Pacta sunt servanda. O dicho en español: lo pactado, obliga. El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, suele recurrir a esta expresión latina cuando se le pregunta por el contenido del acuerdo de coalición firmado con el PSOE.
El documento contiene casi 50 páginas de compromisos a los que llegaron los socios del Ejecutivo tras renunciar a parte de sus propios programas electorales. Pero PSOE y Unidas Podemos no solo sellaron ese acuerdo hace un año. También, firmaron un pacto para asegurarse de que cumplían el primero y solventar las desavenencias que pudieran surgir entre unos y otros.
Este protocolo adicional fija unas pautas básicas de comportamiento y crea dos comisiones de seguimiento: una a nivel gubernamental y otra sobre la actividad de sus grupos en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo. Lo que no establece, sin embargo, es una periodicidad fija para sus reuniones ni las consecuencias que tendría incumplir del acuerdo.
Un año después, el balance es el siguiente: tres encuentros de la comisión de seguimiento del pacto de coalición, uno de la centrada en la actividad parlamentaria y unos cuantos quebrantamientos de lo firmado. Dicho en latín: pacta non sunt servanda.
La enmienda antidesahucios en los Presupuestos de 2021
El incumplimiento que más repercusión generó fue la enmienda que Unidas Podemos -socio de la coalición- presentó junto con ERC y EH Bildu a las cuentas de 2021 sobre la paralización de los desahucios para quienes no tuvieran alternativa habitacional.
Se trató de un movimiento del que algunos ministros, como José Luis Ábalos, dicen que se enteraron por la prensa y que choca frontalmente con el documento firmado por PSOE y Unidas Podemos. En concreto, supone lo contrario a lo establecido en el punto 9.F: “En relación con los Presupuestos Generales del Estado y con el fin de facilitar su aprobación, los grupos parlamentarios no podrán presentar enmiendas sin el acuerdo previo sobre las mismas”.
La Comisión de Presupuestos rechazó en el Congreso la enmienda y los morados terminaron retirando la iniciativa, pero solo tras arrancar el compromiso al PSOE de que se aprobaría la medida por otra vía. La promesa se materializó el 22 de diciembre, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto ley que extendía “hasta la finalización del estado de alarma la posibilidad de suspensión del procedimiento de desahucio” para personas vulnerables que no tuvieran otro lugar donde vivir.
La discreción sobre las negociaciones dentro del Gobierno
Sin embargo, si hay un punto que han incumplido ambas formaciones casi de forma sistemática es el que atañe a “la máxima discreción” que deberían guardar sobre “las negociaciones y acuerdos que se produzcan en el seno del Gobierno”.
Desde el principio han sido constantes las filtraciones de uno y otro lado respecto a su socio. De hecho, todavía resuenan los reproches que el Ministerio de Justicia (PSOE) hizo al de Igualdad (Unidas Podemos) sobre la redacción del anteproyecto de ley de libertades sexuales o cómo, recientemente, se airearon los tira y afloja entre la vicepresidencia segunda (Unidas Podemos) y la cuarta (PSOE) a costa de los cortes de suministros básicos.
Incluso, en ciertos casos, los dirigentes no han querido ni recurrir a las filtraciones y directamente han criticado en público a sus compañeros de coalición. Ejemplos no faltan. Pablo Iglesias y José Luis Escrivá han chocado muchas veces por la gestión del Ingreso Mínimo Vital o la propuesta para reformar las pensiones. Nadia Calviño y Yolanda Díaz se han contradicho por la derogación de las reforma laboral, igual que Carmen Calvo e Irene Montero en relación a la ya mencionada ley de libertad sexual.
La “estrategia de comunicación conjunta”
El contraste entre esta realidad y lo firmado en el papel es notorio, sobre todo si uno avanza en la lectura del documento y comprueba que, al principio de la legislatura, los miembros del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos acordaron realizar una “estrategia de comunicación coordinada y compartida”.
Como en el anterior caso, no hace falta irse muy atrás en el tiempo para encontrar alguna discordancias entre las formaciones de la coalición en este ámbito. Se contempla estos días con las diferentes posturas que socialistas y morados han adoptado ante la subida del precio de la luz, a pesar de que cuando era Rajoy quien estaba en la Moncloa ambos coincidían en sus críticas al Ejecutivo.
En esta ocasión, no obstante, el PSOE ha optado por aludir a las medidas ya tomadas por el Consejo de Ministros mientras que en Unidas Podemos han reclamado que se afronte ya la reforma del sistema eléctrico acordado en el pacto de coalición.
Mayor entendimiento en el Congreso
Superadas las discusiones previas en la Moncloa, la coordinación en la Cámara baja de los socios de Gobierno parece mayor que la del Consejo de Ministros. La materialización de los acuerdos que este adopta dependen muchas veces del beneplácito de un Congreso de los Diputados muy fragmentado donde para cada votación hace falta un máster en ingeniería política en el que socialistas y morados parecen haberse graduado.
Lo confirman fuentes parlamentarias de la coalición, que aseguran que el trabajo diario entre los dos grupos funciona y señalan como prueba todas las iniciativas parlamentarias que han salido adelante con el apoyo en bloque de PSOE y Unidas Podemos: los Presupuestos de 2021, la Ley Celaá o la norma que regula la eutanasia, entre otras.
Detrás de todo ello sitúan la buena relación y la “interlocución continua” que hay entre la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, y su homólogo en Unidas Podemos, Pablo Echenique; causa que también señalan para justificar que la comisión de seguimiento parlamentario solo se haya reunido una vez en todo este tiempo.
La Corona, uno de los mayores puntos de fricción
El rey emérito, las informaciones que se han publicado sobre supuestas irregularidades por su parte y el papel de la Casa Real en todo ello ha sido, sin duda, el principal punto de fricción entre los socios de Gobierno en su primer año en la Moncloa.
De hecho, ha sido de las pocas cuestiones en las que PSOE y Unidas Podemos han votado de forma diferente en el Congreso de los Diputados. En este primer año de legislatura, los socialistas siempre se han mostrado en contra de investigar la figura de Juan Carlos mientras que los morados han sido -por ahora sin éxito- uno de los principales impulsores para que se constituyera una comisión parlamentaria con este fin.
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