Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de Whatsapp por una cadena que se difunde desde hace meses sobre la supuesta intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de suprimir la asistencia sanitaria católica en los centros hospitalarios.
“El Gobierno maniobra para suprimir en la Sanidad Pública a los capellanes de hospitales”, se puede leer al comienzo de la cadena, también compartida en Facebook. Continúa con la petición de reenviar el texto ya que «morirse sin consuelo espiritual debe ser lo peor que le puede pasar a un cristiano creyente”.
Esa afirmación, sin embargo, se basa en un contexto jurídico erróneo. Como señala la respuesta gubernamental a la iniciativa de Compromís, para suprimir o modificar el convenio que establece el servicio prestado por los capellanes en la sanidad pública «no basta una simple derogación por parte del Gobierno».
Te explicamos aquí cómo se regula la financiación de la asistencia sanitaria religiosa en los hospitales públicos y por qué ha resurgido este debate los últimos meses.
¿Qué dicen los acuerdos entre el Estado español y la Iglesia católica?
La asistencia religiosa en los hospitales es un derecho reconocido desde hace décadas. Ya aparece como uno de los puntos del acuerdo entre el Estado y la Santa Sede de 1979.
En 1985, el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, y el presidente de la Conferencia Episcopal firmaron la orden que desarrolla dicho acuerdo. Se dispone que «el Estado garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los católicos internados en los centros hospitalarios del sector público». De la misma forma, «que en cada centro hospitalario (…) existirá un servicio u organización para prestar la asistencia religiosa católica y atención pastoral a los pacientes católicos del centro» y «locales adecuados, tales como capilla, despacho y lugar para residir o en su caso pernoctar, y de los recursos necesarios para su prestación».
Sobre su financiación, indica que “corresponderá al Estado, a través de la correspondiente dotación presupuestaria, la financiación del servicio de asistencia religiosa católica. El Estado transferirá las cantidades precisas a la Administración sanitaria competente”.
En el tercer anexo, añade: “la obligación financiera relativa al servicio de asistencia religiosa católica seguirá correspondiendo a las Entidades que sean actualmente titulares de los centros hospitalarios públicos. En los centros hospitalarios que sean creados en el futuro por las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y Fundaciones Públicas, la financiación del servicio de asistencia religiosa católica corresponderá a las Entidades fundadoras”.
Una batería de preguntas al Gobierno registradas en enero, el origen del mensaje
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, presentó por escrito a principios de año varias cuestiones relativas al principio de aconfesionalidad del Estado.
Concretamente, dos de ellas se referían a la asistencia católica en hospitales sufragada con dinero público, solicitando conocer la cantidad que se ha destinado a este servicio desde 1986 así como las medidas planteadas por el Ejecutivo para derogar el acuerdo sobre asistencia religiosa en centros sanitarios públicos.
La iniciativa dirigida al Senado trascendió a varios medios de comunicación y portales web con titulares como “España quiere eliminar a los capellanes católicos de los hospitales públicos”, solo unos días después de que Compromís apoyara la investidura de Pedro Sánchez. Fue entonces cuando empezó a circular la cadena de Whatsapp que ha llegado a nuestro servicio de verificación.
[Acuerdo de investidura PSOE – Compromís]
Mulet reaccionó a las críticas con un comunicado en el que aseguraba que con la consulta «no se pretende extender este tipo de asistencia al resto de religiones, sino evitar que cualquier religión se inmiscuya en los centros sanitarios».
“La asistencia religiosa no forma parte de ninguna rama de la medicina moderna», sostenía en el texto enviado a la prensa, ni “forma parte de lo estipulado en artículo 43 en cuanto a los derechos reconocidos a la salud”. El político pidió al Gobierno especificar las medidas planteadas “para evitar las interferencias (pagadas con dinero público) religiosas, mitológicas, mágicas, pseudocientíficas, etc. en los centros hospitalarios públicos, bajo la excusa de asesoramiento ético, moral o religioso”.
Para Compromís, el convenio de 1985 sobre asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios del Instituto Nacional de Salud, «atentaba contra la aconfesionalidad del Estado consagrada en la Constitución».
“Quien tenga vicios que se los pague”
Ese mismo, día el portavoz de la formación política reavivó las críticas al publicar un hilo abordando el tema en su cuenta oficial de Twitter. En respuesta a un usuario, Mulet dijo «quién tenga vicios que se los pague”, adjuntando al mensaje una copia del convenio por el que se regula el pago de salarios por parte de la Generalitat a los sacerdotes católicos que prestan asistencia en los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana.
Al ser preguntado sobre qué medidas se podrían tomar para “reconfortar a la gente que lo pasa mal en los centros sanitarios”, el dirigente de Compromís propone “psicólogos o que lo pague cada religión”. “Si soy protestante, adventista, judío, pastafaris, musulmán o budista no tendré ese servicio que sí tienen los católicos pagados con dinero de todos”, añadía.
Aunque fue eliminado posteriormente, las redes sociales y varias publicaciones se hicieron eco tanto del mensaje en Twitter como del comunicado. Por su parte, tras la polémica generada, la formación política remitió una segunda nota aclaratoria a ABC el día 10 en la que tildaba de «exageradas» y que «no se ajustan a la realidad» las publicaciones de los días anteriores.
Señalaban que «en ningún momento se pide expulsar a nadie de los centros sanitarios, son preguntas para que se explique el coste de dinero público de esta asistencia, y para que se expliquen medidas futuras acordes a la aconfesionalidad del Estado». Según Compromís, «los titulares gruesos y polémicas alimentadas nada tienen que ver con el texto de las preguntas formuladas».
Es competencia de las comunidades autónomas desde 2002
Mulet argumentaba en su comunicado que aunque el INSALUD desapareció en 2002 «con la transferencia de la competencia sanitaria a cada una de las comunidades autónomas”, el convenio con la Iglesia católica “sirvió de justificación para transferir también este privilegio religioso».
Como indicó el Gobierno en su respuesta del 12 de marzo, “al residir en las comunidades autónomas las competencias referidas a la organización y gestión de las asistencia sanitaria en su territorio, a ellas corresponde, por tanto, la organización de sus servicios de salud y el establecimiento de los convenios que estimen oportunos para garantizar la asistencia religiosa católica en los centros sanitarios integrados en la red sanitaria pública que les compete”.
En la práctica, esto significa que es cada ejecutivo autonómico (a excepción de Ceuta y Melilla), y no el Gobierno, quien asume la cantidad destinada a sufragar este servicio según los convenios de colaboración con cada una de las diócesis. Con ello se paga el salario de los sacerdotes, el mantenimiento de las capillas o el material.
El ratio de sacerdotes por hospital en Madrid hace resurgir la polémica
En pleno debate por la situación del sistema sanitario, el reparto de competencias en esta materia volvió a poner en el foco la asistencia religiosa después de que se publicara en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el nuevo Convenio con la Provincia Eclesiástica en los centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud. Un diputado autonómico de Más Madrid tuiteó entonces: «Ayuso asigna un cura por cada 100 camas de hospital».
El texto refleja cuántos capellanes debe haber según el número de camas, uno por cada 100. Una ratio que viene fijada por el acuerdo de 1985 y que coincide con lo estipulado en el convenio actual, aunque no con el anterior del año 2008. Este último, como se puede ver en la imagen, establecía en su tercer anexo un capellán a tiempo completo y otro a tiempo parcial por cada 250 camas de hospital.
El Gobierno no puede eliminar los capellanes de los hospitales con una ley ordinaria
Mostrando su disconformidad con la respuesta del ejecutivo de Pedro Sánchez, en el mes de mayo Mulet reiteró la petición de suprimir los Acuerdos con la Santa Sede. Debido a su naturaleza jurídica internacional, dichos acuerdos no pueden modificarse o suspenderse siguiendo los trámites legislativos ordinarios. Según el artículo 96 de la Constitución Española, “sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional” y precisa de previa autorización de las Cortes Generales.
Por tanto, “no basta una simple derogación por parte del Gobierno”, como recoge la contestación del 13 de julio, añadiendo que “la modificación de los Acuerdos con la Iglesia Católica tiene un carácter bilateral, sin perjuicio de que el Estado pueda acometer desarrollos legales dentro del marco previsto en los mismos”.
Un “espacio de diálogo” para actualizar el marco de las relaciones con la Iglesia
En el mes de septiembre, volvió a circular el mensaje en Facebook y Whatsapp. El día 10, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales respondía de nuevo a la consulta planteada por el portavoz de Compromís.
Según el documento, en una reunión el 24 de junio entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, “se acordó establecer una agenda amplia de trabajo para avanzar en un modelo que permita la colaboración y la resolución de las posibles discrepancias”. En ese sentido, se abordarían asuntos como “la fiscalidad de la iglesia, la protección a la infancia, las inmatriculaciones o la reforma del marco normativo de la Educación”.
“En septiembre se reunirán los primeros grupos de trabajo sobre fiscalidad y bienes inmatriculados”, señalaban entonces, con el objetivo de “abrir un espacio de diálogo con la Iglesia Católica que permita actualizar el marco de sus relaciones”.
En Newtral.es hemos preguntado a la Vicepresidencia Primera del Gobierno si en ese diálogo para la actualización de las relaciones con la Iglesia, está sobre la mesa la posibilidad de suprimir la asistencia religiosa en hospitales financiada por el Estado a través de las autonomías. Desde el gabinete de prensa, remiten a la respuesta parlamentaria alegando que la información que pueden facilitar es la que figura en la misma.
Fuentes:
- Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos (3 de enero de 1979)
- Orden de 20 de diciembre de 1985 sobre Asistencia Religiosa Católica en Centros Hospitalarios Públicos
- Pregunta escrita al Senado (8 de enero de 2020)
- Respuesta del Gobierno (13 de julio de 2020)
- Respuesta del Gobierno (10 de septiembre 2020)
- BOCM (22 de julio de 2020)
- Artículo 96 de la Constitución Española
- Perfil de Twitter de Carles Mulet
- Compromís pregunta al Gobierno qué medidas tomará para que no haya capellanes en los hospitales públicos (Europa Press)
- Compromís pregunta al Gobierno qué medidas tomará para que no haya capellanes en los hospitales públicos (ABC)
esta gente de extrema izquierda pregona mucha libertad, pero lo que en realidad quiere es crear un mundo, o una sociedad a su medida, sin tener en cuenta la variedad de opiniones de aquellas personas que no les votan, y las que les votan; me fio mas de lo que me diga un sacerdote sincero y sacrificado que un político presuntuoso y adinerado
que gilipollez más gorda has dicho...
Tiempo de Rojos...hambre y piojos.
Franco descansará mejor con l@s de su catadura.
Franco descansará mejor con los de su catadura.
El acuerdo de la Santa sede con el gobierno no es ninguna garantía.
Estamos viendo gobernar a decreta os, que van contra los derechos constitucionales de los españoles y de los católicos.
Se saltaron los acuerdos de inviolabilidad de un templo, Basílica, católica y profanar on una tumba.
Quitarán a los sacerdotes de los hospitales, de los colegios y de todas las instituciones si no les acemos frente y lo denunciamos.