades autónomas”, según expone Benítez.
Por esa razón, cuando se liquidó el pago del IVA de 2017 (que se produjo en 2019, dos años más tarde), las comunidades solo podían computar 11 meses en lugar del año completo. Sin embargo, en el adelanto de 2017 recibieron la recaudación que correspondía a los 12 meses de un año “sin tener en cuenta” que se había cobrado un mes menos a causa del desajuste, de acuerdo con el especialista en derecho administrativo.
De esa forma, la Junta de Castilla y León denunció en abril de 2021 a través de un comunicado que se había producido una pérdida de ingresos para la autonomía en la liquidación de 2017, cuando gobernaba el PP.
La sentencia del Tribunal Supremo se emitió en 2021, siendo Pedro Sánchez presidente
En 2020, la Junta de Castilla y León presentó una demanda contra la Administración del Estado reclamando los 182 millones de euros que calculó que le correspondían por el mes de 2017 que dejó de computar y que no ingresó en concepto de IVA.
Esta demanda fue estimada por el Tribunal Supremo, que publicó la sentencia al respecto el 27 de abril de 2021, cuando ya gobernaba la coalición PSOE-Podemos con Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo. Dicha sentencia se hizo pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en octubre del mismo año.
El Gobierno ha admitido “el perjuicio económico” que supuso la modificación de la norma para las diferentes comunidades autónomas y que provocó que “perdieran un mes de recaudación” por el IVA. En una nota de prensa del 28 de julio de 2021, el Ejecutivo anunció que las autonomías serían compensadas con 3.100 millones de euros “mediante una partida específica contemplada en los Presupuestos Generales de 2022”.
Resumen
El senador del PP Javier Maroto señaló que Sánchez debe a Castilla y León “182 millones de euros del IVA” de 2017. Sin embargo, aunque la sentencia fue emitida en 2021 siendo Sánchez ya presidente, la deuda tuvo su origen en una norma aprobada cinco años antes, durante el Gobierno del PP.
Por lo tanto, consideramos que la declaración de Javier Maroto es una verdad a medias, ya que aunque es cierto que el Gobierno debe pagar esa deuda, necesita contextualizarse, porque tuvo origen en un cambio introducido por su propio partido.
